Foto: ACP Panguana

Luego de constantes amenazas contra sus vidas, personal del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana evacuó la zona ante falta de garantías que aseguren su integridad ante un posible ataque de personas ligadas a la minería ilegal.

Como se recuerda, en los últimos dos meses, los trabajadores de este lugar denunciaron amenazas de muerte en un contexto donde las actividades mineras han ingresado a la zona, y todo ello fue corroborado por la misma Fiscalía de la Nación.

El ACP Panguana se ubica en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca (Huánuco), tiene una extensión de 700 hectáreas, y dentro de ella se ubica la estación biológica del mismo nombre, un centro de investigación fundado hace casi 60 años, el cual ha sido clave para el estudio de la flora y fauna de nuestra Amazonía.

El área de conservación se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, a orillas del río Yuyapichis. La zona destaca por su biodiversidad; sin embargo, en los últimos años la minería se ha incrementado, incluso con el apoyo de algunas comunidades locales, a tal punto que –incluso– ha desviado el cauce natural del mencionado río.

Amenazas por defender la naturaleza

En conversación con Mongabay, los trabajadores del ACP Panguana señalan que las amenazas contra ellos llegaron tan solo porque exigían la intervención de las autoridades ante la presencia de al menos 30 maquinarias que estaban deforestando la zona.

Ante los reclamos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, junto a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional llegaron al lugar para realizar operativos contra la actividad ilegal. La iniciativa se realizó del 1 al 20 de diciembre. Durante ese tiempo, se redujo en parte las actividades de los mineros, pero desde entonces empezaron las amenazas contra el personal de Panguana.

Según el abogado César Ipenza, fuentes de la Policía Nacional les informaron que los mineros habían contratado sicarios, y ello fue corroborado por la Fiscalía. Por este motivo, el personal decidió ponerse a buen recaudo.

Por este hecho, los trabajos de investigación y conservación se han paralizado, y los trabajadores están esperando que mejoren las condiciones para regresar a la zona.

“El Ministerio de Justicia dio las garantías, pero no es seguro todavía”, comentó Ipenza a Mongabay, y reiteró el pedido a las autoridades para frenar estas actividades que están destruyendo los ecosistemas del lugar.

“Creo que podría ser un ejemplo de liberación de minería ilegal, es posible controlarla frenando el ingreso de las maquinarias, de los insumos y de todo lo que ingresa a la zona. Para mí, sí se puede resolver”, agregó el especialista.