A 11 años del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, la justicia peruana ratificó las condenas de prisión efectiva contra los responsables del crimen perpetrado cerca de la frontera con Brasil.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. Además, ordenó duplicar la reparación civil, que pasa de 50 mil soles a 100 mil soles por cada víctima, es decir, 400 mil soles en total a favor de los familiares de los líderes indígenas.

Saweto: precedente contra la impunidad 

La segunda instancia del juicio se inició en abril del 2025, tras la apelación presentada por la defensa de los sentenciados. En paralelo, la Fiscalía pidió un incremento de la pena, mientras que la defensa legal de las familias agraviadas solicitó el aumento de la reparación civil. 

El fallo, emitido el 25 de agosto de este año, ratifica lo resuelto en primera instancia en abril de 2024. Para las familias y organizaciones indígenas, esta decisión representa un hito en la defensa de los pueblos indígenas frente a la violencia y la impunidad.

“Después de 11 años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”, declaró Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos. 

Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), destacó la importancia de este fallo para otros casos. “Esta sentencia marca el camino para los otros casos de hermanos indígemas que han sido asesinados por defender sus territorios. Son más de 35 defensores que han perdido la vida. Desde Aidesep, seguiremos acompañando estos procesos para lograr justicia”.

Esta segunda etapa del proceso incluyó 15 audiencias. Los jueces evaluaron nuevas pruebas presentadas por los sentenciados. También escucharon la opinión especializada del exprocurador anticorrupción, José Ugaz Sánchez-Moreno, mediante la figura del amicus curiae, así como los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa legal de las familias agraviadas. 

Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que la sentencia contra los responsables del asesinato de los líderes de Saweto es un paso importante, pero la demora de más de once años para alcanzarla nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de la justicia en el país.

“Un proceso que toma más de una década para llegar a una condena evidencia que todavía estamos lejos de brindar justicia real y oportuna a los pueblos indígenas. El Estado debe garantizar procesos más ágiles, protección efectiva a las comunidades y condiciones que eviten nuevos crímenes contra quienes defienden el ambiente y el territorio”, advirtió.

La larga búsqueda de justicia

El 1 de septiembre de 2014, los cuatro líderes ashéninkas fueron emboscados, torturados y asesinados a balazos en el último tramo de un viaje que emprendieron desde Alto Tamaya-Saweto hacia la comunidad indígena de Apiwtxa, situada en Acre, Brasil. Allí, en la frontera iban a participar en una asamblea para abordar estrategias contra la tala ilegal en sus territorios.

Desde 2008, Edwin Chota lideraba denuncias contra los madereros ilegales que devastaban el bosque de Alto Tamaya-Saweto, además de gestiones para lograr la titulación de las más de 78 mil hectáreas de su comunidad. Las amenazas eran constantes. La titulación recién llegó en 2015, siete meses después del crimen.

La denuncia formal fue presentada en 2019, solicitando 35 años de cárcel para los asesinos. En febrero de 2023, un juzgado colegiado dictó 28 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, en agosto del mismo año, la Sala de Apelaciones anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. En este proceso, iniciado en noviembre de 2023, la Fiscalía incorporó el testimonio de un testigo protegido que corroboró la responsabilidad de los acusados. 

Para garantizar el derecho a la información de las familias, se dispuso la participación de una intérprete de lengua ashéninka, lo que permitió una comprensión plena de los argumentos expuestos en sala.

Defensoría pidió justicia también para otros casos 

Tras la ratificación de la sentencia, la Defensoría del Pueblo resaltó esta decisión del Poder Judicial  porque “marca un hito en la trayectoria judicial de nuestro país a favor de personas defensoras de derechos humanos”, pero también exigió “agilizar los procesos para que la demora de casi una década no se repita en otros casos similares”.

Asimismo, recordó que aún existen varios casos de indígenas y defensores ambientales que esperan justicia.

“En la actualidad existirían otros 23 casos de asesinatos similares ocurridos en los últimos once años que también esperan una decisión final por parte de la administración de justicia, a fin de que no queden impunes”, indicó la institución.

La Defensoría se refirió también a la muerte del defensor ambiental Alfredo Vracko Neunschwander, asesinado en 2015 tras enfrentarse a mineros ilegales, y a Hipólito Quispehuamán Conde, integrante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, quien fue asesinado en julio de este año.