Dirigentes de Aidesep indicaron que la corrupción extendida en las regiones opera detrás de las concesiones forestales, el tráfico de tierras, la tala ilegal, y obstruye la titulación. Foto: Katherine Bless / SPDA

Atalaya, ciudad ubicada en Ucayali, se encuentra paralizada desde el 15 de agosto. Unos dos mil integrantes de comunidades indígenas iniciaron una movilización indefinida para conseguir la atención del Gobierno nacional para que se instale una mesa de diálogo que acabe con el conflicto.

Los pueblos asháninka, ashéninka, yine, shipibo-konibo, mashiguenga y amahuaca de Atalaya exigen titulación de sus territorios, alto a las invasiones y la deforestación, atención para los 200 indígenas del pueblo nahua en contacto inicial, contaminados con mercurio. También, condonación de multas forestales impuestas por Osinfor a las comunidades indígenas, y creación de una reserva comunal, entre otros.

En una conferencia de prensa convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los directivos indígenas de la organización expusieron las demandas principales de Atalaya y advirtieron la inminencia de la expansión del conflicto a toda la Amazonía, si no se hallaban soluciones efectivas.

“No sería sorpresa que otras regiones también reaccionen, porque los problemas son los mismos”, refirió Oswaldo Juep, técnico awajún.

Demandas principales

Dirigentes de Aidesep indicaron que la corrupción extendida en las regiones opera detrás de las concesiones forestales, el tráfico de tierras, la tala ilegal, y obstruye la titulación. Por ello, precisaron estas principales demandas:

1.Titulación

Priorizar la titulación y ampliación de 51 comunidades indígenas, destrabando su proceso el cual ya está en trámite. Este proceso se inició en 2014, pero en 2017 sobre los mismos espacios se otorgaron concesiones forestales gracias a la simplificación del procedimiento de concesión mediante la Resolución Directoral 078- 2017 de ARAU.

Asimismo, se impulsa el desbloqueo de títulos por superposición de concesiones con los Bosques de Producción Permanentes (BPP).

2. Reserva Comunal indígena en Atalaya para frenar invasiones

Crear una Reserva Comunal en Atalaya para proteger áreas que no han sido asignadas luego del retiro del Consorcio Forestal Amazónico (CFA). Las áreas donde se realizaron las primeras acciones de aprovechamiento forestal del CFA están bajo demanda de ampliación de las comunidades nativas: Churinashi, Puerto Esperanza, Centro Apinihua, Apinihua, Centro Pucani, Bobinsana, Ojeayo y Centro Lagarto Juvenil.

3. Fortalecer la vigilancia territorial indígena para frenar la deforestación

El Minagri (Serfor) debe elaborar y aprobar los lineamientos para el reconocimiento de los comités de vigilancia y control forestal comunitario, con la participación de las organizaciones representativas, en lo que corresponda, para monitorear, vigilar, controlar, administrar, conservar y realizar el aprovechamiento adecuado y sostenible de los recursos naturales dentro y fuera de los territorios de las comunidades nativas.

4. Solución a la contaminación por mercurio de 200 pobladores Nahua

Implementar medidas inmediatas de detección, control, mitigación y atención de afectaciones por mercurio y metales pesados en el pueblo Nahua (Yora) de la Reserva Territorial para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (Cusco-Ucayali)- RTKNN.

5. Condonación de multas forestales impuestas a las comunidades nativas por OSINFOR

Solución a las multas forestales injustas a 67 comunidades impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), las cuales -aseguran- se han tornado impagables.

“Hoy no hay pretextos para atender las diversas demandas de las comunidades de Atalaya, considerando que hay 20 millones de dólares para esa zona, 12 del Fondo de Inversión Forestal (FIP) y 8 millones de la cooperación japonesa (Jica)”, remarcó el sociólogo Roberto Espinoza, asesor de Aidesep.

Mientras tanto, el dirigente awajún Oswaldo Juep refirió el padecimiento de las comunidades a causa de las multas impuestas por Osinfor, las mismas que ascienden a más de 50 millones de soles. A ello se suma que sus apus afrontan procesos penales.

“Es irresponsable por parte del Estado, como ente rector en materia forestal, no cumplir sus obligaciones de capacitación, asistencia técnica y freno a las mafias de tala ilegal, que debieron acompañar los planes forestales de las comunidades”, cuestionó Juep.

Por su parte, la dirigente asháninka Ruth Buendía manifestó su esperanza en que el primer ministro César Villanueva acuda este 28 de agosto a Atalaya llevando el decreto que ordene instalar una comisión nacional para resolver los problemas de Atalaya y de todas las regiones amazónicas.

Anotó que esta comisión debe tener mandato legal suficiente para retomar los planes y compromisos del Estado con los pueblos indígenas como los que asumió durante el gobierno de Valentín Paniagua (Plan de Acción para Asuntos Prioritarios, DS 021-2001-PCM y 072-2001-PCM) y los establecidos en la Mesa 4 de Desarrollo Amazónico (DS 117 y 211 del 2009-PCM). Estos últimos se dieron tras el conflicto de Bagua.

Al cierre de esta nota, se estaba realizando una Mesa de Diálogo en Ucayali para atender este conflicto.