Foto: SPDA
Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
La noticia ambiental de la semana se dio el pasado 5 de junio, en pleno Día Mundial del Medio Ambiente, cuando se anunció la remoción de Luis Alberto Gonzales-Zúñiga del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Esta “pérdida de confianza” se dio tras año y cuatro meses de su designación luego de ser seleccionado por un concurso de méritos.
Es evidente que esta salida se dio de manera abrupta, contándose como único antecedente la denuncia pública sobre el pedido de su salida a inicios de marzo de este año, dejando en la incertidumbre la dirección de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. Justo, cuando la lucha contra varios de los ilícitos que se desarrollan en nuestros bosques no decae, pese al Estado de emergencia, y cuando es necesario consensuar posiciones y articular esfuerzos para la reactivación del sector con las salvaguardas que ello amerita.
La salida de González-Zúñiga no tuvo una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Recién dos días después del anuncio, el Minagri se pronunció mediante un vocero en un programa radial indicando que el retiro de la confianza obedecía a razones de gestión.
Pero más allá del giro que tome la historia, el tema de fondo es la situación de la institucionalidad forestal y de fauna silvestre del país y la denuncia pública de temas esenciales que afectan la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Trataremos estos temas a continuación.
Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, ex director ejecutivo de Serfor. Foto: Andina
Fortalecimiento institucional
Frente a escenarios de débil gobernanza y volatilidad política, es prioritario fortalecer la institucionalidad. Esto implica, entre otros puntos, brindar a las entidades públicas un nivel de autonomía tal (política, financiera y organizativa dentro de la estructura del Estado). ¿Por qué es esto importante? Porque es precisamente esta fortaleza un valor clave para hacer frente a las presiones de los grupos de interés, sin que ello exima a la gestión de la rendición de cuentas correspondiente.
Asimismo, es importante que existan competencias claramente definidas y articuladas, más allá de los sectores y coordinando incluso dentro de la misma organización del Minagri, estableciendo una relación fluida con las regiones. Así, por ejemplo, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) es un espacio creado con este objetivo que, a la fecha, no ha sido impulsado como debería.
En esta línea, consideramos necesario garantizar la idoneidad y estabilidad en el cargo de los titulares de las principales autoridades forestales y de fauna silvestre, mediante procesos de designación y remoción debidamente regulados, transparentes, abiertos y públicos, donde el monitoreo y la supervisión de la gestión se base en indicadores de desempeño previamente establecidos y alineados con los objetivos de la política nacional. Para tal efecto, el actual marco normativo requiere ser fortalecido.
En este sentido, consideramos que la discusión en torno a que si el cargo del/la Director/a Ejecutivo/a del Serfor está sujeto a confianza o no[1], debe representar una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los titulares de las principales autoridades forestales y de fauna silvestre, tal como es el caso del Serfor, como también del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS)[2]. Este tema será desarrollado en un próximo informe sobre la materia, considerando además la importancia del Consejo Directivo del Serfor en el proceso meritocrático de selección competitiva.
Al respecto, tenemos que en los casi seis años de funcionamiento del Serfor, este organismo ha contado con 3 titulares, siendo el de menor tiempo el único Director Ejecutivo designado como resultado de un proceso meritocrático. Dicho número, contrasta con el número de ministros/as (7) y de viceministros/as de políticas agrarias[3] (9) del Minagri, durante el mismo período de tiempo. En paralelo, desde octubre de 2013[4], se contó con 4 titulares del Osinfor y, a manera de ejemplo, con 12 titulares de la ARFFS de Madre de Dios. Esta volatilidad, en especial en las regiones, impide una planificación institucional y el desarrollo de una visión de futuro para este sector. Para mayor detalle, acompañamos un cuadro con la relación histórica de dichos cambios.
Relación histórica de titulares by spdaactualidad on Scribd
Agrario / forestal
Es necesario que el Estado brinde confianza a la ciudadanía sobre su posición frente al incremento de la superficie agropecuaria en menoscabo de la superficie forestal. En un escenario como el actual, donde el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero procede del uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS)[5], resulta imperativo tomar acciones a fin de reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.
Para tal efecto, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), prohíbe el cambio de uso de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección, y regula el tratamiento aplicable para el uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes con cobertura forestal actual.
Sin embargo, dichos candados son insuficientes si no se cuentan con criterios técnicos idóneos para la determinación de la aptitud de la tierra, con el agravante de que su implementación presupone a usuarios que buscan acceder legalmente a la misma, lo que en la mayoría de los casos no sucede, conforme lo evidencian los incendios forestales que se han venido incrementando año a año como resultado de la tala, tumba y quema.
Entonces, si a la insuficiencia de mecanismos e incentivos para mantener el bosque en pie, le sumamos una falta de contundencia en la decisión política, nuestros compromisos climáticos serán en vano, lo que nos lleva también a repensar la ubicación y el nivel requerido de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre en la estructura del Estado, para integrar la política nacional con las que se contraponen.
Para hacer frente a las necesidades del sector y poner en relieve la importancia estratégica del patrimonio forestal y de fauna silvestre, durante el proceso de diálogo intercultural del Proyecto de Ley que dio origen a la actual LFFS, se planteó que la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre se constituya como un viceministerio del Ministerio del Ambiente[6].
Foto: Serfor
Delitos ambientales
Y por último, no menos importante, la lucha contra los delitos ambientales que afectan nuestros bosques y la fauna silvestre debe ser mejor coordinada y comunicada, sumando los esfuerzos de las diferentes entidades.
En este sentido, es importante que la línea de trabajo de las autoridades competentes obedezca a un planeamiento institucional de largo plazo, a partir de una agenda pública común. Por ejemplo, en el caso de la fauna silvestre, la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre al 2027 y su Plan de Acción 2017 – 2022 contienen elementos claves que deberían ser priorizados, como elevar el nivel del delito de tráfico de fauna silvestre a crimen organizado. Además, es clave potenciar los espacios de articulación existentes, como por ejemplo, el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, Mesas Regionales, Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal, todo ello bajo el liderazgo del Serfor como punto focal de denuncias y ente rector del Sinafor.
Del mismo modo, en la línea de la prevención y la lucha contra los ilícitos ambientales, se debe promover el fortalecimiento de las ARFFS. No olvidemos que ellas son las encargadas de gestionar y controlar las actividades primarias a nivel de aprovechamiento, transformación, así como el transporte y comercialización, actividades esenciales para asegurar la legalidad de los productos forestales y de fauna silvestre.
La ausencia de personal, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas son algunos de los factores estructurales que han acompañado al sector y preceden a la aprobación de la actual LFFS[7].No se puede esperar un desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre, mientras continúen desatendidos los requerimientos de las ARFFS.
Un sistema de persecución de los ilícitos contra nuestro patrimonio forestal y de fauna silvestre, no solo debe contar con autoridades administrativas fortalecidas (nacionales y regionales), sino también requiere el involucramiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y la academia en alianza con la sociedad civil.
En efecto, desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se han implementado procesos para relevar la materia ambiental como un tema de especialización. Estos esfuerzos deberían permitirnos aspirar a que estas instituciones cuenten con profesionales de carrera en sus diferentes niveles institucionales.
Finalmente, reiteramos que la crisis coyuntural, evidenciada por la salida del Director Ejecutivo del Serfor, debe llevarnos a continuar el debate, propuesta y consenso de medidas concretas en ámbitos como la institucionalidad forestal y de fauna silvestre y la lucha contra los delitos que afectan el patrimonio. Consideramos que es importante proponer medidas vinculadas a la promoción de la legalidad desde los incentivos y el acompañamiento técnico, así como otras materias que esperamos cubrir en las siguientes semanas.
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