¿Por qué la Defensoría y el Gobierno tienen visiones distintas de la conflictividad en el Perú?

Foto: Agencia Andina

En su último reporte sobre la conflictividad en el país, la Defensoría del Pueblo informó sobre el registro de 204 conflictos sociales (140 activos y 64 latentes) en el mes de marzo, un número superior al que hace poco brindó el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Javier Fernández-Concha, quien afirmó que en el Perú solo existían 5 conflictos.

Como se recuerda, el Viceministerio de Gobernanza Territorial -creado el mes de marzo- tendrá entre sus principales tareas el monitoreo y solución de los conflictos sociales en el país, además de atender los temas de descentralización y organización territorial.

En una entrevista (El Comercio 07/04/2017), Fernández-Concha hizo un balance de cómo se había afrontado la conflictividad en el país y afirmó que era necesaria una nueva estrategia, ya que la anterior estaba “desgastada”. Asimismo, aseguró que “en el país existen 5 conflictos sociales y no los 217 que dice la Defensoría del Pueblo”.

Sin embargo, hoy la Defensoría reafirmó que sí existen más de 200 conflictos y Áncash lidera la lista con la mayor cantidad de casos (26 conflictos), sigue Apurímac (21 casos) y Puno (18 casos). Respecto al tipo, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (68,1%), y de estos el sector minero registra el mayor número (66,2%).

¿Por qué la diferencia entre la PCM y la Defensoría?

Los diferentes números que presentan la PCM y la Defensoría, se deberían a la metodología que cada organismo usa para detectar y reportar un conflicto social. Esta diferencia se ha resaltado desde años anteriores. Por ejemplo, en el 2013, la propia Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) afirmó que la cantidad era menor porque solo registraban aquellos conflictos cuya atención eran competencia de la PCM.

La ONDS también consideraba que un conflicto se inicia con una amenaza a la gobernabilidad o el orden público (cuando se registraba un hecho de violencia), idea que nunca fue compartida por la Defensoría, ya que los conflictos también pueden presentarse de manera pacífica y, por ende, debían también ser atendidos.

En cambio, Fernández-Concha considera que “el conflicto se da cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis”.

Criterios iban a unificarse

En octubre de 2016, al ser nombrado como nuevo jefe de la ONDS, Ronaldo Luque anunció que la Defensoría y la PCM iban a unificar criterios, labores y estrategias en los casos relacionados a conflictos sociales.

“Hubo un momento en que la PCM competía con la Defensoría del Pueblo, procuraba no reconocer sus cifras y en parte su trabajo, creo que eso debe terminar. […] Por ello, creemos que debe haber un acuerdo con la Defensoría en este tema, determinarlo”, afirmó Luque cuando ya era el nuevo titular de la ONDS.

Sin embargo, al poco tiempo de crearse el Viceministerio de Gobernanza Territorial, la ONDS que respondía directamente al presidente de Consejo de Ministros, pasó a responder al nuevo organismo que tenía una visión diferente de los conflictos, como bien lo ha demostrado Fernández-Concha. Esta situación habría ocasionado la renuncia de Luque, aunque no fue confirmada de manera oficial.

“Lo que estamos implementando es una metodología distinta. Si tuviéramos 217 conflictos, como dicen algunas instituciones, el país estaría paralizado. Creo que primero hay que identificar realmente qué es una crisis en un conflicto, qué cosa es una tensión y qué es un preconflicto”, señaló Javier Fernández-Concha en su primera entrevista pública.

DATO:

Para conocer la metogología usada por la Defensoría del Pueblo y los conceptos que usa para el registro y monitoreo de conflictos, ingresar aquí.



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