En los últimos meses supuestos mineros ilegales han atacado a vigilantes comunales, fiscales y efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Foto: FEMA
- En los últimos meses, autoridades y miembros de la Marina de Guerra han registrado al menos tres ataques con armas de fuego de presuntos mineros ilegales durante operativos en el distrito de Alto Nanay (Loreto).
- Las dragas se han apoderado del río Nanay y se han extendido a otras dos cuencas: el Chambira y Pintuyacu.
Por Angela Rodriguez / arodriguez@spda.org.pe
Una noche, a comienzos de enero de este año, la defensora ambiental Marcelina Angulo y un grupo de más de diez vigilantes comunales fueron atacados con armas de fuego. Se encontraban en el puerto de la comunidad Seis Hermanos, en la cuenca del Pintuyacu, en un espacio al aire libre donde con carpas y mosquiteros vigilan todo el día el paso de embarcaciones que podrían transportar insumos destinados a abastecer a las dragas que operan en la cuenca del Chambira.
El silencio de la noche fue interrumpido primero por el sonido de una embarcación, luego por varios disparos. Marcelina y los vigilantes corrieron y se tumbaron al suelo para resguardarse de las balas. No hubo heridos ni muertos, pero se incrementó el temor entre los vigilantes comunales, hombres y mujeres que realizan esta labor voluntariamente y sin apoyo de las autoridades regionales.
“Nosotros estamos organizados para hacer nuestra vigilancia por el cuidado que debemos tener frente a esta nueva amenaza que es la minería ilegal. Para cuidar nuestro recurso maderable, la fauna y el agua. Porque si nosotros no cuidamos esa agua, entonces ¿cómo vamos a vivir?”, explica Marcelina Angulo, quien es -hasta mediados de este mes- presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira y la lideresa que actualmente resiste el avance de la minería ilegal en sus cuencas.
Marcelina, defensora ambiental que se enfrenta al avance de la minería ilegal en las cuencas del Nanay, Pintuyacu y Chambira. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
Con violencia y terror, la minería ilegal avanza en el distrito de Alto Nanay, ubicado a cuatros horas en viaje fluvial desde la ciudad de Iquitos. En este distrito se ubica el Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira, llamada así por las tres cuencas que protege, que tiene como principal objetivo la protección del Nanay, por ser la fuente de agua de más de medio millón de personas que viven a lo largo de esta cuenca, incluidos los habitantes de Iquitos.
A la fecha, la minería ilegal se ha apoderado del Nanay y se extiende con fuerza hacia los ríos Pintuyacu y Chambira, los cuales alimentan con sus aguas al primero. Solo en el Nanay se identificaron 22 puntos con balsas mineras en enero de este año, según un último informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Todos estos hallazgos se ubican dentro del área de conservación regional. La situación en esta cuenca es tan grave que el paso hacia la parte alta -donde se encuentran las dragas- está restringido. “Si te ven que no eres de la zona y quieres pasar: te disparan”, advierte la defensora Marcelina Angulo.
Mapa con las dragas identificadas en el río Nanay, según un reporte de enero de este año del MAAP. Elaboración: MAAP
“Yo estoy apoyando la vigilancia aquí en Seis Hermanos porque sabemos que los mineros están entrando y nosotros no queremos que aumente esto como en el Nanay, donde el Comité de Gestión del área de conservación ya no puede entrar porque nos han amenazado”, denuncia Enrique Ríos, vicepresidente del Comité de Gestión de Alto Nanay Pintuyacu Chambira.
En cuanto al Pintuyacu, se estima la presencia de al menos cinco dragas, según un reporte elaborado por el Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal de la Región Loreto, al que tuvimos acceso. De acuerdo con este mismo informe, en el Chambira estarían operando al menos tres dragas.
Los defensores del Pintuyacu
Actualidad Ambiental viajó hasta la comunidad Seis Hermanos, en donde alarmados por el raro incremento de embarcaciones que se movilizaban por su cuenca (Pintuyacu) hacia el Chambira, un grupo de 68 hombres y mujeres, bajo el liderazgo de Marcelina, se organizaron para fortalecer la vigilancia comunal a fin de impedir que los mineros se apoderen de sus cuencas como ya lo han hecho con el Nanay.
Vigilantes comunales resguardan la cuenca del Pintuyacu a pesar de las amenazas que han recibido de parte de supuestos mineros ilegales. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
“Son muchos años, ya van para los nueve, que vemos minería ilegal en el Nanay y hasta ahora las autoridades no lo pueden combatir, no sé qué es lo que falta para que lo hagan”, lamenta un habitante de la comunidad Seis Hermanos, cuya identidad no revelaremos por su seguridad. Él nos cuenta que vive hace más de cuarenta años en esta zona y siempre vivieron tranquilos, sin amenazas, rodeados de aguas limpias, con recursos naturales cuidados y “respirando aire puro”. “Pero hace más de tres meses, sabemos que en nuestro río que tanto anhelamos cuidar ya hay dragas y en el río Chambira también”, denuncia.
La comunidad Seis Hermanos, ubicada a cuatro horas de viaje en deslizador desde el puerto de Santa Clara, en la ciudad de Iquitos, está dividida en seis anexos, el principal es Saboya. Es una comunidad pequeña, de apenas cuarenta casas de material rústico, construidas con tablas y altillo, un tipo de construcción muy común en la Amazonía. Son casas que se sostienen sobre patas de madera y no tocan el suelo.
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Anexo Saboya de la comunidad Seis Hermanos. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
Es en Saboya donde todas las noches se reúnen los vigilantes comunales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, para resguardar el paso de embarcaciones e inspeccionar aquellas que podrían transportar insumos presuntamente destinados a la minería ilegal.
“Desde que hacemos esta vigilancia y revisamos las embarcaciones que pasan, hemos encontrado petróleo, herramientas para armar las balsas, mangueras y otros insumos destinados a las dragas”, comenta Marcelina y explica que en las comunidades del Pintuyacu y Chambira se conocen entre todos, por lo que pudieron reconocer que quienes se movilizaban en esas embarcaciones eran “personas extrañas”.
“Casi todos los de la comunidad somos vigilantes, varones y mujeres. Las veinticuatro horas hacemos la vigilancia, vemos cada bote que pasa por aquí para identificar los que trasladen materiales para la minería y detenerlos. Solo vamos a dejar de hacer eso cuando nuestra cuenca se limpie de la minería, porque si no ¿qué agua le dejaríamos a nuestros niños?”, agrega otro vigilante comunal de Seis Hermanos.
El dinero del oro ilegal
Para que los vigilantes comunales de Seis Hermanos desistan de proteger su cuenca y permitan el paso de mineros ilegales, estos últimos les han ofrecido “un cupo de 180 mil soles cada 6 meses” además de internet satelital para la comunidad, asegura Marcelina. Esta sería la manera en que los mineros ilegales habrían logrado el respaldo de las comunidades del Nanay para desarrollar la ilegal actividad en sus riberas. La comunidad de Marcelina se ha negado a aceptar este ofrecimiento, pero algunas comunidades de su cuenca (Pintuyacu) y de la que cuenca que alimenta a esta (Chambira) ya han cedido.
“En el Nanay viven de cupos que les dan los mineros, de entre 5 mil y 10 mil soles mensuales. Y eso es a parte del pago que cada uno recibe por trabajar en las dragas. Otras comunidades reciben un llamado paso de servidumbre, que es por permitir que por sus ríos pasen las embarcaciones con el combustible o materiales para la minería”, denuncia Marcelina.
“Nos han ofrecido 180 mil soles para dejarles pasar a los mineros, pero nosotros hemos dicho que no. No queremos eso porque sino mañana más tarde que va a ser de nuestra salud y la de nuestros hijos. Es como decir pan para hoy y hambre para mañana”, indica uno de los vigilantes de Seis Hermanos.
“Así nos han venido a ofrecer, pero nosotros no hemos aceptado porque después nos vamos a quedar con nuestra cuenca contaminada, con los peces contaminados. Eso no queremos”, señala firme Marcelina.
La minería ilegal sería una actividad de gran rentabilidad, por lo que los mineros pueden permitirse, además de sobornar a las comunidades con grandes sumas de dinero, tener dragas equipadas con alta tecnología como antenas de internet satelital que les permite estar un paso delante de las autoridades.
Draga con internet satelital identificada en el Nanay. Foto: FEMA
Bratzon Saboya, fiscal adjunto de la FEMA Maynas que investiga este delito desde el 2019, explica que hay mucho interés de los mineros en la cuenca del Nanay debido a la “calidad y producción de oro a diferencia de otras cuencas. Por ello, invierten en mejor equipamiento para las dragas. En lo que hemos podido constatar en nuestra experiencia (en las interdicciones) es que una draga del Nanay es diferente a una del Napo. Las del Nanay tiene mejor equipamiento, más tecnología. Por ejemplo, en el Nanay las dragas tienen equipos satelitales como internet Starlink, teléfonos satelitales o radios de alta frecuencia. En el Napo no hemos encontrado nada de eso”.
En el Nanay cada draga produciría un promedio de 115 gramos de oro al día, lo que mensualmente se traduce en un ingreso de hasta 575 mil soles. Entre todas las dragas que se estiman operarían en esta cuenca, el ingreso mensual de los mineros ilegales sería de casi 11 millones de soles al mes, según señala un reporte del Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal de Loreto. Esta producción es hasta tres veces la producción diaria que obtienen dragas en otros ríos de Loreto donde también se desarrolla esta actividad.
La ilegalidad llega donde el Estado no
Marcelina Angulo cuenta además que algunos habitantes de las comunidades que ahora trabajan con los mineros ilegales le han explicado que aceptaron esta situación porque se sienten olvidados por el Estado en temas de comunicación y otros servicios. Según ellos, lo que el Estado no les da, los mineros sí.
Este olvido es resaltado también por la lideresa, porque las comunidades de Alto Nanay llevan años esperando servicios básicos, telecomunicaciones y proyectos de desarrollo que les permitan mejorar su economía. A ello se suma la falta de apoyo para luchar contra la minería ilegal.
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En el mapa se observan los puntos en los que se ha identificado dragas en las cuencas del Nanay, Pintuyacu y Chambira. Elaboración: SPDA. Fuentes: Sernanp, GORE Loreto, ACCA y CdG ANPCH
Amenazas y ataques
Por proteger sus cuencas y negarse a aceptar la presencia de mineros, los vigilantes de Seis Hermanos han sido víctimas de ataques y recibido amenazas de muerte. Por ello, Marcelina teme por su vida. Ella, junto a los vigilantes que lidera, han sido blanco de ataques y han recibido llamadas y mensajes con amenazas de muerte. “Sé donde vives, sé que vives en la esquina de una quebrada, sé cuánta familia tienes ahí, te voy a dar donde más te duele”, es una de las amenazas en mensaje de voz que ha recibido la defensora ambiental.
Otros 28 vigilantes comunales de un total de 68 de la comunidad de Seis Hermanos también han sido víctimas de ataques o han recibido amenazas, afirma Marcelina. “Desde el primer momento en que nosotros hemos intervenido embarcaciones con esas cosas ilegales, han empezado las amenazas contra los vigilantes, contra mí. A mí me han dicho ‘tu cabeza voy a querer para llevar’”, señala Marcelina Angulo.
Autoridades bajo ataque
Ni los efectivos de la Marina de Guerra se salvan de ser atacados por los mineros ilegales. En nuestro viaje, visitamos también la comunidad de Santa María, capital del distrito de Alto Nanay, ubicada a dos horas de viaje por río desde la comunidad de Marcelina, en la cuenca del Pintuyacu. Se trata de una comunidad mucho más grande donde se encuentra la comisaría, un colegio con los tres niveles de educación básica y el único centro de salud que funciona actualmente en todo el distrito.
Centro de salud de Santa María. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
Además, a orillas de esta se ha instalado un grupo de efectivos de la Marina de Guerra del Perú, en una Unidad de Control, y desde ahí se movilizan hacia otras zonas de la cuenca para interceptar dragas.
En esta zona, un efectivo de la Marina, cuya identidad mantendremos en reserva, nos alertó del peligro cuenca arriba, pues incluso los marinos han sido atacados en más de una oportunidad. “Toda esta zona debería ser declarada en estado de emergencia, yo he subido tres veces y las tres veces nos han disparado”, afirma.
Unidad de Control de la Marina de Guerra del Perú instalada a orillas de Santa María, en el Nanay. Foto: Angela Rodriguez / SPDA
A comienzos de enero de este año, el equipo de efectivos de la Marina -desplegado en Alto Nanay- fue a realizar un operativo en la comunidad de Pucaurco. Sin embargo, antes de que pudiesen llegar al puerto, en donde se encontraba la draga, un par de pequeñas embarcaciones con siete hombres -cuyos rostros estaban cubiertos para evitar ser identificados- los rodearon y les advirtieron con insultos que no continuaran con el operativo.
Este hecho fue registrado en un video donde se puede ver cómo los que serían trabajadores de la minería ilegal se enfrentan a los efectivos de la Marina. Finalmente, desde la draga disparan tres veces contra los efectivos.
Captura de video registrado por la Marina de Guerra del Perú del ataque del que fueron víctimas en la comunidad de Pucaurco.
Este no sería el único ataque a la Marina de Guerra por parte de presuntos mineros ilegales. El pasado jueves 8 de febrero, mientras realizaban un patrullaje de rutina entre las cuencas del Pintuyacu y Chambira, efectivos de la Marina encontraron dragas en una quebrada de la zona. Inmediatamente informaron a la FEMA Maynas y, tras la confirmación de esta para proceder con la interdicción, procedieron a destruir las embarcaciones encontradas.
Todo parecía desarrollarse sin mayores complicaciones. Sin embargo, cuando los militares ya estaban retirándose, fueron atacados desde lejos con armas de fuego por un grupo de presuntos mineros ilegales, al parecer extranjeros, según denunció Carlos Castro Quintanilla, fiscal superior de la FEMA Maynas. Los disparos llegaron a impactar en la embarcación. “Quisieron matarlos”, señala el fiscal. El hecho ocurrió a la altura de la comunidad Villaflor, en la cuenca del Chambira.
En octubre del año pasado se registró un hecho similar. Un equipo de dos fiscales y sietes soldados de la Marina fueron atacados cerca a la comunidad Diamante Azul, en la cuenca del Nanay. En este ataque, un grupo de comuneros intentaron prender fuego a la embarcación donde se trasladaban.
“Desde el 2020 hemos registrado más de cuatro casos de violencia en Alto Nanay. Estos ataques han sido registrados en la Fiscalía Penal por el delito de violencia contra la autoridad. Nosotros como FEMA estamos enfocados en delitos ambientales, pero como parte de las investigaciones hemos tomado conocimiento de manera extraoficial que en la cuenca del Nanay habrían ocurrido varios homicidios, esto nos lo indican personas de la zona, quienes además alertan de que estas muertes no han sido registradas”, asegura el fiscal adjunto Bratzon Saboya.
El pedido de los vigilantes
Ante esta situación de inseguridad debido a esta actividad ilegal, Marcelina Angulo pide apoyo a las autoridades, en especial a los municipios y el gobierno regional. “Esperamos que el Estado escuche, que se preocupen por nosotros”, enfatiza.
“Consideramos que debe hacerse un trabajo articulado entre todos los entes estatales, porque no solo es el tema represivo -nosotros tenemos como función perseguir el delito-, sino también deben trabajarse proyectos que generen economía en estas cuencas. En noviembre del año pasado hicimos una intervención en Pucaurco porque estábamos investigando una banda criminal por minería ilegal, y la población se levantó tratando de proteger a la persona que iba a ser detenida, pero además nos interpelaban en forma de reclamo que ninguna autoridad llegaba nunca y que solo íbamos a hacer detenciones”, explica el fiscal Saboya.
En este sentido, el fiscal coincide con lo que demandan Marcelina Angulo y los comuneros de Seis Hermanos: hace falta atención del Estado frente al delito de minería ilegal que hoy amenaza la vida de las y los defensores ambientales, así como de más de medio millón de personas que dependen del agua del Nanay. Además, falta la atención integral del Estado hacia las más de veinte comunidades de las cuencas del Nanay, Pintuyacu y Chambira.
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