La Defensoría del Pueblo informó que entre marzo del 2011 y 2012, los conflictos socioambientales aumentaron de 93 a 117 casos, de los cuales 63 se encuentran en proceso de diálogo, con el fin de que “sean resueltos a tiempo y no se originen pérdidas de vidas humanas, afectaciones a la integridad física, la seguridad y tranquilidad de las personas”.

De acuerdo al último reporte de la institución, los departamentos que registran el mayor número de conflictos, caracterizados por ser los más frecuentes y más complejos de abordar, son Áncash, Puno, Cajamarca y Cusco.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, señaló que se requiere fortalecer la capacidad en el análisis y los procesos de diálogo, así como tomar medidas para avanzar en temas como la gestión, evaluación y fiscalización ambiental.

Vega agregó que se necesita poner atención en la elaboración y aprobación de los estudios de impacto ambiental, así como debatir y aprobar una ley marco de ordenamiento territorial y preparar al Estado para una adecuada aplicación de la ley del derecho de consulta previa.

La Defensoría también hizo un llamado a las autoridades para prestar atención a cincos casos especiales, como el de la Comunidad Nativa Kakinte (Cusco) y el plan de ampliación de la empresa REPSOL en el lote 57, 56 y 88, el cual afectaría a territorios reservados de los pueblos Machiguenga y Asháninka.

Otro caso es el de los pobladores de las provincias de Junín y Pasco, quienes demandan la descontaminación del lago Chinchaycocha, así como compensaciones por afectación a su territorio comunal e impactos ambientales generados por actividades Mineras e Hidroenergéticas.

También se encuentra el caso Chumbivilcas (Cusco), donde pobladores de Llusco y Quiñota demandan el retiro de la empresa minera Anabi por incumplimiento de compromisos asumidos y por posibles afectaciones ambientales.

En el caso Sechura (Piura), pescadores y frentes de defensa rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú en la Bahía de Sechura, señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva.

Finalmente, se encuentra el conflicto generado por el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Los pobladores de las provincias afectadas, de Puno y Cusco, se oponen a la obra porque afectaría la biodiversidad, inundaría parte de la Carretera Interoceánica y los obligaría a desplazarse de la zona.
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Foto: Servindi