Foto: SPDA

El último jueves, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó el borrador de decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca (DS 012-2001-PE), a fin de “fortalecer la normativa pesquera”. La propuesta incorpora disposiciones aplicables a las cooperativas pesqueras, a la gestión de las pesquerías de pota (Dosidicus gigas) y perico (Coryphaena hippurus), y la formalización de la pesca artesanal.

En esa línea, Produce afirma que el proceso de formalización pesquera artesanal iniciado en el 2016 por el Decreto Supremo 006-2016-PRODUCE, cerró la recepción de solicitudes el 31 de julio de 2023. El plazo, que se extiende hasta el 31 de julio de 2026, tiene como finalidad exclusiva la resolución de las solicitudes presentadas hasta el 2023, y se limita únicamente a los recursos pota y perico, ambos declarados como plenamente explotados.

Además, indica que, los armadores deberán acreditar la realización de actividades extractivas en sus embarcaciones. Si incumplen esta obligación durante dos años seguidos, se les podrá caducar el permiso de pesca según el recurso autorizado.

Entre otras disposiciones, señala que la capacidad de bodega solo puede dividirse de manera excepcional para solicitar la ampliación de bodega de embarcaciones con incremento de flota o permiso de pesca vigente para el mismo recurso, siempre que ello reduzca el número de embarcaciones con acceso a la pesquería. En ningún caso se permite la división de pesquerías ni el incremento del esfuerzo pesquero, y la cesión de capacidad de bodega procede únicamente por motivos de seguridad declarados por la autoridad marítima competente.

Reafirma posición también para Siforpa II

En setiembre del 2025, se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley 12373/2025-CR que busca reabrir nuevamente el proceso de formalización pesquera, esta vez para el conocido como Siforpa II (DL 1392). Entre los firmantes de la propuesta figuran los congresistas José Pazo, Jorge Morante e inclusive José Jerí, entre otros.

El congresista Pazo había impulsado una propuesta similar en junio del 2023, cuando presentó el Proyecto de Ley 5496/2022-CR con el mismo objetivo y que fue archivado. Desde entonces, organizaciones pesqueras y especialistas han alertado sobre los riesgos ambientales y sociales que implicaría permitir el ingreso de nuevas embarcaciones.

Al respecto en octubre pasado, Produce emitió un informe legal que concluye que dicho proyecto “no resulta viable” al tratarse de un proceso de formalización ya concluido y vinculado a pesquerías declaradas plenamente explotadas. Además, sostienen que tanto el proyecto del 2023 y el del 2025 tienen el mismo fin y que el primero ya fue archivado por el mismo Congreso debido a la oposición de organizaciones como la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal), entre otros.