Aún no hay información clara sobre estado de playas y zonas contaminadas, advierte Defensoría

Foto: OEFA

  • A un año del derrame de petróleo en el mar peruano, la Defensoría del Pueblo señala que la información respecto a las zonas contaminadas y a los afectados aún es dispersa e incluso confusa en algunos casos.
  • Conversamos con Lissette Vásquez, titular de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien hizo un balance de este desastre ambiental.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

A inicios de enero de 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso tres nuevas multas por 22 millones de soles a la Refinería La Pampilla S. A. A. de Repsol por dos razones específicas: por no brindar información requerida por la entidad y por no remediar las áreas afectadas.

Esta nueva sanción contrasta con la campaña de la empresa de capitales españoles que, en diversos medios de comunicación, ha anunciado que “Las condiciones están dadas para la reactivación de la pesca y la reapertura de playas”.

En recientes declaraciones a la agencia EFE, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, afirmó que no han recibido respuestas concretas de la empresa ni del Estado sobre el actual estado de playas para que la población regrese a sus labores económicas (pesca, comercio y turismo).

“A un año del derrame de petróleo no tenemos una respuesta concreta de la afectación que Repsol nos ha hecho a nosotros como distritos y a todos los vecinos de Lima Norte. Exigimos, por favor, que Repsol se pronuncie claramente, y el OEFA diga en qué condiciones ambientales se encuentran nuestras playas”, indicó el alcalde.

Sobre esta falta de información concreta, la Defensoría del Pueblo señala que esta situación fue advertida desde el inicio del desastre ambiental. A la tardía reacción del Estado se sumó la falta de coordinación entre las entidades involucradas en esta emergencia.

“Cada entidad emitía información oficial por sus canales y no había una consolidación. Por ese motivo, la planteamos que haya una instancia que lidere este tema, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente (Minam). A partir de la ocurrencia del derrame, el Minam lideró algunos aspectos pero no abarcó toda la información”, explica Lissette Vásquez, titular de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

“La ciudadanía lo que necesitaba y necesita aún es un único canal de información del Estado. Hay gente que desconoce aún puede ingresar a las playas que fueron afectadas por el derrame”, agrega.

Entre las entidades estatales que deberían brindar este tipo de información se encuentran OEFA, Minam, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otras.

[Ver además►A casi un año del derrame Repsol: ¿en qué van los procesos iniciados por el Estado?]

Foto: Sernanp

Sitios contaminados

En octubre pasado, el OEFA informó que, de 97 identificados por haber sufrido algún impacto por el derrame de petróleo, 71 aún seguían afectados. De esta última cifra, 48 eran playas. Ante ello, ordenó a Repsol a presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un Plan de Rehabilitación para estos sitios afectados.

Sin embargo, la Defensoría advierte que aún no se sabe cuál es la situación real de los recursos hidrobiológicos. Lissette Vásquez señala que el Ministerio de la Producción (Produce) informó que “actualmente no existiría ninguna restricción a la pesca artesanal”, pero se basan solo en estudios preliminares.

Para la Defensoría es muy importante que se puedan culminar con dichos estudios pero mientras ello no suceda el Estado debería “disponer medidas destinadas a proteger la salud de la población, que en este caso accedería a estos recursos hidrobiológicos”.

Después del informe de octubre, hasta le fecha OEFA no ha emitido algún nuevo informe sobre la situación de los sitios impactados.

Foto: Jaime Tranca / SPDA

Compensación a los afectados

Según dato de Defensoría del Pueblo, habría alrededor de 10 100 jefes de familia entre los afectados que requieren una indemnización por el daño causado tras el derrame de petróleo. Sin embargo, aún falta identificar a la totalidad de personas afectadas, y esta tarea la corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros porque es la responsable del Indeci y la encargada de coordinar con los municipios involucrados.

Sobre este punto, la Defensoría también resalta que -además de las labores de limpieza- la empresa Repsol tiene la obligación de compensar a los afectados. Por ello, para asegurar que esto se haga de manera adecuada, la Defensoría participa en espacios de negociación.

“Si bien ha habido adelantos que se han venido dando a partir de un acuerdo que suscribieron Repsol y PCM, sí se requiere realizar una compensación completa a los afectados”, indica Lissette Vásquez.

Lissette Vásquez. Foto: Defensoría del Pueblo

Lecciones aprendidas

¿Hay algo que hemos aprendido tras este derrame que fue considerado el pero desastre ambiental en el mar peruano? Para la representante de la Defensoría, esta emergencia ambiental “evidenció deficiencias que ya sabíamos que existían pero esta vez han sido más visibles. […] Creo que este derrame le ha puesto más reflectores a esta problemática”.

Al año del desastre, la Defensoría destaca que sí hubo algunos avances que podrán aplicarse si es que un evento como este vuelve a ocurrir. Aunque los derrames de petróleo se dan con mayor frecuencia en la Amazonía.

Uno de los avances que registra al Defensoría se dio a través del Sernanp, entidad que trabajó en la elaboración de un protocolo para el caso de atención a las aves y la fauna silvestre afectada.

Otro tema resaltante es que Dicapi está actualizando su Plan Nacional de Contingencia que tenía 30 años. Actualmente está en plena revisión.

En el caso del Minam, agrega el organismo, está realizando unas modificaciones en su marco normativo para acoger las recomendaciones de la Defensoría. Estas tienen que ver con la elaboración de un protocolo para brindar atención a los afectados, por ejemplo, en la provisión de alimentos.

“No existe un protocolo que exija a la empresa en su plan de contingencia que pueda brindar esta ayuda de forma inmediata cuando ocurre este tipo de desastres. Lo que ocurre hasta ahora es que es el mismo Estado el que brinda esa ayuda con sus propios recursos, cuando le corresponde a la empresa hacerse cargo. Hasta el momento no existe claridad en esta obligación”, explica Lissette Vásquez.

Otro punto que ha recomendado la Defensoría es que ante ocurrencias como este derrame se declara la emergencia ambiental, pero tiene sus limitaciones. En cambio, la declaratoria de un estado de emergencia en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) sería lo más adecuado.

“El estado de emergencia podría, a través de medias específicas, canalizar ayuda, disponer la adquisición de alimentos, disponer de mecanismos más efectivos para brindar la ayuda. La emergencia ambiental no atiende estos temas. Hay todavía un vacío”, agrega Vásquez.

Otro tema pendiente, según explica la representante de la Defensoría, es que en la actualidad, ante este tipo de desastres, solo se trabaja a nivel de inmediato y corto plazo, y no hay un seguimiento o continuidad de medidas. Pone como ejemplo la emergencia ambiental por el derrame de Repsol que venció en octubre pasado.

“La emergencia te dura en promedio 90 días. Se atendió, se cumplió con el plan de acción, pero hay problemáticas ambientales que persisten a pesar del cumplimento del plazo. Por ello la Defensoría ha manifestado que tiene que haber una continuidad en las medidas estatales para que la problemática específica pueda ser atendida a lo largo del tiempo”, menciona.

“Lo ideal hubiese sido que, apenas concluya la emergencia, se hubiese aprobado un plan de mediano plazo. En esta etapa se podrían disponerse medias como la vigilancia de las playas, considerando parámetros de hidrocarburos, hacer verificaciones periódicas de la zona afectada, tanto por parte del OEFA, como de la ANA, Dicapi o Serfor. Estamos hablando de uno de los mayores desastres de nuestro litoral y a grandes desastres se requieren grandes medidas. No debemos limitarnos solo a acciones de inmediato y corto plazo”, concluye Vásquez.

 

 

 

 

 

 

 

 



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