En enero de 2022, el derrame de cerca de 12 mil barriles de petróleo sobre el mar peruano afectó la biodiversidad y la salud de personas. Cientos de hectáreas de mar y tierra impactados por el crudo, desde Ventanilla (Callao) hasta Aucallama (Huaral), causaron la muerte de aves y mamíferos, y puso en riesgo la vida de cientos de personas que, además, perdieron su fuente de trabajo.

Las características de este desastre ambiental, según Rodrigo Lledó, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, caben muy bien en el concepto de “ecocidio”, un término que en varios países se ha propuesto incorporar dentro de sus legislaciones con el fin de disuadir las prácticas destructivas contra el ambiente, para resguardar la naturaleza en beneficio de toda la humanidad. En el Perú, por ejemplo, existe una propuesta -lista para debatir en el Pleno del Congreso- que tiene como finalidad tipificar el ecocidio como delito.

Según explica Lledó, Stop Ecocidio también persigue otros objetivos: hacer que el ecocidio sea considerado crimen internacional. ¿Cuál sería su utilidad? ¿Qué beneficios traería? ¿Cómo han tomado esta propuesta las autoridades de diversos países?

Para responder estas interrogantes, Actualidad Ambiental conversó con Rodrigo Lledó.

¿Qué es el ecocidio y qué ejemplos concretos existen?

El ecocidio fue definido en el año 2021 por un panel de expertos independientes convocado por Stop Ecocidio Internacional. Y este panel lo definió como toda acción u omisión ilegal o arbitraria perpetrada a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. Son estos grandes desastres naturales que eran perfectamente evitables. Es decir, con un mínimo de diligencia, con un mínimo de medidas de prevención, se podía haber evitado un desastre natural. Y entonces el reproche legal está precisamente por saber que eso podía suceder y no se hizo nada por evitarlo. Estamos hablando de un daño grave, extenso, duradero al medio ambiente.

Es decir, casos comparables podrían ser un vertido de petróleo. Entiendo que en Perú han tenido uno con Repsol. Otro importante sucedió, por ejemplo, en el Golfo de México, que afectó a varios países. Hubo otro también muy grande en el norte de España, que afectó a Portugal, España y Francia. Para salirnos de los derrames de petróleo, otro ejemplo es Chernóbil. Ahora están sucediendo, también aquí en Perú, estos incendios o macroincendios que incluso afectan a más de un Estado, incendios transfronterizos de miles, incluso millones de hectáreas. Estamos hablando de eso, de grandes desastres ambientales o la destrucción de ecosistemas completos.

¿Cómo ayudaría a tipificar el ecocidio como delito en el Perú, considerando que existen normas que ya castigan los delitos ambientales?

Lo que nosotros proponemos es que el ecocidio se convierta en un crimen internacional, específicamente en un crimen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional juzga los crímenes más graves que ha conocido la humanidad: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, la idea es que el ecocidio esté allí.

Ahora bien, a nivel nacional, a nivel local, por supuesto que existe una serie de legislaciones ambientales de carácter preventivo, administrativo y también de delitos ambientales. Y está muy bien que existan, pero esto pretende ser el peor de los delitos ambientales o una categoría, digamos, superior. Por tanto, no compite con los delitos ambientales comunes y corrientes que tienen que existir para proteger los daños que no alcanzan esta gravedad sustancial que estoy mencionando. Pero cuando sí la alcanzan, necesitamos que esté en consonancia con la gravedad. Porque generalmente los delitos ambientales son sancionados con penas bajas, con penas que no están acorde hoy día con la emergencia climática y ambiental que vivimos. Entonces, la idea es que este crimen venga a llenar este vacío para cuando estos daños ambientales pasan a un nivel superior.

¿Por qué considerar al ecocidio como delito o crimen internacional puede ser disuasorio?

La idea precisamente del ecocidio es que estos grandes desastres ambientales sean señalados al individuo que toma la decisión o que deja de tomar la decisión que provoca el desastre ambiental, causando un efecto disuasorio real. Porque la persona se va a enfrentar con una responsabilidad penal directa. Por tanto, se lo pensarán dos veces antes de tomar una decisión a la ligera que puede provocar estos desastres naturales. Los delitos ambientales normales tienen penas bajas también y, creo yo, obedecen a una a una lógica ligeramente diferente, probable de finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Hoy día estamos en una emergencia ambiental y climática declarada por Naciones Unidas, declarada por varios países de la Unión Europea y por tanto necesitamos reforzar esta legislación, revisar esa legislación y también colocar el crimen más grave para los casos más graves de destrucción ambiental.

¿Existen países que ya han tipificado el ecocidio como delito?

A nivel latinoamericano hay proyectos de ley: en México, en Brasil. También en Argentina, República Dominicana y aquí en Perú. Hoy día el ecocidio está legislado en el Código Penal de Bélgica, también está incorporado en el Código Penal Chileno, aunque allí no le llaman exactamente ecocidio, se llama “grave afectación ambiental”, pero básicamente tiene todos los elementos para ser considerado un crimen de ecocidio. Y también está incorporado en el Código Penal de Colombia; allí se incorpora con nombre y apellido el crimen de ecocidio, aunque tiene una definición ligeramente diferente a la que se propone hoy día a nivel internacional porque es previa. Entonces lo que estamos promoviendo es la adecuación de ese crimen a la definición internacional que se ha adoptado en 2021.

¿Cómo han recibido las autoridades de los países cuando esta propuesta respecto al ecocidio?

La verdad es que siempre nos reciben de excelente manera. El problema es que después de esa buena recepción se hagan cosas, y que efectivamente se avance. Afortunadamente en Perú existe un proyecto de ley que ya ha superado los dos primeros trámites legislativos. Fue aprobado por la primera Comisión de Pueblos, después por la Comisión de Justicia y ahora tiene que ir, entiendo, al Pleno a votación.

¿La propuesta que plantean ha tenido algún rechazo, por ejemplo, del sector empresarial?

Sí, pero sobre todo por desconocimiento. Nosotros también tenemos una línea de trabajo con empresas. También nos acercamos a las empresas y les hacemos ver que esto no va en contra de ellas, sino va en beneficio de todos, en beneficio de la propia empresa incluso, porque tendrá una base legal sólida a la cual atenerse para evitar conflictos ambientales, para evitar estos desastres ambientales. Marcará lo que es aceptable o inaceptable, lo que es prohibido de lo que es permitido. Y eso da certeza y la certeza siempre es necesaria para los negocios. Por tanto, creemos que es necesario que ellos sean parte también de la solución.

¿Considera que el término “ecocidio” no siempre es usado de manera correcta?

Sí, no todo es ecocidio, no todo daño ambiental es ecocidio, no toda destrucción del ambiente es ecocidio. El ecocidio es, como decía, grandes desastres que superan fronteras, que lesionan un ecosistema completo, que extinguen una especie, etcétera. Por supuesto, toda la protección del medio ambiente es necesaria, todos los daños al medio ambiente son lamentables, pero deben tener también su justa retribución. Por eso, hay una legislación administrativa, una legislación ambiental sancionadora y también hay delitos ambientales, pero el ecocidio pretende ser este gran crimen para aquellos grandes desastres de proporciones que afectan, digamos, de manera grave, seria, extensa, duradera al medio ambiente.

Mira la entrevista completa: