Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

A principios de julio de 2025, un informe de Human Rights Watch hizo un recuento de cómo el Congreso peruano estaría debilitando la lucha contra el crimen organizado, además de socavar la independencia judicial, la acción de los fiscales y la protección del ambiente.

En Legislar para la impunidad. Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado, la organización detalla que el Congreso ha obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones claves y revertido avances relacionados a la protección ambiental.

El informe fue elaborado a través de 125 entrevistas hechas entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Entre los participantes de este estudio figuran fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales. 

Las entrevistas se realizaron en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo. Human Rights Watch también analizó 34 leyes y decisiones legislativas, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023. 

Conversamos con Ruth Luque, congresista y expresidenta de la Comisión de Pueblos, Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 2023-2024, sobre el mencionado informe y otros temas relacionados al trabajo del Congreso.  

Según el informe de Human Rights Watch, el Congreso está perjudicando el país, sobre todo en temas como seguridad ciudadana, derechos humanos y ambiente. ¿Cómo recibe esta noticia?

Lo confirmo. Confirmo que hay una mayoría parlamentaria muy decidida a deteriorar la democracia porque genera leyes en pro de la delincuencia y a favorecer organizaciones criminales que muchas veces actúan en territorios de pueblos indígenas, y eso también afecta el ambiente.

Estamos atravesando una coyuntura donde salen varios congresistas como voceros de la informalidad o la ilegalidad, cuando más bien tendríamos que legislar para evitar que las economías ilícitas crezcan y sigan arrebatando vidas. Y en todo este debate no están los pueblos indígenas, no los escuchan, no hacen la consulta previa pese a que muchas de estas normas antiambiente perjudican sus territorios. El Congreso de la República y el Gobierno han decidido prescindir de ellos como si no fueran actores, como si no fueran representativos.

¿Por qué cree que el Congreso no tiene como prioridad los temas ambientales o indígenas? ¿No los conoce o simplemente le importan más otros temas?

Hay desconocimiento de algún sector que no sabe mucho los derechos de las poblaciones y demás, pero tampoco le interesa conocer. Si uno no conoce, se informa y escucha, pero eso no existe en la mayoría parlamentaria que aprueba estas leyes. Sin embargo, también hay otro sector que sí sabe de estos temas, sabe que los pueblos indígenas tienen derechos, pero los niegan. 

Entonces, muchas de las decisiones tienen una mirada más pragmática para asegurar una economía de las altas esferas. Sin embargo, algunas decisiones fortalecen la presencia de organizaciones criminales, como la minería ilegal, o la deforestación. 

En su experiencia como presidenta de la Comisión de Pueblos, por ejemplo, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ha tenido para legislar a favor del ambiente?

Lo que más he enfrentado es que muchas iniciativas legislativas que tienen que ver con el trabajo directo de la Comisión de Pueblos, Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, no pasaban por este grupo que yo presidía, se saltaban a otras comisiones.  

Por ejemplo, había proyectos de ley sobre residuos sólidos que tenían como prioridad la Comisión de Descentralización. Había también propuestas sobre áreas de conservación privada, y la primera en recibir la propuesta era la Comisión de Economía. Entonces, mi periodo se ha basado en resaltar que la comisión existe, que tiene un nivel de especialización, que debe tener una opinión principal. 

En mi periodo también presentamos una iniciativa legislativa para crear la Comisión de Ambiente, y quitarle esa palabra a la Comisión de Pueblos. Entonces, le falta empoderamiento a esta comisión y eso depende obviamente de los mismos congresistas y del mismo presidente del Congreso. 

En la discusión sobre el Reinfo o la Ley Mape, o del proyecto de ley que propone extraer hidrocarburos de parques nacionales, no se menciona mucho o casi nada a la Comisión de Pueblos…

La Comisión de Pueblos debió haber sido la segunda comisión en todas las iniciativas, porque el debate central, en esta Ley MAPE, es el tema ambiental, y no se trata solamente de que los pequeños mineros tengan autorización. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, si quería hacer las cosas bien, pudo haber pedido la opinión a la Comisión de Pueblos, pero no lo hizo. ¿Qué hicimos al respecto? Generar otro espacio con especialistas y alcanzar por escrito más de 17 observaciones de fondo.

Otros temas que tienen que ver con el Legislativo es la ratificación del Acuerdo de Escazú y el Tratado de Altamar. Sin embargo, en ambos casos, algunos congresistas alzaron la voz para decir que esto atentaría contra la soberanía. ¿Qué opina al respecto?

Pareciera que de verdad no conocen estos temas, o tal vez sí, pero no les interesa ratificarlos. Sobre Escazú, hay una campaña que demuestra ignorancia pura. Seguramente muchos de los que hablan están en contra, pero ni siquiera han leído lo que dice el acuerdo, y no saben las bondades que puede tener para un país donde se asesina a líderes indígenas por defender el ambiente. En el caso de Perú, el Acuerdo de Escazú sería una herramienta útil porque el mecanismo intersectorial de protección de defensores que tenemos es limitado, sin mucho presupuesto. 

¿Qué piensa sobre la aprobación de la norma que modifica la Ley APCI?

Sobre esta norma, hay que recordar que el texto que se aprobó en el Pleno no es el mismo que se votó. Ningún parlamentario pidió que se incluyera el negar el derecho a la defensa cuando el Estado se ve atacado. Nadie lo dijo públicamente, ni por escrito. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde vino esto? 

Hay que recordar que, en el caso de la Ley APCI, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que esa es una norma que puede perjudicar el acceso a la justicia.

Respecto a que no se pueden usar los fondos del extranjero para defender a la ciudadanía ante el Estado peruano, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? 

A mí me parece bien la acción de inconstitucionalidad, y las demandas de amparo. Si no me equivoco, ya han presentado varias. Me parece que esa es una medida adecuada. Desde el Congreso, pudimos haber generado también una acción de inconstitucionalidad, pero no alcanzan las firmas, se requieren 33. Además, hay que considerar que estamos ante un Tribunal Constitucional que le devuelve, a través de sus decisiones, los votos a la mayoría parlamentaria. 

Se viene un nuevo proceso electoral donde la seguridad y la economía seguramente serán los temas principales. ¿Cree que el tema ambiental está lejos de ser prioritario?

Yo sí creo que tiene que ser importante una agenda ambiental, porque estamos en un contexto mundial donde vamos a tener menos agua, donde hay países que están discutiendo y entrando a discusiones de fondo sobre transición energética, pero nuestro país opta solo por buscar nuevos lotes para seguir explotando hidrocarburos. La única lógica es extractivista pura, y ese extractivismo puede durar 15 o 20 años más, y luego se van a agotar los recursos. Entonces, para mí ese es un tema ineludible que tendría que aparecer en los programas de cualquier partido que quiera llegar al poder. 

Otro tema fundamental es la Amazonía. Los pueblos indígenas tienen que empezar a emplazar a todos los partidos políticos y preguntarles cuál es el lugar que la Amazonia ocupa en las políticas de gobierno. Tiene que ser una Amazonía donde el Estado no siga contando asesinatos y amenazas, derrames de petróleo, deforestación, narcotráfico, entre otros delitos.