Según Carlos Trinidad, asesor de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Estado está obligado a implementar incentivos para la conservación ambiental, pero hasta ahora no ha cumplido su labor. Estas políticas públicas buscarían favorecer a los empresarios, comunidades y privados con reducción de impuestos para inversiones en preservación ambiental.

Trinidad asegura que no hay regímenes destinados a conservación ambiental, como sí existe para preservación de la Amazonía. Así, una concesión de ecoturismo en Loreto solo pagaría 5% de impuesto a la renta, mientras que la misma iniciativa en Huaraz tributaría 30% bajo el mismo concepto.

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El especialista agrega que existe un marco confuso para las empresas que se interesen por invertir en conservación ambiental. La cantidad de regímenes especiales de tributación hace que un empresario no tenga claras las “reglas de juego”: puede que su inversión se acoja a beneficios o que otras instancias del Gobierno le pongan trabas. Por ello solo dos empresas en el Perú invierten en este rubro.

En sus recientes publicaciones, Trinidad asegura que “no existen mecanismos tributarios que promuevan la inversión de empresas en materia de conservación”. Una de sus publicaciones desarrolla 10 propuestas legales para generar beneficios de impuestos sin la necesidad de crear o modificar leyes.

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