El último fin de semana, un reportaje de Cuarto Poder informó sobre los impactos que está causando la minería ilegal en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca (Huánuco). Esta actividad, según imágenes satelitales, ya ingresó al Área de Conservación Privada Panguana y su estación biológica, y ha “matado” un río amazónico.

Estas actividades, según el reportaje, se da con el apoyo de la población del centro poblado Pampas Verdes, cuyos habitantes también trabajan en esta actividad que ya destruyó varias hectáreas de bosques naturales.

Debido a esta devastación, un equipo de las Fuerzas Armadas y Fiscalía ingresó a la zona a realizar actividades de interdicción. Según las imágenes, se logró destruir maquinaria pesada, pero la población puso resistencia y logró obstruir las diligencias contra la minería ilegal.

Frank Almanza, fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en materia ambiental, señaló que, por sus características, Yuyapichis podría convertirse en una zona inmanejable, tal como ocurre actualmente en Madre de Dios.

“Madre de Dios es casi una zona liberada, la parte de ‘La Pampa’. No queremos que se convierta en eso Yuyapichis. En el Perú hay diez o doce potenciales lugares que podrían terminar en una situación parecida”, explicó el representante del Ministerio Público.

Almanza también indicó que el apoyo de la población a la minería estaría ocurriendo porque el Estado no se hace presente en lugares alejados, sin importar que se está atentando contra la biodiversidad y fuentes de agua.

“Donde llegan a hacer su actividad, muchas veces el Estado no llega. Entonces, esas necesidades básicas que le tendría que satisfacer el Estado las ven a partir de la minería, y no entienden el grave daño que esto les genera”, agregó.

Solo este año, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ha movilizado más de 12 mil millones de dólares, lo que la convierte en la principal actividad ilegal del país, por encima del narcotráfico.

Amenazas contra defensores

Tras el operativo contra la minería ilegal en Yuyapichis, el personal que trabaja en el ACP Panguana y su estación biológica están recibiendo amenazas contra su vida, informó el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), a través de un comunicado.

Según el OMI, esta situación “pone en evidencia el riesgo que enfrentan los defensores ambientales, que enfrentan día a día la minería ilegal que avanza sin control en esta parte del país”. Y, por ello, han solicitado apoyo a los ministerios de Justicia y del Interior para proteger a estas personas.

Asimismo, el colectivo resaltó que desde agosto de 2025 han “solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inclusión de las personas e instituciones vinculadas al ACP Panguana en el registro de defensores ambientales”, pero el trámite continúa en proceso.

Por otro lado, agregó que el 18 de septiembre del 2025, el Ministerio del Interior entregó garantías personales a los miembros del ACP Panguana; sin embargo, esperan “las acciones inmediatas por demás autoridades que garanticen la protección de las personas”.

“Los recientes hechos y el clima de hostilidad que enfrentan las personas vinculadas al ACP Panguana evidencian un grave incremento del riesgo para su vida e integridad, en un contexto donde operan redes de minería ilegal y otros actores que buscan obstaculizar la acción del Estado”, comunicó el OMI.

El observatorio solicitó una intervención multisectorial en el área para “adoptar medidas inmediatas y efectivas de protección a las personas defensoras, así como para desarticular las estructuras criminales que operan en el distrito de Yuyapichis y que han generado un entorno de violencia y presión contra la población local”.

Finalmente, hizo un llamado al Poder Ejecutivo “para que actúe con firmeza, aplique la ley, permanezca de manera constante y garantice la protección integral de quienes defienden el ACP Panguana y su entorno, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Cabe destacar que, actualmente, se han instalado en la zona -de manera temporal- miembros de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, de la Marina de Guerra del Perú  y de la Fiscalía especializada en Materia Ambiental, quienes días atrás participaron en el operativo.