Por Jaime Tranca*

 

El 1 de setiembre de 2014 fue un día que marcó de manera profunda a las comunidades nativas de Perú. Cuatro líderes indígenas ashéninkas fueron asesinados en medio del bosque. Entre las víctimas estaba Edwin Chota, quien era conocido –incluso a través de medios como el New York Times– por denunciar frecuentemente la presencia de taladores ilegales dentro de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo (Ucayali), cerca de la frontera con Brasil.

Junto a Chota estaban Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Los cuatro se dirigían a la comunidad nativa Apiwtxa, ubicada en el Estado de Acre (Brasil), con el fin de reunirse con sus hermanos brasileños para tratar asuntos como la tala ilegal y titulación de tierras. El encuentro se realizaría entre el 2 y 3 de setiembre de 2014; sin embargo, los ashéninkas nunca llegaron a su destino.

Tras navegar por horas desde Alto Tamaya-Saweto, desembarcaron en el sector conocido como “Varadero”, y de ahí continuaron a pie. En ese trayecto fueron emboscados y asesinados con escopetas, luego –en un intento por desaparecer los cuerpos– los criminales los descuartizaron y les prendieron fuego.

A la misma reunión fueron otros compañeros de Saweto, quienes viajaron a Brasil dos días antes. El 4 de setiembre, al ver que no llegaban los otros dirigentes a la comunidad brasileña, decidieron regresar a Perú. En el camino, el 5 de setiembre, tras observar gallinazos que revoloteaban en una zona, se encontraron con la escena del crimen. Entre algunos restos pudieron identificar a Edwin Chota, y de inmediato dieron aviso a la comunidad. Luego la noticia se expandió por todos los puntos cardinales.

El largo camino para encontrar justicia

El caso Saweto llamó la atención mundial debido a la crueldad del hecho, y porque se trataba de un crimen contra líderes indígenas que ya habían advertido el peligro que corrían. Ellos denunciaron, más de una vez, que taladores ilegales invadían su territorio para extraer madera. Por este abierto reclamo, fueron amenazados, y a pesar de que el Ministerio del Interior les otorgó garantías personales, fueron ultimados.

Tras el asesinato, los familiares de las víctimas, las organizaciones indígenas y civiles, así como organismos internacionales exigieron que se haga justicia, pero esta llegaría después de once años. En el tiempo de espera, falleció Adelina Vargas, viuda de Francisco Pinedo, en el 2022; además, Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, perdió en el 2020 a su hijo de seis años, quien tenía el mismo nombre que su padre.

Según la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta fueron los autores mediatos de los homicidios, mientras que Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix fueron señalados como coautores de los asesinatos. Es decir, los dos primeros dieron la orden, y los otros tres cometieron los homicidios.

En febrero de 2023, a nueve años del crimen, el Poder Judicial dictó una sentencia en primera instancia contra los señalados como responsables del crimen: 28 años de prisión efectiva, y el pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil en favor de los deudos. Sin embargo, en agosto del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la condena debido a presuntas irregularidades en el proceso judicial.

Tras un nuevo proceso iniciado en noviembre de 2023, la sentencia llegó en abril de 2024. Los hermanos Atachi Félix, Soria Flores y Estrada Huayta fueron condenados, en primera instancia, a 28 años y tres meses de prisión efectiva. En el caso de Mapes Gómez, fue declarado reo contumaz (prófugo) por no haberse presentado al juicio oral.

Casi año y medio después, en agosto de 2025, los cuatro acusados fueron sentenciados en segunda instancia, por homicidio calificado con alevosía. La condena de 28 años y tres meses fue ratificada, incluso la reparación civil se incrementó de 200 mil a 400 mil soles.

¿Por qué Saweto es clave?

La lectura de la sentencia en segunda instancia fue seguida por los familiares de las víctimas, así como por organizaciones indígenas y civiles, además de organizaciones internacionales, debido a lo trascendente del caso y porque podría marcar una pauta para procesos similares. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), solo en los últimos diez años, más de 35 defensores indígenas fueron asesinados, y estos homicidios continúan impunes.

Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, señala que el caso Saweto “ejemplifica la lucha del movimiento para que no haya impunidad por el asesinato de los líderes indígenas que defendieron su territorio”. Asimismo, explica que es importante visibilizar que los líderes y los familiares “se están enfrentando a economías ilegales que tienen mucho poder”. Este poder, asegura, logró que el caso se haya alargado por los obstáculos que puso la defensa de los ahora sentenciados.

Por su parte, Mariano Castro, abogado experto en gestión y derecho ambiental, reafirma lo dicho por Trujillo, y agrega que el caso resalta porque “significó un referente para la justicia intercultural, ya que la sentencia y varias etapas de las audiencias fueron desarrolladas en el idioma ashéninka. Además, es emblemático porque abre una ruta para otros casos de defensores indígenas y ambientales asesinados hasta la fecha”.

Según un informe de Global Witness, solo en el 2024 fueron asesinados cuatro líderes indígenas en Perú, lo que coloca al país entre los ocho más letales del mundo para defensores ambientales, junto con Colombia, Guatemala, México, Brasil y Filipinas. Además, entre 2012 y 2024, la misma organización ha documentado al menos 62 asesinatos de defensores ambientales en Perú, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas que enfrentan actividades como la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en sus territorios.

“Tenemos más de 35 líderes asesinados, y hasta ahora ni siquiera se llega a investigar”, afirma Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, indígena shipibo-konibo que también ha sufrido amenazas de muerte. “Saweto abre una puerta para más casos”, agrega y recuerda el dolor de las viudas y familiares de las víctimas que tuvieron que buscar justicia lejos de su comunidad, viviendo fuera de sus hogares. “No es lo mismo vivir en una ciudad sin recursos, sin apoyo de las autoridades, y por eso es importante resaltar el apoyo de la cooperación internacional. Sin ello, el caso no hubiera llegado a una sentencia”, explica.

Para Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el caso Saweto puede verse como un hecho positivo respecto al logro de justicia, pero señala que es inevitable observar “la falta de rapidez en la priorización de algo tan crítico como el asesinato de estos líderes”. “Creo que sí es emblemático, se logró una sentencia, pero se debió actuar de una forma más rápida y con un acceso a la justicia mucho más eficiente”, puntualiza.

 

“Tenemos más de 35 líderes asesinados, y hasta ahora ni siquiera se llega a investigar”, afirma Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, quien también ha sufrido amenazas de muerte.

 

Actividades ilegales en la mira

En octubre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el tercer informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en América. En el caso peruano resaltó el incremento de las actividades ilegales en el territorio, como la minería ilegal y narcotráfico, lo cual está causando la muerte de líderes de las comunidades.

Al respecto, indica que las muertes de defensores indígenas –registradas por Aidesep– están asociadas a las actividades como “tala y minería ilegal, el narcotráfico, las empresas extractivas, la construcción de pistas de aterrizaje y caminos, así como a las concesiones forestales y mineras otorgadas por el Estado, entre otras causas”.

En el caso Saweto, las muertes están relacionadas con la tala ilegal dentro de los territorios indígenas, pero también con la falta de titulación de comunidades nativas. Edwin Chota y sus compañeros solicitaron la titulación de Alto Tamaya-Saweto para tener seguridad jurídica sobre tu territorio, y solo después de su muerte, precisamente en el 2015, la comunidad fue finalmente titulada.

“Saweto [los asesinatos] ocurre debido a la falta de titulación del territorio de los pueblos indígenas, en este caso de la comunidad. El Estado tenía conocimiento de estas amenazas. Lamentablemente no tomó medidas efectivas en su momento y ahora sabemos las consecuencias”, subraya Rocío Trujillo y espera que, a partir de este suceso, “también se puedan generar políticas públicas en favor de los derechos de los pueblos indígenas, y los defensores del territorio”.

Silvana Baldovino resalta que el incremento de actividades ilegales, en la actualidad, “es muy difícil de parar, y necesitaríamos un mecanismo o esquemas mucho más fuertes como país para combatir esa realidad”.

“Este caso fue tala, pero también existen la minería ilegal y narcotráfico. Entonces, es un esquema de ilegalidad que está avanzando, que viene acaparando y amenazando los recursos naturales, y creo que eso es lo que tenemos que enfrentar como país”, agrega.

Para Mariano Castro, “nada será viable, ninguna política pública, proyecto de inversión, plan de vida de los pueblos indígenas, si es que no se enfrenta en manera efectiva las actividades ilegales”, que en muchos casos son manejadas por mafias internacionales. “El Estado debe garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de derechos. Esto no está ocurriendo. El mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos requiere recursos suficientes y, sobre todo, voluntad política y capacidad de gestión de un conjunto de sectores”, explica.

Una ruta para la justicia indígena

Según Silvana Baldovino, el caso Saweto puede servir como precedente para otros casos similares, como el de Quinto Inuma, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu (San Martín), asesinado en noviembre de 2023, después de denunciar tala ilegal en su territorio. Sin embargo, la especialista agrega que aún falta que la sentencia sea efectiva, en referencia a que ningún implicado está tras las rejas.

“[El caso] te da la luz que debes seguir para lograr esa justicia que buscan los familiares, pero hay que considerar que los procesos son muy largos, los costos son muy altos y los niveles de intervención de las organizaciones y de todos aquellos que los acompañan son de larga lucha”, reflexiona.

Baldovino también menciona que es necesario entender que el proceso judicial avanzó porque hubo mucho apoyo de varios actores, entre ellos organizaciones indígenas y civiles. Aunque afirma que “lo ideal es que los procesos avancen cuando tengan que avanzar y que la justicia llegue sin tener a un colectivo tan grande detrás”.

Miguel Guimaraes también resalta el apoyo que recibieron de parte de varios aliados en la última década. En ese lapso, explica, la cooperación internacional pudo apoyar con recursos para alimentación y techo seguro para los familiares de los líderes indígenas. “Ese rol debería asumirlo el Estado peruano, pero no lo está haciendo. Siempre dicen que no hay recursos para estos temas. Entonces, ante la ausencia del Estado, están presentes los aliados que siempre están pendientes”.

Para Mariano Castro, el proceso demoró demasiado. Sin embargo, considera que servirá para otros casos que están todavía pendientes, aunque se repiten algunas condiciones, como la lejanía de las comunidades, la falta de recursos económicos, la falta de traductores, entre otros.

“Ha habido un rol muy importante de las organizaciones indígenas regionales y nacionales. Pese a eso, es clarísimo que diez años de demora no son nada justificables. Esto significa una grave situación de ineficiencia y de dificultades de acceso a una justicia ambiental”, recalca.

 

Según un informe de Global Witness, solo en el 2024 fueron asesinados cuatro líderes indígenas en Perú, lo que coloca al país entre los ocho más letales del mundo para defensores ambientales, junto con Colombia, Guatemala, México, Brasil y Filipinas.

Una herida abierta

Tras la sentencia, Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos expresó su temor a que los sentenciados huyan de la justicia. Por ello pidió a las autoridades la inmediata captura de todos los implicados. “Yo no voy a cansarme, la justicia se tiene que lograr”, dijo, y reclamó apoyo del Estado, especialmente en temas de seguridad, porque hasta ahora ella y los demás familiares temen por su vida.

Tres meses después de la sentencia en segunda instancia, los cinco implicados en el asesinato de los cuatro líderes indígenas continúan prófugos. Los familiares de los deudos y las organizaciones como Aidesep han pedido al Ministerio del Interior la captura de los sentenciados, pero no hay resultados.

Miguel Guimaraes reafirma que, al no estar en prisión, los sentenciados representan una constante amenaza para los deudos. “Es una situación preocupante, difícil, para las hermanas [viudas], para la propia comunidad que sigue enfrentando amenazas dentro de la comunidad. […] Siempre el tema es que no hay voluntad política, no hay recursos para investigar”.

El dirigente de Aidesep indica que el caso Saweto falta todavía cerrar, y esto se lograría con “arrestar a los asesinos para que ya puedan pagar su condena. Se tiene que llegar a identificar dónde están. De repente ya están fuera del país, no sabemos. Esa es la preocupación de las viudas”.

A la falta de captura de los sentenciados, Rocío Trujillo agrega que también hace falta socializar y validar el Plan de Acción Saweto, un documento que tiene como objetivo garantizar justicia, reparación y seguridad para los deudos.

“El Plan de Acción Saweto tiene que validarse conjuntamente con la comunidad y las organizaciones indígenas. Además, este plan tiene que incorporar el plan de vida de la comunidad. El Estado tiene una deuda que cumplir, a la luz también de los tratados internacionales. Entonces, creo que es importante visibilizar esos puntos para lograr una verdadera justicia”, indica la abogada de Aidesep.

Finalmente, Mariano Castro, destaca que no basta con la sentencia, sino que es fundamental que el Estado esté presente en los territorios, y que haya una respuesta efectiva y oportuna en situaciones de amenazas porque estas “se van a seguir repitiendo”.

 

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