A través de una declaración oficial, el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Países Bajos, concluyó que la empresa Pluspetrol vulneró derechos humanos de comunidades indígenas y es responsable por la contaminación ambiental generada durante sus operaciones en el Lote 1AB (ahora Lote 192) de la Amazonía peruana, entre los años 2000 y 2015.

El documento señala que Pluspetrol “no ha tomado medidas suficientes para prevenir los impactos ambientales negativos y, por lo tanto, tampoco ha abordado suficientemente los riesgos relacionados con la salud”. Asimismo, precisa que la empresa celebró “acuerdos con comunidades indígenas que contienen cláusulas potencialmente desventajosas para estas comunidades, lo que no está en línea con las expectativas con respecto a los derechos humanos”.

La declaración del PNC exhorta a Pluspetrol a remediar todos los daños ocasionados por sus actividades extractivas en este territorio, ubicado en la región Loreto, que acumulaba más de cuatro décadas de explotación petrolera al momento del retiro de la empresa. Los impactos ambientales y sociales siguen afectando gravemente a pueblos indígenas quechua del río Pastaza, achuar del río Corrientes y kichwa del río Tigre.

Esta decisión se produce tras el proceso iniciado en marzo de 2020, cuando un representante de las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT viajó a Ámsterdam para presentar una queja formal ante la OCDE. La denuncia fue admitida en 2021, siendo la primera aceptada por un PNC de la OCDE en un caso contra una “empresa buzón”.

Para Robinson Sandi, líder indígena, presidente de OPIKAFPE, “es una noticia favorable escuchar que el Punto Nacional de Contacto de la OCDE diga que el responsable que debe remediar nuestro territorio es Pluspetrol; al menos minimizar la contaminación que hay en nuestro territorio”.

Durante el proceso, el PNC ofreció a Pluspetrol participar en un espacio de diálogo y mediación. Sin embargo, la empresa se negó a participar, yendo en contra de los principios de responsabilidad empresarial y conducta empresarial responsable promovidos por la OCDE.

Evidencias de los daños y necesidad de reparación integral   

La queja presentada por las federaciones indígenas expone evidencia de afectaciones a derechos fundamentales como el acceso al agua segura, la seguridad alimentaria, la salud, el territorio y la libre determinación. Entre los hechos denunciados se encuentran derrames de petróleo, vertimientos de aguas industriales y contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Según datos del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), Pluspetrol ha dejado 3249 sitios impactados en el área del Lote 1AB.

Aurelio Piñola, líder indígena, presidente de FECONACOR, señaló que “nosotros, los que vivimos en ese tiempo de Pluspetrol, sabemos perfectamente los daños que ha causado la empresa, sentimos lo que ha pasado. Sabemos que Pluspetrol ya no está en el lote, pero nosotros queremos que asuma su responsabilidad”.

Como se recuerda, en 2021 las autoridades ambientales peruanas rechazaron de forma definitiva el Plan de Abandono presentado por Pluspetrol, tras seis años de observaciones sin ser subsanadas. Hasta la fecha, la empresa no ha asumido sus responsabilidades de remediación ambiental ni reparación integral a las comunidades afectadas.

Estructura para la impunidad

Las federaciones indígenas también han denunciado el uso de una presunta estructura corporativa diseñada para evadir responsabilidades fiscales y ambientales por parte de Pluspetrol. Aunque la empresa tiene capitales argentinos, su casa matriz está registrada como un buzón fiscal en Países Bajos, con operaciones conectadas a paraísos fiscales como Islas Caimán y Luxemburgo, entre otros.

La declaración final del PNC expone un problema estructural: la impunidad con la que operan muchas empresas extractivas y la urgente necesidad de marcos regulatorios que aseguren su responsabilidad.

Cabe precisar que la queja ante el PNC de dicho país fue presentada por las federaciones gracias al acompañamiento técnico de Somo, Oxfam Novib, Perú Equidad y Oxfam en Perú.

Nueva mesa de trabajo

Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, resaltó que el pronunciamiento emitido por las federaciones tras la declaración oficial del Punto Nacional de Contacto de la OCDE, se emite a pocos días de haberse creado la “Mesa técnica multisectorial para el desarrollo sostenible y remediación ambiental en el ámbito del Lote 192”.

Esta mesa técnica, que en 120 días calendario debe emitir un informe dirigido al Ministerio de Energía y Minas, con un plan de acción, tiene como objetivo desarrollar acciones intersectoriales para la reactivación de proyectos paralizados o con retrasos en materia de infraestructura en salud, agua y saneamiento, educación y electrificación rural del ámbito del Lote 192; y para el inicio de la contratación de empresas especializadas para remediar sitios impactados priorizados en mismo ámbito.

Respecto a la conclusión de la OCDE, Mora Paniagua señaló que esta “pone en relieve un problema socioambiental histórico que data de más de 40 años, y en el que las causas estructurales tienen que ver con la contaminación continuada e impune generada por años por parte las empresas operadoras de dicho lote, pero también por los limitados esfuerzos financieros, técnicos y legales por desplegar acciones de remediación”.

“El propio sistema regulatorio ha generado incentivos perversos para la evasión de la responsabilidad legal de un operador que, aunque terminó con sus operaciones, mantiene una responsabilidad jurídica y social con las zonas donde abandonó actividades; por otro lado, los daños irremediables, imposibles de valorar o compensar en términos de biodiversidad, encuentran su punto más crítico cuando estos se relacionan con la afectación a derechos humanos vinculados a la integridad, calidad de vida, salud y seguridad hídrica y alimentaria de las comunidades impactadas sin respuestas a nivel de servicios básicos por parte del Estado”, agregó la especialista de la SPDA.

“Es paradójico que una instancia internacional vinculada al desarrollo y crecimiento económico sea la que representa la ruta de acceso a la justicia para las comunidades y la que, esperemos, llame la atención de las autoridades. No queremos perder la confianza en que la mesa técnica creada se constituya como una verdadera instancia de información y diálogo, y no una mesa de trabajo más, sin cambios reales y en el territorio», concluyó.

Dato:

• Entre los días 2 y 6 de setiembre, líderes indígenas realizarán una serie de actividades en Ámsterdam y La Haya para reunirse con autoridades de Países Bajos, con el fin de conseguir una verdadera justicia en este caso y que Pluspetrol asuma sus responsabilidades.