El 15 de enero de 2022, cerca de 12 mil barriles de petróleo fueron vertidos en el mar de Ventanilla, un hecho catalogado como uno de los mayores desastres ambientales del país. El hecho ocurrió debido a las actividades realizadas por la Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol.

El desastre ambiental contaminó el mar y las playas, desde El Callao hasta la provincia de Huaral, afectando no solo la biodiversidad, sino también la economía de miles de personas, especialmente pescadores y comerciantes. El impacto del petróleo también impactó a dos áreas naturales protegidas.

A cuatro años de este desastre, pescadores artesanales de cinco distritos del litoral norte de Lima y Callao denunciaron que el mar y las playas continúan contaminados, sin una remediación efectiva por parte de la empresa Repsol, ni una respuesta integral del Estado peruano.

En conferencia de prensa, los pescadores presentaron los hallazgos de una reciente visita de campo realizada en la playa Cavero de Ventanilla. Según el estudio, realizado en diciembre pasado, aún existen restos de hidrocarburos tanto en la superficie como en capas profundas de la arena. Asimismo, identificaron acumulaciones visibles de “bolas y tortas de alquitrán” en distintos sectores de la playa, así como indicios visuales que indicarían la existencia de restos de petróleo enterrados entre los 20 y 70 centímetros de profundidad.

El biólogo Stefan Austermühle explicó que los resultados evidencian deficiencias en los planes de rehabilitación presentados por la empresa. Según el investigador, las metodologías de muestreo utilizadas por Repsol no se ajustan a los estándares científicos internacionales, ya que se toman muestras únicamente en capas donde es previsible que no se encontrará contaminación. Además, advirtió que el petróleo enterrado constituye una “bomba de tiempo ambiental”, capaz de reaparecer con el movimiento natural de las mareas y seguir afectando a los ecosistemas por décadas.

El biólogo alertó sobre los riesgos para la biodiversidad y la salud humana. Indicó que las bolas de alquitrán liberan compuestos tóxicos de forma persistente, que ingresan a la cadena alimenticia y pueden generar efectos subletales en fauna marina y aves costeras. De acuerdo con estándares internacionales, añadió, algunas zonas evaluadas superan ampliamente los niveles de contaminación aceptables para playas de uso público, por lo que deberían ser cerradas y sometidas a procesos inmediatos de limpieza.

Exigen reparar daños

Luis Díaz, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, afirmó que el daño ocasionado por el derrame no ha sido reparado ni ambiental ni socialmente. Poro esta razón, cientos de familias siguen sin poder retomar la pesca artesanal, su principal fuente de sustento.

Díaz informó que la federación ha presentado una demanda constitucional de amparo, mediante la cual solicitan la nulidad de los acuerdos firmados con la empresa, al considerar que vulneran derechos fundamentales y el interés público. Asimismo, cuestionó que los llamados planes de rehabilitación hayan sido elaborados de manera fragmentada y sin una participación real de las organizaciones representativas, limitándose a comunicaciones formales que no garantizan un proceso transparente ni inclusivo.

Mercedes Yovera, vicepresidenta de la federación, sostuvo que las playas de los cinco distritos afectados no se encuentran en condiciones aptas para la pesca ni para el uso público, pese a lo afirmado por la empresa. Indicó que existen zonas de difícil acceso donde la contaminación persiste con mayor intensidad y que el petróleo acabó enterrado bajo la arena.

Yovera también afirmó que el derrame afectó de manera diferenciada a las mujeres vinculadas a la pesca artesanal, muchas de las cuales asumieron mayores cargas económicas y familiares tras la paralización de la actividad. Añadió que, hasta la fecha, no se ha evaluado adecuadamente el impacto psicológico y sanitario que el desastre ha tenido en las comunidades costeras, ni en los trabajadores que participaron en las labores iniciales de limpieza sin la protección adecuada.

Por su parte, Daniel Cabeduque, secretario de la federación, advirtió que más allá de las playas, el daño más grave se evidencia en la desaparición de especies marinas clave para la pesca artesanal. Señaló que zonas tradicionalmente reproductivas han perdido su capacidad de recuperación y que especies como el pejerrey o el calamar ya no retornan a estos espacios, afectando de manera directa la seguridad alimentaria y la economía local.

Finalmente, Alejandro Chirinos, coordinador del Programa de Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, recordó que ninguno de los planes de rehabilitación presentados por Repsol ha sido aprobado por las autoridades ambientales, debido a más de 600 observaciones técnicas que no han sido debidamente levantadas. Indicó que, a cuatro años del derrame, no existe un proceso efectivo de remediación en marcha y que el Estado no ha asumido un rol articulador que garantice la recuperación integral del ecosistema marino-costero y la restitución de los derechos de las poblaciones afectadas.

Los pescadores reiteraron su exigencia de una compensación justa y de la implementación de medidas reales y verificables de remediación ambiental. Advirtieron que, mientras persista la contaminación, continuará la incertidumbre y la exclusión de miles de familias que dependen del mar para vivir.

 

Mira el video de la visita de campo a la playa Cavero: