Foto: Mincul

Ayer, 8 de abril, el Gobierno aprobó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040, un instrumento que orienta y articula, a nivel multisectorial, las decisiones del Estado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de cerca de seis millones de peruanos que pertenecen a los pueblos ancestrales de nuestro territorio.

Según el Ministerio de Cultura (Mincul), con la aprobación de la PNPI, formalizada a través del Decreto Supremo 002-2026-MC, el Perú se convierte en un referente a nivel de Latinoamérica en la protección de derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas u originarios.

La PNPI es una política de Estado de carácter multisectorial y vinculante, que articula a 40 entidades de 19 ministerios. A través de la implementación de 141 servicios públicos, se busca cerrar brechas estructurales y mejorar la calidad de vida de miles de peruanos.

La aprobación de la PNPI fue posible gracias al trabajo conjunto de seis años entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios. Es el resultado de un proceso de diálogo, consenso y participación efectiva y, según el Mincul, “marca un antes y un después en la relación con poblaciones históricamente excluidas”.

“Hoy marcamos un hito histórico: aprobamos la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, reconociendo sus derechos colectivos y garantizando que todas las voces sean escuchadas”, afirmó la ministra de Cultura, quien además agregó que los pueblos indígenas sostienen la diversidad cultural del país, resguardan la memoria colectiva y los saberes ancestrales, por lo que esta política reafirma su protección y proyección hacia el futuro.

El proceso para elaborar la PNPI garantizó el derecho a la consulta previa, y contó con la participación de organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymara (UNCA).

Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de Aidesep resaltó que la PNPI “es un logro de los pueblos indígenas que ha sido fruto de años de trabajo, propuestas e incidencia. Esperamos que esta política no quede en el papel, sino que se implemente de manera efectiva para garantizar nuestros derechos”.

Foto: Diego Pérez / SPDA

Objetivos prioritarios

La PNPI cuenta con nueve objetivos centrales: garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales, colectivos e integrales; reducir la vulnerabilidad frente a la degradación del ambiente y efectos del cambio climático; garantizar la salvaguardia, reconocimiento y revalorización de los conocimientos tradicionales, ciencia y tecnología ancestral; garantizar el ejercicio efectivo y oportuno de los derechos colectivos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado; así como garantizar los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Asimismo, busca mejorar las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas; garantizar el desarrollo social en su libre determinación de los pueblos indígenas u originarios; garantizar las condiciones para el desarrollo económico sostenible y solidario de los pueblos indígenas; y reducir la violencia, discriminación étnico-racial y racismo.