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Escribe: Wendy Ancieta / Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

El 24 de enero de 2026, se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo 1703, mediante el cual, el Poder Ejecutivo, creó la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, en el marco de las facultades legislativas otorgadas a través de la Ley 32527.

Esta nueva entidad gubernamental responde a la necesidad identificada por el Poder Ejecutivo de adoptar medidas necesarias respecto de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Así, el Estado reconoce que existe un acceso limitado a la justicia para los ciudadanos y ciudadanas peruanas, específicamente aquellas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear gastos de defensa, así como aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad; lo cual, claramente repercute en el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia y garantía del debido proceso.

En atención a ello, el Ejecutivo decidió crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la cual absorbe a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (para lo cual se debe constituir una Comisión de Transferencia). Así, la Superintendencia pasa a ser una entidad con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones; con la finalidad de garantizar la asesoría legal y patrocinio hacia las personas de recursos económicos escasos y en situación de vulnerabilidad.

Esta Superintendencia cuenta con funciones importantes y necesarias para poder lograr su finalidad: el acceso a la justicia. Así, entre estas se encuentran, por ejemplo, supervisar los servicios de acceso a la justicia, diseñar y mantener programas de información pública sobre los derechos de las personas y garantías constitucionales, aprobar los estándares mínimos en materia de acceso a la justicia de defensa pública, así como brindar capacitaciones y asistencia técnica, entre otros. Asimismo, es importante señalar que también cuenta con facultades de fiscalización de los servicios de defensa pública. 

La Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la justicia ambiental

En nuestro país, los asuntos judiciales por violación a derechos ambientales han dejado de ser una excepción. Los últimos años, la ciudadanía ha podido acceder a información a través de medios de comunicación e incidencia pública sobre casos de contaminación ambiental aún no resueltos con afectación a la vida y salud de las personas, crímenes en contra de defensores ambientales, casos ambientales que han tenido que ir al fuero internacional por no encontrar justicia en nuestro país. Así, esto solo es sintomático de un problema más profundo en nuestro país: la falta de acceso a la justicia ambiental.

Si bien, en nuestro país existía la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado ha previsto dar un paso más y crear un organismo independiente que pudiera contar con mayores herramientas para poder garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, se ha convertido en una necesidad en América Latina en diversas materias como criminalidad, seguridad ciudadana, violencia contra la mujer, y por supuesto, en materia ambiental. Cómo se desarrolló en la reciente publicación de la SPDA sobre acceso a la justicia, “Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe”, diversos países de la región han modificado sus sistemas de justicia o implementado herramientas que permitan a la ciudadanía a acceder a justicia ambiental, para poder hacer frente a los desafíos por la vulneración al derecho a gozar de un ambiente sano. 

Para el caso peruano, la creación de esta Superintendencia y su implementación podrían sumarse a la relación de buenas prácticas para fortalecer dicho derecho porque los asuntos ambientales requieren de una justicia especializada al involucrar no solo el análisis constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano, sino su relación y articulación con regulación sectorial sobre recursos forestales, hídricos, actividades extractivas, entre otros. En ese sentido, se torna necesario que la población más vulnerable pueda contar con una asistencia que les permita defender su derecho a gozar de un ambiente sano.

En atención a ello, es importante que, en la regulación que se desprenda de la creación de la Superintendencia, los asuntos ambientales no queden de lado, y por el contrario sean incluidos y reconocidos como un tema importante para el país, estableciendo disposiciones y mecanismos de acceso específicos sobre la materia, de manera que, para la ciudadanía quede completamente claro que esta Superintendencia también puede atender los casos de violación a nuestros derechos humanos ambientales, y se constituya como una herramienta que podamos usar.