Foto: Ministerio Público

Con el fin de actualizar el estado de zonas claves contaminadas por el derrame de petróleo del 15 de enero de 2022, producida en una estación de la Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste constató las zonas marítimas y costeras afectadas por este desastre ambiental.

Como se recuerda, en el 2022 se derramaron cerca de 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, y este se expandió hasta la provincia de Huaral. En el trayecto, el crudo afectó la biodiversidad marina, la fauna que habita en el litoral, e impactó sobre la economía de miles de personas que trabajan en actividades ligadas al mar, especialmente pescadores, operadores turísticos y comerciantes en general.

Según informó el Ministerio Público, el monitoreo cubrió tres puntos con el apoyo de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (Dicapi): un acantilado y la playa Carachozo, en el distrito de Santa Rosa, así como un acantilado en el distrito de Ventanilla, situado entre la playa Bahía Blanca y la playa Javier.

[Ver además ► Derrame de petróleo en la costa peruana: puntos claves para entender el desastre ambiental]

Derrame ocurrió en enero de 2022. Foto: OEFA

La supervisión consistió en la extracción de muestras contaminadas por hidrocarburos en puntos de agua y de sedimentos para su posterior análisis, identificación de fauna silvestre afectada, entre otras actividades para realizar un balance sobre los avances y limitaciones de las acciones de limpieza y rehabilitación ambiental.

El fiscal provincial, Paulo César Brancacho Japa, precisó que esta supervisión se realiza para “determinar in situ si sigue habiendo contaminación. Esta nueva gestión viene realizando diversas coordinaciones con entidades del Estado a fin de evitar problemas similares a las ocurridas en el año 2022″.

En la diligencia también estuvo presente el defensor adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Quequejana Cóndor, quien señaló que «la presencia del Ministerio Público es importante porque en virtud a todo el impacto hay una responsabilidad civil y penal por parte de las empresas privadas que ocasionaron este desastre ambiental. Es la Fiscalía la que puede verificar y dar valor legal y jurídico a esta intervención».

Según el Ministerio Público, el monitoreo de aguas es importante para verificar el impacto ambiental. Por ello, la FEMA Lima Noroeste señaló que realiza un seguimiento constante al mar afectado por el derrame de hidrocarburos y reafirmó “su compromiso con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas del Perú”.

En la supervisión también participaron representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).