Escribe Isabel Calle / Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental – SPDA

El 4 de abril de este año, el Congreso de la República aprobó en segunda votación el Proyecto de Ley 1815-2012-PE, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Ley 28611, Ley General del Ambiente, lo que demuestra una clara manifestación de consenso de las entidades del Estado en pos de reforzar las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental en el país, a fin de evitar perjuicios a las personas y al medio ambiente, así como la futura generación de conflictos socioambientales.

El Proyecto de Ley 1815-2012-PE propone la modificación e incorporación de diversos artículos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a fin de mejorar el funcionamiento del SINEFA y definir mecanismos normativos y procedimentales adecuados para el ejercicio de las acciones de fiscalización ambiental en el país.

En tal sentido, destacamos esta iniciativa legal, ya que consideramos que busca: promover el fortalecimiento de la institucionalidad del OEFA; fomentar las buenas prácticas ambientales (en la medida que prevé que el OEFA impulse la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos, siempre y cuando no se haya iniciado un procedimiento administrativo sancionador y se trate de una infracción subsanable) y establecer mecanismos adecuados para la ejecución de las resoluciones del OEFA.

Además, a través del citado Proyecto de Ley, se define los alcances del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, mediante el cual se establecerán los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país; se contribuye a la transparencia sobre la información; se introduce figuras tales como los mandatos de carácter particular y las medidas preventivas y se permite la acción del OEFA frente a escenarios de ilegalidad e informalidad pues se dispone la obligatoriedad de cumplimiento de las mandatos ambientales fiscalizables.

Dicho esto, consideramos que la aprobación del proyecto constituye una medida positiva, dado que fortalece la labor de fiscalización ambiental, la que contribuirá a prevenir conductas infractoras a través de la disuasión, así como a constituir un mecanismo de corrección en materia ambiental que permita garantizar el derecho de todos los ciudadanos de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas.

Este es un gran paso para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, el cual debe ser complementado con una serie de herramientas técnicas y legales que viene trabajando el OEFA.