La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, cuestionada recientemente por presentar un proyecto de ley relacionado al control de medios y además porque fue denunciada por extorsión, presentó otra polémica iniciativa parlamentaria, la cual beneficiaría a los mineros ilegales.

El proyecto de ley presentado por Aramayo (1095-2016), busca que el delito de minería ilegal sea excluido del marco de la ley de crimen organizado. Como se recuerda, dicho delito fue incorporado a la Ley 30077 (Ley de crimen organizado como) en octubre de 2016, mediante decreto legislativo 1244, con el fin de fortalecer la lucha contrala minería que destruye nuestra biodiversidad y trae consigo flagelos como la trata de personas, prostitución, robos, asesinatos, entre otros.

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En la exposición de motivos, Aramayo señala que la incorporación de la minería ilegal a los delitos de crimen organizado “no resolverá la situación en la medida que no se acceda a un real proceso de formalización”, por lo cual “se propone regresar las cosas a su estado anterior”.

En conversación con El Comercio, el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pedro Solano, coinciden en que la propuesta confunde criterios, debido a que la formalización minera involucra solo a mineros informales, mientras que el enfoque de crimen organizado se planteó para combatir todos los delitos de la minería ilegal.

Asimismo, el exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Gabriel Quijandría, opinó que no existe ninguna justificación para anular la inclusión del delito de minería ilegal como crimen organizado.

«Lo que lograrían es impedir que la acción del gobierno actúe contra ese eslabón intermedio, que son los financistas y quienes tienen el poder económico para hacer posible que este negocio ilícito continúe», declaró Quijandría.