En entrevista con Actualidad Ambiental TV, el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo señaló que el proceso de Consulta Previa no tiene como fin detener las inversiones nacionales o extranjeras, como lo han sostenido algunos críticos, sino todo lo contrario.

“Lo que busca la consulta es generar un clima de paz social. Si está bien hecha, lo que va a generar más bien es un fomento de las inversiones o por lo menos una situación de estabilidad de los proyectos”, dijo el funcionario.

“Nadie puede decir que la Consulta Previa detendrá la inversión porque no ha habido hasta el día de hoy un proceso de consulta, por lo tanto no se puede decir que esté impidiendo o limitando la inversión que existe en nuestro país”, agregó Sánchez.

Para el especialista, la Consulta Previa es “la oportunidad histórica del Estado de poder facilitar a las poblaciones indígenas un desarrollo y una participación en su propio desarrollo. Por primera vez en su historia, los pueblos indígenas van a poder tener la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones que directamente los involucra”.

Por ello, considera que debe haber un cambio de paradigma por parte del Estado que a lo largo de la historia ha tenido “una relación distante con estos pueblos”.

RECOBRAR CONFIANZA

Daniel Sánchez también consideró que el Estado debe recuperar la confianza de las poblaciones indígenas para implementar este proceso en las inversiones. “La desconfianza se va a eliminar a partir de la propia dinámica de los procesos que se pongan en marcha. Somos conscientes que en la propia implementación los funcionarios van a aprender, así como los representantes indígenas, cuál es la finalidad del proceso de consulta”, indicó.

Sobre la base de datos de pueblos indígenas, señaló que la Defensoría del Pueblo aún no ha tenido acceso a dicho documento porque no es público. También dijo que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Cultura no han consultado a la Defensoría sobre la elaboración de esta base de datos que, según indicó, debe ser “conocida, dialogada y presentada públicamente para que pueda ser sujeta a la revisión correspondiente”.

Finalmente, reafirmó la posición de la Defensoría sobre el caso de Cañaris. Sánchez dijo que en este caso sí debe haber un proceso de consulta porque la población cumple con los requisitos del Convenio 169 de la OIT para ser denominado pueblo indígena.