TEMAS PENDIENTES


¿El Estado está brindando suficiente protección a este grupo?

Sabemos que existen diversas normas que, a la fecha, buscan proteger la vida y la salud de los PIACI. Sin embargo, todavía existen desafíos que deben ser superados para lograr una plena y real protección de sus derechos. Esto se hizo más evidente tras la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno central a mediados de marzo, a causa de la propagación del COVID-19. Así, el Estado no solo ha dejado entrever las carencias sistémicas que imposibilitan atender las necesidades básicas de la población en un contexto de pandemia: nos ha mostrado que ello es infinitamente peor para quienes viven en zonas de difícil acceso geográfico como los PIACI.

Por ejemplo, los funcionarios de Estado no conocen lo suficiente los protocolos de actuación que deben seguir al tomar contacto con los PIACI que viven en comunidades aledañas a las Reservas Territoriales e Indígenas; y tampoco saben de estos pueblos indígenas ni de las características que los hacen especialmente vulnerables. Esto genera variadas y numerosas situaciones de peligro para estas poblaciones. Sin duda, es necesario poner mayor énfasis en capacitarse y familiarizarse con los protocolos en caso de hallazgo, avistamiento o contacto con los PIA, o de relacionamiento con PICI. Lo mismo debe ocurrir con la sociedad en general, con aquellos tomadores de decisión y, desde luego, las autoridades que deban ingresar a estos territorios.

Foto: FZS Perú

Espera de años por resolver

A la situación precaria del sistema de salud, se suman asuntos pendientes de resolver que se orientan a la mejora de la calidad de vida de los PIACI. Así, en el 2006, se promulgó la Ley 28736 de la que ya hemos hecho mención, y también se inició el proceso de categorización de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y Otros; así como de la Reserva Territorial Madre de Dios. Dicha gestión debe agilizarse pues todavía quedan por atender las solicitudes de creación de nuevas Reservas Indígenas (como las Kakataibo, Yavarí Mirin, Yavari Tapiche, Sierra del Divisor y Napo Tigre).

A ello se suma que, desde 2019, existe un Régimen Sancionador aprobado al que se le han elaborado instrumentos técnicos para su implementación, lo que significa un paso adelante en la gestión y adecuado control de las reservas. Sin embargo, todavía se necesita elaborar un sistema articulado, capaz de ser sostenible administrativa y financieramente. Si bien esta meta parece aún lejana, en el mediano plazo sí se pueden ejecutar otras mejoras: capacitar a los agentes de protección y otros actores involucrados; ampliar el número de estos; aumentar los puestos de control y vigilancia; etc.

Otro reto adicional que afecta de manera permanente la protección de los PIACI y sus territorios es el desarrollo de actividades ilegales al interior de las reservas. La tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico –por citar los delitos de mayor impacto– implican una amenaza directa al entorno natural, al bosque y, por ende, a la supervivencia de estos pueblos. Por ello, para enfrentar este desafío, se requiere una coordinación real entre las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional y regional, Porque la magnitud del problema exige una mayor voluntad política, así como recursos humanos y materiales.

Finalmente, pronto se discutirá en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 4044/2018-CR, la cual modifica la citada Ley 28736 y establece salvaguardas para garantizar la vida e integridad de los PIACI frente al COVID-19. Para ello, propone entre sus medidas la intangibilidad absoluta de las reservas territoriales, lo que consideramos imprescindible para la protección de los PIACI.

INFORME LEGAL DE SPDA SOBRE LA MODIFICATORIA: (VER MÁS)

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