¿Qué hacer frente a los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal? Conoce 27 propuestas para enfrentar esta actividad
- La SPDA plantea propuestas y recomendaciones para enfrentar esta actividad que destruye bosques, contamina ríos y suelos, y atenta contra la salud de las personas.
miércoles
14 de octubre, 2026
Foto: Vico Mendez / SPDA
En los últimos años, la minería ilegal se ha expandido y generado graves daños ambientales y sociales en el Perú. La destrucción de bosques, la contaminación de ríos y suelos, y la afectación a la salud de las personas son los impactos más visibles. Solo en Madre de Dios, los vertimientos anuales de mercurio alcanzan hasta 180 toneladas, mientras que la superficie afectada por la minería supera las 139 mil hectáreas a escala nacional. A ello se suman los delitos conexos como la trata de personas, el sicariato y las amenazas a los pueblos indígenas, los defensores ambientales y toda persona que denuncia esta actividad.
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Frente a este escenario, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó “27 propuestas para una respuesta integral del Estado frente al incremento de la minería ilegal en el Perú”, un documento que recoge recomendaciones para el Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, gobiernos regionales, entre otros organismos.
Con esta publicación, la SPDA plantea medidas que van más allá de los operativos de interdicción e incluyen el control de la comercialización del oro, la vigilancia de los territorios afectados y la atención de las poblaciones expuestas al mercurio.
Según Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, “la grave afectación a los derechos humanos y al bien público ambiental que genera esta actividad demanda una urgente respuesta del Estado y una estrategia combinada desde la prevención, la interdicción, la eliminación de incentivos perversos, y la búsqueda de justicia para la no impunidad”.
Reinfo: sin más prórrogas
Uno de los puntos centrales que plantea la SPDA es no continuar con la aprobación de nuevas ampliaciones del proceso de formalización y con ello la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Como se recuerda, en diciembre del año pasado se promulgó la Ley 32537, que extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, lo que ocurra primero.
El documento recuerda que, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo 2037 titulares habían culminado la formalización, cerca del 2.3 % de las 88164 inscripciones registradas en el Reinfo. Además, la Defensoría del Pueblo reportó que, al cierre de 2023, el 77.91 % de los inscritos tenía su registro suspendido.
La SPDA propone depurar el registro, verificar que las inscripciones correspondan a actividades en curso y construir un régimen permanente que excluya a quienes lo usan como escudo de impunidad.
Intervenir toda la cadena y proteger los territorios
Otro eje, según el documento, es mejorar la trazabilidad del oro para verificar su origen y evitar que el mineral extraído ilegalmente ingrese a los circuitos formales. Al respecto, , propone convertir el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) en el núcleo de un sistema nacional de trazabilidad, reforzar el control sobre las plantas de beneficio y establecer mecanismos de trazabilidad para los insumos, incluido el mercurio. A ello se suman la cooperación transfronteriza y el control de la circulación ilegal de este metal tóxico.
El documento también propone aprobar e implementar un Plan de Acción Nacional para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), y establecer un sistema permanente de vigilancia sanitaria para las poblaciones expuestas al mercurio. En materia penal, plantea investigar también a financistas, proveedores y compradores, y fortalecer a las fiscalías ambientales y al Poder Judicial.
En las áreas naturales protegidas, alerta de una nueva penetración en la Reserva Nacional Tambopata, con más de 500 hectáreas de deforestación minera entre 2025 e inicios de 2026. Sin embargo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) recibe cerca del 1.1 % de los recursos de la acción estratégica «Reducción de la minería ilegal». La SPDA propone elevar esa participación a por lo menos 10 %, es decir, de S/ 2 millones a S/ 17.7 millones.
Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, destacó que enfrentar esta amenaza “exige una presencia sostenida del Estado: fortalecer al Sernanp y la vigilancia comunitaria, investigar y sancionar a las redes que sostienen este negocio y atender a las poblaciones expuestas al mercurio. Las propuestas que presentamos apuntan a que la protección de estos territorios se traduzca en acciones concretas, con recursos y responsabilidades claras”.
