Escribe: Luis Zari* / Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA

Cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre como una forma de celebrar la flora y fauna silvestre que tenemos y, al mismo tiempo, de tomar conciencia sobre la urgencia de adoptar y reforzar medidas que protejan a las especies frente al tráfico ilegal.

En el Perú, hemos tenido casos emblemáticos vinculados a la tala ilegal, la minería o la contaminación. Sin embargo, en el caso de fauna silvestre, pese a que se conocían sus implicancias criminales, no se contaba con evidencia pública que expusiera con nombres, datos y cifras, que este delito articula conexiones internacionales, redes de corrupción y se aprovecha de una débil institucionalidad para lucrar a costa de nuestra biodiversidad.

(Entre 2010 y 2025, se incautaron en Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú más de 46 millones de animales, casi 3 millones por año en promedio. Esta cifra es más de una y media veces los registros con los que cuenta la ONU, reveló una investigación internacional en la que participó OjoPúblico en 2025).

Así, tanto en 2025 como en este inicio de 2026, se han destapado redes de crimen organizado que involucran presuntamente a funcionarios públicos, empresarios y zoocriaderos. Estos casos han confirmado que el tráfico de fauna no es un fenómeno aislado, sino una actividad estructurada definitivamente que debe enfrentarse con contundencia y con un enfoque que también considera a las comunidades que dependen de los recursos naturales.

El 2025 dejó, además, un avance importante en la lucha contra estas amenazas: dos especies de perezosos de dos dedos fueron incluidas en el Apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que supone una mayor protección para sus poblaciones. Desde ahora, su comercio internacional exige permisos específicos y la acreditación de que su exportación no pone en peligro a la especie, lo que representa mayores garantías para evitar un comercio descontrolado.

Buenas noticias no bastan

Parece que cada vez contamos con más información sobre el impacto de este delito y que algunas medidas de protección se han fortalecido, como ocurrió en 2022, cuando el tráfico de fauna fue incorporado en los alcances de la ley contra el crimen organizado. Esto permite utilizar herramientas, como el agente secreto y levantar el secreto bancario, y establecer penas más severas. No obstante, persisten retos urgentes, no solo para prevenir y sancionar este delito, sino para garantizar una protección integral de la fauna silvestre en el país.

En materia de exportaciones, falta un procedimiento más estricto para aquellas especies que no están incluidas en los Apéndices de CITES. Actualmente estas especies no requieren un permiso de exportación específico y, en muchos casos, basta con presentar documentos comerciales, como una factura, para que puedan salir del país.

En el caso de los perezosos, el control será ahora más riguroso; sin embargo, es indispensable fortalecer el control del comercio internacional de todas las especies, incluso de aquellas no incluidas en CITES, tal como lo establece la Estrategia Nacional para la Reducir del Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre (2017-2027).

Esta estrategia es el principal instrumento normativo específico para combatir esta actividad y, a la fecha, solo contó con un plan de acción que tuvo una vigencia de cinco años hasta 2022, y que aún no ha sido actualizado. Los planes de acción son los documentos que establecen actividades, metas y productos concretos para implementar los lineamientos de la estrategia.

Asimismo, a la propia estrategia le queda apenas un año de vigencia. Si no se prioriza su actualización y ampliación, existe el riesgo de que sea absorbida por políticas nacionales más amplias, como la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, lo que podría diluir sus objetivos específicos, reducir presupuesto y debilitar la articulación interinstitucional necesaria para enfrentar este delito.

Por otro lado, casos como el derrame de petróleo en 2022, que afectó a cientos de animales, o los reiterados episodios de crueldad contra la fauna silvestre, ponen en evidencia la necesidad de incorporar el bienestar animal en la discusión pública y legislativa de manera integral, y no limitarlo a animales domésticos o de granja como perros, gatos o vacas.

Debemos reconocer a la fauna silvestre como seres sintientes y establecer estándares claros para prevenir y sancionar actos de crueldad en contextos donde los animales viven en libertad. Actualmente, no existe una definición específica sobre qué constituye crueldad contra la fauna silvestre en su hábitat natural.

Esta situación también evidencia la falta de centros de rescate administrados directamente por el Estado. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que corresponde a las autoridades regionales implementar estos centros; sin embargo, no contempla que el Serfor pueda autorizarlos y gestionarlos de manera directa como centros de cría públicos.

Los centros de rescate son espacios destinados a la recuperación y rehabilitación de fauna silvestre afectada por el tráfico ilegal o por emergencias como incendios o derrames. Al no existir centros públicos, muchos especímenes quedan desatendidos o dependen exclusivamente de centros privados que operan con presupuestos limitados y capacidad reducida.

El riesgo está en todos lados

Debemos entender el tráfico de fauna silvestre no solo como un problema ambiental, sino como un problema que afecta a los animales y a las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas tienen origen en animales domésticos o silvestres, y esto se da por el aumento del contacto entre personas y animales.

Este riesgo aumenta con la intensificación del contacto entre personas y fauna, así como con los cambios en el uso del suelo, que acercan reservorios de enfermedades a zonas habitadas. Enfermedades como la rabia o la hepatitis pueden transmitirse por el contacto con primates durante su manipulación, transporte u otras actividades vinculadas al comercio ilegal.

Este enfoque de interdependencia entre la sanidad animal, humana y ambiental es conocido como “Una sola salud”, y busca abordar estos problemas de manera articulada. En Perú, si bien han habido avances entre distintos sectores para evaluar su implementación, aún no se cuenta con un instrumento rector que establezca responsabilidades, protocolos y acciones claras para aplicar este enfoque de manera multisectorial y multinivel.

Existen esfuerzos en esta línea por parte de Serfor, que recientemente lanzó una iniciativa para promover una mejor coexistencia entre humanos y fauna silvestre marina y reducir prácticas recreativas que ponen en peligro a personas y especies como tortugas o lobos marinos.

Como ciudadanía, también debemos revisar nuestras propias prácticas cuando interactuamos con fauna silvestre, ya que algunas pueden incentivar el comercio ilegal o la domesticación indebida, como el turismo de manipulación de animales, la alimentación directa a la fauna o el consumo de productos de origen animal cuya procedencia desconocemos.

Las estrategias de cambio de conducta para reducir la demanda del comercio ilegal son iniciativas muestran que es necesario pasar de campañas generales de sensibilización a mensajes específicos, dirigidos según el perfil del consumidor y el tipo de producto.

Un estudio reciente, realizado con más de 2 mil personas, evidenció que informar adecuadamente sobre la crueldad de los métodos de caza y extracción, los riesgos sanitarios y el impacto en los ecosistemas reduce en un 50% la probabilidad de consumo de esos productos.

El 3 de marzo no deberían ser solamente fechas para celebrar, sino también para exigir medidas concretas y asumir compromisos. Necesitamos más buenas noticias, sí, pero que no sean excepciones sino la regla: políticas públicas especializadas,, presupuesto suficiente, respuestas diferenciadas para el crimen organizado y el comercio local, centros de rescate públicos, incorporación  del bienestar animal en la normativa sobre fauna silvestre y una aplicación efectiva  del enfoque de “Una sola salud”.

Proteger nuestras especies es proteger nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. Que la próxima conmemoración no nos encuentre repitiendo pendientes, sino celebrando decisiones firmes y coherentes con la magnitud del desafío que enfrenta nuestra vida silvestre.

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* Este artículo fue publicado originalmente en el portal de investigación Ojo Público.