Escribe Pedro Solano / Director Ejecutivo – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
“veintitrés años que llegué a esta ciudad, antes todo esto era sólo un maizal, más de una vez mandaron desalojar, pero mi estera no se movió de acá”.
Así empieza el último disco de La Sarita llamado “Identidad”, y la identidad de la que hablan, es por supuesto una repleta de gente pujante que lucha por su familia con sacrificio, alegría y trabajo, aunque también con actos ilegales.
Me explico: si alguien invade un “maizal” que es un terreno cultivado con maíz, los cultivos seguramente tienen un propietario y la tierra también. El dueño, buena o mala gente, reclama, va a la justicia, logra órdenes judiciales de desalojo, pero como dice la canción “la estera no se movió”. Capítulo siguiente, un alcalde, congresista o autoridad atiende la demanda popular y las esteras empiezan a cambiarse por adobe o cemento-asentamiento humano-pistas-luz-agua y desagüe-centro poblado o distrito-programa de titulación-fin de la historia de éxito. El Perú avanza.
Moraleja: el camino al ansiado título es invadir, pelear, reclamar, demandar, obtener. Cuesta mucho trabajo a quien va por esta vía, pero la historia demuestra que el resultado se logra y hasta se canta, aún a costa de vulnerar los derechos de otros, del desorden urbano y de sacrificar áreas agrícolas para la sostenibilidad alimentaria.
Si vemos la problemática de la minería ilegal, hablamos también de peruanos trabajadores que desarrollan una actividad para salir adelante con sus familias a puro empuje y muchas veces a costa de su salud; pero lamentablemente afectando derechos de otros, poniendo en riesgo el ambiente y la salud, en base a una ilegalidad tras otra, y sin pagar impuestos, que es la manera en que todos pagamos el desarrollo de todos.
[pullquote]La idea de sólo “cumplir” la ley no contribuye en si misma a una sociedad más justa, para ello se requiere, además, de una cuota alta de voluntad y de asumirnos todos como miembros de una misma comunidad.[/pullquote]Calles tomadas por comercio ambulatorio, bloqueo de pistas, no dar boleta o factura, películas pirata, coima: es la cultura de la ilegalidad, así somos ricos y pobres, los del campo y los de la ciudad, los Maldini y los Gonzáles, así somos. Algunas de estas actividades son rechazadas por algunos, otras practicadas por casi todos. Todas son ilegales, parte de nuestra cultura e identidad, como dice La Sarita.
En paralelo a la cultura de la ilegalidad vive también entre nosotros la cultura de la legalidad y ahí también está nuestra identidad. Basada en cumplir normas y repudiar al que no lo hace, en creer que el cumplimiento de leyes representa el bien común y que aquel que no las cumple perjudica a nuestra sociedad en su conjunto. Y entonces no asaltamos o golpeamos gente; no abandonamos hijos; no cuestionamos tener un DNI o pagar entrada para el cine; creemos en el trabajo como la mejor manera de sacar adelante nuestras familias. Cuando alguien se sale de esa línea, merece nuestro repudio.
El gran reto de construir un Estado de Derecho no es solamente que la cultura de la legalidad le gane a la cultura de la ilegalidad, sino que la institucionalidad construida para la primera permita que cualquier persona pueda acceder y avanzar dentro de ese marco de legalidad. El matiz adicional es que la “legalidad” debería ser asumida como un punto de partida para construir institucionalidad en base a otros valores como la ética y la solidaridad. La idea de sólo “cumplir” la ley no contribuye en si misma a una sociedad más justa, para ello se requiere, además, de una cuota alta de voluntad y de asumirnos todos como miembros de una misma comunidad.
INSTITUCIONALIDAD DE LA ILEGALIDAD
Si las instituciones y las normas legales son poco claras, inaccesibles o aplicadas con niveles de corrupción e incompetencia probablemente la respuesta de los informales o marginados será seguir apostando por la cultura de la ilegalidad. Si lo “legal” no sirve para forjar una sociedad más justa, la cultura de la ilegalidad seguirá siendo una opción; y para ello se sumergirá en la institucionalidad creada por la cultura de la ilegalidad.
En esta institucionalidad “bamba” hay procesos, reglas, jerarquías y actores, desde los bien intencionados hasta los muy mal intencionados. Los primeros son los marginados del sistema que aspiran a mejorar sus vidas con trabajo pero que les resulta muy complicado por la vía legal. Los segundos son los que montan un negocio en base a esta demanda, burlándose a toda conciencia del Estado de Derecho, de los derechos de terceros y del bien común. Se mueven por intereses económicos o políticos. El invasor del maizal requiere entonces de esta institucionalidad paralela para avanzar y ello implica traficantes de tierras, matones contratados, autoridades incapaces o cómplices.
CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES Y LA CULTURA DE LA ILEGALIDAD
Los conflictos socio ambientales crecen en el país y todos los días los diarios nos cuentan de un nuevo brote de violencia con factores más o menos comunes: pobladores y autoridades locales que se sienten afectados por decisiones de gobierno o por las operaciones de empresas y entonces bloquean carreteras, afectan la propiedad privada y el libre tránsito, piden y abandonan mesas de diálogo, suspenden obras, logran que se revisen evaluaciones técnicas y luego probablemente vendrán acuerdos económicos y sociales, mejores condiciones ambientales, y algo de paz (ojalá).
[pullquote]Si apostamos por la revisión del conflicto más allá del conflicto y generamos un mejor sistema de evaluación de impacto ambiental con mejor información y participación directa de las poblaciones locales en los beneficios económicos, incluyendo un mejor sistema para canalizar reclamos y dudas; tal vez la población afectada no canalizará su frustración dentro de la cultura de la ilegalidad.[/pullquote]El saldo de todo esto es triste, doloroso. De manera alarmante siempre hay muertos y heridos, daños enormes al patrimonio, tiempo invertido en destruir en vez de construir. Empresas que cumplen o incumplen sus obligaciones y confunden lo legal con lo correcto. Líderes con posiciones ideológicas a los que parece no importarles la solución sino básicamente el conflicto en sí. Todos forman parte de esta nueva institucionalidad que avanza, se posiciona y funciona: la cultura de la ilegalidad.
La estrategia para enfrentar los conflictos entonces debe incluir en paralelo una revisión de la institucionalidad y de los procesos legales no utilizados. Si apostamos por la revisión del conflicto más allá del conflicto y generamos un mejor sistema de evaluación de impacto ambiental con mejor información y participación directa de las poblaciones locales en los beneficios económicos, incluyendo un mejor sistema para canalizar reclamos y dudas; tal vez la población afectada no canalizará su frustración dentro de la cultura de la ilegalidad. Entonces el canto popular del nuevo disco de un tiempo próximo podría ser el de aquel que construyó su casa y sacó adelante a su familia utilizando medios legales y sin afectar el bien común. Con empresas que cumplen la ley y además hacen lo correcto, que asumen que deben ser parte de la comunidad. Con autoridades que defienden y promueven el interés público sobre el privado. Y en ese caso, bailaremos todos.
Foto: Thomas Muller / SPDA
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Estimado Pedro;
Leí tus reflexiones con atención e interés. En general, concuerdo con tus opiniones que, además, considero que las expresas muy bien.
Lo que te ha faltado es darle una cierta dimensión histórica al tema. La ilegalidad es la manera como se ha construido este país desde el poder. Ahora los que nunca han tenido poder lo consiguen uniéndose y realizando todos los actos que tú mencionas: tomas de tierras, bloqueos de carreteras y un latgo etcétera. Las haciendas se construyeron sobtre tierras que le quitaron a las comunidades indígenas costeñas y andinas. El auge de la explotación de caucho quitó más que tierras, ya que robó la dignidad de la gente convirtiéndola en esclava y quitó la vida de muchas personas. El silencio histórico o, peor aun, la deformación de los hechos, oculta la realidad y hace aparecer como patriotas y civilizadores a quienes asesinaron a los indígenas o en todo caso se hicieron de la vista gorda por los beneficios que conseguían.
Para venir más cerca en el tiempo, el Convenio 169 de la OIT tiene a la fecha 18 años de vigencia y jamás ha sido aplicado, y los dos únicos casos que pueden calificar como consultas previas que cumplieron con el requisito de llegar a acuerdos entre las partes, que fueron los procesos de categorización de las zonas reservadas de Santiago-Comaina y de Güeppí, fueron descaradamente desconocidos por el Estado que, a los pocos meses de la firma de los acuerdos, entregó parte del área de la primera a una empresa canadiense para extraer oro en la Cordillera del Cóndor y, en el segundo, a una compañía de hidrocarburos brasileña. También, por supuesto, no debemos olvidar los decretos del ex prsidente García, 104 en total, la mayoría de los cuales anticonstitucionales y violatrorios derechos. Cerca de 10 de ellos violaban derechos indígenas reconocidos en la Constitución (¡la de Fujimorim que de por sí es bastante flaca en este aspecto!), la ley de comunidades nativas de 1978 y el Convenio 169. Cuando se habla de los mineros ilegales de Madre de Dios creo que se hacen generalizaciones y no se identifica bien a los responsables. Durante años el Estado se ha limitado a aprobar petitorios mineros a diestra y siniestra sin exigir ningún tipo de cuidados ambientales ni sociales. Han pasado más de 40 años de esta dinámica y las cosas se han desbordado. Ahora es más difícil revertir la situación. Esto, a mi juicio, debería comenzar por un sincero reconocimiento del Estado sobre la responsabilidad que le cabe en este asunto. Pero no es así, el Estado no dice nada acerca de su responsabilidad y desarrolla un discurso que no parte del análisis de las causas reales del problema. Sobre esto, es evidente que dragas que cuestan 200,000 dólares o más no son financiadas por “pequeños mineros”. Hay que responder también con una investigación sobre quiénes son los que están detrás de esto.
El caso del tránsito es tambipej unproblema generado por la ilegzlidad. ¿No es el gobierno de Fujimori, con su política de permitir la importación indiscriminada de vehículos usados y la creación de cientos de líneas urbanas, responsable de que las cosas hayan llegado a la situación actual?
El tema de la ilegalidad es, efectivamente, tremendo en el país pero las causas radican en un Estado que manipula la legalidad de acuerdo a sus conveniencia y a las de los grupos de poder que sirve. Los sectores populares no son más que alumnos de la escuela. Frente a la indiferencia del Estado a sus reclamos, toman lamentablemente medidas de fuerza que dejan saldos trágicos.
Saludos cordiales,
Alberto Chirif