Foto: Diego Pérez / SPDA

Una investigación periodística reveló que 168 mineros informales que están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y que operan en la provincia de Pataz, en La Libertad, están afiliados a diferentes partidos políticos. 

Cuarto Poder revisó una base de datos de 1174 mineros informales y determinó que 168 tienen vínculos con agrupaciones como Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú. 

Según el reportaje, Alianza para el Progreso (APP) es el partido que tiene mayor casos de afiliación política con un 26.7 %. Le siguen Partido Político un Camino Diferente con 12.5 %, Movimiento Regional Bicentenario La Libertad con 11.3 %, Somos Perú con 8.9 % y Podemos Perú con 7.7 %. En tanto, el 32.7 % restante se distribuye entre otras agrupaciones políticas. 

Un caso en específico de este vínculo político es el de Octavio Rabanal, quien fue exasesor del entonces gobernador Luis Valdez (en el periodo 2015 al 2018). Se conoció que, mientras aún trabajaba en el Gobierno Regional de La Libertad, solicitó una concesión minera de 500 hectáreas. En la actualidad, Luis Valdez figuraría en el Reinfo como minero informal. 

Foto: Captura de reportaje de Cuarto Poder

¿Por qué el Reinfo favorece la impunidad? 

El Reinfo fue creado en el 2016 para regularizar la extracción informal de oro, con el objetivo de que los mineros artesanales e informales puedan registrar sus actividades mineras y avanzar hacia la formalización legal, cumpliendo con los requisitos establecidos. Al inicio, este proceso tenía un plazo de tres años, pero ha sido prorrogado en varias ocasiones. 

En diciembre de 2024, el Ejecutivo promulgó nuevamente la ampliación del Reinfo por seis meses más (hasta el 30 junio de 2025). Al respecto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se ha alertado que esta prórroga favorece la impunidad y constituye una amenaza para la biodiversidad. 

“Este nuevo plazo permite que miles de mineros continúen realizando actividades que destruyen nuestra biodiversidad con impunidad, escudándose en un proceso interminable que inició en 2002 y ha pasado por diversas prórrogas, lo cual ha puesto en riesgo constante a ecosistemas y poblaciones, especialmente pueblos indígenas y defensores ambientales que son amenazados o atacados por oponerse a esta actividad”, señaló la organización.

De acuerdo a la SPDA, este hecho constituye una amenaza porque “promueve la permisibilidad a las personas naturales y/o jurídicas que, bajo su inscripción en el Reinfo, continúan operando sin completar el proceso de formalización, sin cumplir los estándares mínimos de cuidado ambiental y eludiendo las acciones de control de criminalidad por minería ilegal que realiza la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), debido a que su inscripción y permanencia en el Reinfo los exime de responsabilidad penal”.