• Congresista Jorge Morante realizó audiencia pública en Iquitos donde presentó proyecto de ley para modificar la Ley PIACI, el cual perjudicaría a las poblaciones más vulnerables del país.

El pasado 23 de enero, el congresista fujimorista Jorge Morante realizó una audiencia pública en Iquitos para presentar el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el cual propone modificar la ley que protege a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, más conocida como “Ley PIACI”.

Este proyecto que ha sido rechazado por organizaciones indígenas, el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Defensoría del Pueblo, se apoya en información que afirma que “no existen PIACI en Loreto” o que las reservas indígenas “estarían comprometiendo grandes áreas del territorio de la región sin que exista información necesaria (que verifique la existencia de PIACI)”. Estos argumentos fueron expuestos por el congresista Morante, así como por algunos ponentes en el evento.

Respecto a estas afirmaciones, Miguel Manihuari, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), manifestó que “es absurdo no reconocer que existen PIACI en Loreto, nuestros hermanos no contactados existen y viven en las reservas ya aprobadas” y agrega que hay estudios aprobados sobre este tema.

Evidencias de PIACI

Según la Ley PIACI, el establecimiento de las reservas se basa en investigaciones científicas que recogen evidencia para demostrar la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, y a partir de ello se plantea la necesidad de protegerlos.

“Para determinar la existencia de los PIACI y luego reconocer una reserva indígena, hacen falta dos estudios. Entonces, evidencia tiene que haber. Necesitas el estudio previo de reconocimiento del pueblo y luego el estudio adicional de categorización de la reserva”, explica Melissa Sánchez, especialista legal del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Lo explicado por la abogada de la SPDA se corrobora en el artículo 3 de la Ley 28736 -conocida como Ley PIACI-, la cual indica que, para el reconocimiento de un PIACI, una Comisión Multisectorial conformada por representantes de distintos sectores, entre ellos los gobiernos regionales y locales, debe aprobar un estudio con “medios probatorios de la existencia del grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o contacto inicial, su identificación, así como la indicación de la magnitud de su población y las tierras en las que habita”.

El dirigente indígena de Orpio, Miguel Manihuari, recuerda que durante su participación en el recojo de información en el Napo, durante los estudios para la categorización de la RI Napo Tigre, viajó a dicha zona entre el 2003 y 2004 y vio algunos de los indicios de la existencia de indígenas aislados, como “trochas y flechas usadas”.

Para el establecimiento de una reserva, el mismo artículo precisa que es necesario un estudio adicional al anterior. “Por ejemplo, el estudio previo de reconocimiento lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es un análisis antropológico con evidencias que permitan determinar que existe el pueblo. Y estas pruebas son evaluadas por toda la comisión multisectorial, no solo por el Mincul”, agrega Sánchez, especialista de la SPDA.

Falsedades e imprecisiones

En la audiencia pública, el congresista Morante cuestionó las intenciones de las organizaciones indígenas al solicitar la protección de sus hermanos indígenas en situación de aislamiento, asegurando que el interés de Orpio detrás del establecimiento de estas áreas es obtener dinero por los bonos de carbono.

“¿Y quien se va a quedar con la plata de los bonos de carbono? Porque, según ellos [Orpio], como los PIACI no pueden hablar porque están aislados, ellos hablan en su representación. Supongo que como los PIACI tampoco tienen cuenta bancaria ni billetera, también se van a quedar ellos con la platita de los bonos de carbono”, afirmó.

Este argumento no es nuevo y ya ha sido desmentido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que, en un reciente comunicado, recalca que como organización indígena no tienen titularidad sobre los territorios PIACI reconocidos, por lo que no reciben ningún beneficio que se desprenda de la creación de las reservas indígenas, pues según la misma normativa son los pueblos aislados “los únicos beneficiaros de las mismas”.

De esta manera, la organización indígena que representa a miles de ciudadanos indígenas a nivel nacional desmintió la acusación interpuesta por el congresista Morante, la cual tildó de “completamente falsa”. Por su parte, Melissa Sánchez, de la SPDA, señala que “no existe un mercado de carbono al interior de las reservas, esto no está incluido en ninguno de los mecanismos que promueve el Ministerio del Ambiente (Minam)”.

Es preciso indicar que lo expuesto por el congresista es un argumento empleado anteriormente por grupos que abiertamente niegan la existencia de los pueblos aislados como la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), quienes también participaron de la audiencia pública celebrada por Morante.

“La verdad es que no existen PIACI en Loreto”, afirmó Christian Pinasco Montenegro, presidente de la CDL durante su intervención. Además, aseguró que no hay evidencia científica de la existencia de estos pueblos.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la normativa vigente exige que para el establecimiento de las reservas indígenas se demuestre en dos estudios diferentes la existencia de los pueblos aislados con pruebas.

En la audiencia también participó como expositora Belvi Gelith Saldaña Calderon, vicegobernadora de Loreto, quien se refirió a la Ley PIACI como un obstáculo para la región y argumentó que debe aprobarse la modificatoria presentada por Morante “porque no se ha hecho (el establecimiento de reservas) con el conocimiento de las autoridades de nuestra región” y que con esta modificación si van a tener representatividad.

Este argumento resulta impreciso, debido a que en la misma Ley PIACI a la que la gobernadora hace referencia se estipula claramente que en la Comisión Multisectorial para el establecimiento de reservas debe participar el gobierno regional y los gobiernos locales de la zona en donde se establecerá, es decir, con la actual normativa ya cuentan con representatividad.

Proyecto de Ley cuestionado

Como se recuerda, el congresista Jorge Morante, del partido Fuerza Popular, presentó el 11 de noviembre una propuesta legislativa para modificar la Ley PIACI. En esta propuesta, plantea que sean los gobiernos regionales los entes competentes para reconocer, mediante Ordenanza Regional, la existencia de los PIACI. Del mismo modo, que quede a su competencia la categorización y extinción de las reservas indígenas.

Pero, el punto que más alarmó a las organizaciones indígenas fue que además esta modificación planteada por Morante también contempla la creación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de PIACI y reservas ya reconocidas, lo cual representa un peligro para la vida y libre determinación de los indígenas aislados.

“Lamento que el congresista Morante esté presentando esta ley. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los PIACI, porque sí existen. Esta ley propuesta por el congresista va en contra de los PIACI”, denuncia el apu Miguel Manihuari, en representación de la Orpio y advierte que este proyecto de ley representa un gran peligro para los PIACI a quienes se les podría quitar su territorio ya reconocido.