Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el mayor número de conflictos en el Perú están relacionados con los asuntos ambientales, y de estos, el mayor porcentaje está relacionado con la minería.
Uno de los retos del nuevo Gobierno será conciliar el crecimiento económico reflejado en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y de la industria extractiva, pero con respeto de los estándares y normas ambientales y sin generar conflictos socioambientales.
Durante el último Gobierno, el desarrollo de conflictos ha limitado los proyectos de inversión que se tenía previsto realizar y los derechos de los ciudadanos. Entre los casos más resaltantes podemos encontrar dos en el sector minero: Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.
¿Cuáles fueron las propuestas de Peruanos por el Kambio para gestionar o evitar conflictos sociales?
En su plan de gobierno, el partido ganador de las elecciones presidenciales propuso lo siguiente:
- Implementar mecanismos para mejorar la relación empresas y las zonas de influencia. Para ello existe una propuesta de cambio en la Ley General del Canon, de tal forma que beneficie a las comunidades aledañas a los proyectos, sin afectar la distribución del canon a las regiones.
- Invertir a nivel social y en infraestructura. “Estas deberían de incluir, colegios, postas médicas, afirmado y viviendas para sus pobladores y sus familias”.
- Aplicar la Consulta Previa para Pueblos Indígenas.
- Crear el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de los Conflictos Sociales. Este será un sistema de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos sociales.
- Asegurar el cumplimiento de las normas ambientales (fiscalización ambiental).
¿Qué opina la SPDA sobre estas propuestas?
La SPDA analizó ocho planes de gobierno y estas fueron las conclusiones respecto al tema de conflictos sociales:
Consulta Previa
Los planes de gobierno reafirmaron la aplicación de la Consulta Previa al ser un derecho contemplado en la Ley y un compromiso asumido por el Estado peruano a nivel internacional. Peruanos por el Kambio se refirió a la necesidad de continuar con la implementación de la consulta previa.
Sin embargo, falta saber cómo el nuevo Gobierno conciliará esto con el enfoque de promoción de inversiones y destrabe de trámites propuestos por varios de los candidatos. Además, es necesario saber qué medidas se proponen para fortalecer y mejorar el proceso de consulta previa ya reconocido por el Perú a nivel internacional y nacional, o qué sanciones o consecuencias se aplicarán cuando se incumpla con su aplicación por parte de los privados y del propio Estado.
Participación ciudadana
En los planes de gobierno no se encontró mayor reflexión sobre los procesos de participación ciudadana, mecanismos que suelen ser criticados y que en muchos casos no han sido suficientes para resolver las dudas ambientales de los ciudadanos frente a determinados proyectos. Consideramos que un proceso de participación ciudadana bien llevado, con diálogo, transparencia e información de calidad y oportuna, puede ser un factor clave para la reducción de los conflictos socioambientales.
El nuevo Gobierno debe responder a las preguntas: ¿Cómo se logrará que los actores involucrados confíen más en estos instrumentos ambientales? ¿Cómo evitar que las propuestas de agilizar trámites y reducir plazos no afecten importantes etapas como la participación de la población durante la elaboración, evaluación y ejecución de los estudios de impacto ambiental?
Fortalecimiento de la fiscalización
Uno de los temas más cuestionados durante el Gobierno del presidente Humala ha sido la aprobación de la Ley 30230, que establece que durante tres años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará la imposición de medidas correctivas por encima de las sanciones, de manera que durante este periodo el Estado no ha sancionado en todos los casos sino solo de manera excepcional. Esta moratoria vence en el 2017 y es indispensable que el próximo Gobierno tenga claridad en relación a los que sucederá el próximo año.
Es importante resaltar que Fuerza Popular sostuvo la necesidad de ser drásticos en aplicar las penalidades consignadas en la legislación vigente, que irán desde una multa severa hasta la caducidad de la concesión. Incluso hace referencia a la necesidad de fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental. Además, Fuerza Popular trajo un tema importante: determinar la caducidad de un derecho, por ejemplo el de una concesión minera, por incumplimiento de la legislación ambiental.
Por su parte, el Frente Amplio propuso la implementación de una Norma de Monitoreo Ambiental Ciudadano y Comunitario independiente. Al respecto, debemos considerar que en la normatividad vigente se ha establecido la posibilidad de realizar monitoreo comunitario participativo a cargo del OEFA, por tanto se requiere precisar cómo es que la propuesta se vincula con la regulación ya existente.
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