El pasado 19 de diciembre de 2025, las víctimas de contaminación en La Oroya enviaron una carta al presidente de la República, José Jerí, para solicitar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ordenó al Estado peruano –en marzo de 2024– la adopción de medidas integrales de justicia y reparación.

En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso “La Oroya vs Perú” hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones.

“Señor presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar veinte años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, siete personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud, producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia”, señalan las víctimas.

Según informaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organizaciones que han acompañado este caso, este pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos, están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.

Sin embargo, las víctimas y las organizaciones civiles enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, porque no existe impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento. Un paso indispensable para concretar esto es la pronta publicación de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado.

“Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio”, dijo Rosa Peña, abogada sénior de AIDA.

[Ver además ► La Oroya: testimonios de víctimas de la contaminación y la injusticia]

Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de Aprodeh, resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país. “De las disposiciones ordenadas por la corte, varias tienen relevancia a nivel nacional; es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos”.

Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

AIDA y Aprodeh señalan que este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de veinte años de proceso judicial, las víctimas esperan que el Estado peruano garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Cabe resalta que las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteraron su disposición para colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.

 

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