Foto referencial: Andina

Una investigación del programa Panorama reveló un nuevo caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en pleno centro de Lima, donde un clan familiar se dedicaba a comercializar especies protegidas. Las cámaras del medio registraron cómo los animales eran trasladados en pésimas condiciones, dentro de bolsas de rafia y cajas de cartón, sin agua ni oxigenación. 

Monos, tortugas y loros se ofrecían como mascotas, cerca a la sede principal del Ministerio Público, lo que refleja la impunidad con la que operaba esta organización. En el mercado clandestino, estos animales eran vendidos por precios que alcanzaban los mil soles.

Walter Huayllani, juez penal especializado de Lima, explicó a Panamericana Televisión la gravedad de las condiciones en las que eran mantenidos los animales. “Muchas veces creemos que las condiciones que nosotros podemos darles a estos animales son las mejores para ellos cuando no es así. Es un acto de crueldad”, sostuvo.

Durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y agentes de serenazgo, los cuatro implicados fueron sorprendidos mientras intentaban vender un mono fraile (Saimiri sciureus) y dos tortugas terrestres a un comprador señuelo. Tres de ellos lograron escapar, mientras que uno fue capturado. El detenido intentó negar los hechos; sin embargo, las cámaras ya habían registrado la venta ilícita, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades para que responda ante las investigaciones por delitos contra la biodiversidad.

Durante la detención, Mariela Falla, gerente de seguridad ciudadana y fiscalización, afirmó que el tráfico de estas especies configura un delito. “Ya estamos haciendo la denuncia correspondiente en la comisaría de San Andrés”, agregó. 

Según el artículo 308° del Código Penal, todo aquel que adquiere, vende, transporta, almacena, importa o exporta productos o especímenes de especies de fauna silvestre sin autorización válida será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa. 

Huayllani precisó que, aunque la pena puede parecer mínima, estos actos forman parte de cadenas delictivas que podrían ser procesadas como crimen organizado, lo que elevaría la sanción a entre 8 y 10 años de prisión.