La minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los principales motores de deforestación, degradación del suelo y contaminación, principalmente por mercurio. Su expansión alcanza incluso áreas naturales protegidas y reservas indígenas, con impactos profundos en la salud, la cohesión social y la cultura de las comunidades locales. En ese contexto, un nuevo informe de la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA) evidencia cómo esta actividad acelera la degradación ambiental y agrava la crisis climática a través de la destrucción de la región amazónica en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA) presentó el informe Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde una coalición de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

El documento ofrece una evaluación integral que evidencia cómo la minería ilegal acelera la degradación ambiental y agrava la crisis climática mediante la destrucción de la región amazónica en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

La CMIA está integrada por Amazon Conservation Team (ACT), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Gaia Amazonas, Hutukara Associação Yanomami, People in Need (PIN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y SOSOrinoco.

Un panorama de deterioro 

El nuevo informe advierte que, según MapBiomas, la Amazonía ha perdido más de 88 millones de hectáreas de bosque desde 1985. Este deterioro, que es acelerado por la minería ilegal y la expansión agrícola,  socava los compromisos climáticos asumidos bajo el Acuerdo de París.

El documento también destaca que la corrupción y la captura de instituciones públicas por parte del crimen organizado han favorecido el avance de la minería ilegal y de otras economías ilícitas en la región.

En este contexto, la CMIA insta a los gobiernos amazónicos a integrar la lucha contra la minería ilegal, la protección del bosque y los derechos de los pueblos indígenas como ejes transversales de sus nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Asimismo, el informe insta, con urgencia, a reconocer y fortalecer a los pueblos indígenas y locales como actores centrales de la gobernanza climática, establecer marcos regulatorios eficaces para combatir la cadena de suministros de la minería de oro ilegal, potenciar la cooperación transfronteriza y promover alternativas sostenibles, como las prácticas agroforestales indígenas y mecanismos financieros innovadores.

Para los voceros de la CMIA, la minería ilegal en la Amazonía no solo destruye bosques, sino que erosiona derechos, culturas y formas de vida. La degradación ambiental y las violaciones a los derechos humanos comparten las mismas causas: corrupción, pobreza, avance del crimen organizado, impunidad y modelos extractivistas. «Sin justicia social y derechos garantizados, no hay acción climática sostenible», destacaron.

Por su parte, líderes y lideresas indígenas integrantes de la coalición recalcan que la defensa de los territorios indígenas es una de las estrategias más efectivas de mitigación y adaptación climática: donde los pueblos indígenas conservan sus territorios, los bosques se mantienen en pie, el carbono se almacena y los ecosistemas se regeneran.

Estas reflexiones reflejan el espíritu del informe, que busca aportar evidencias, fomentar el diálogo y la acción colectiva frente a uno de los mayores desafíos socioambientales de nuestro tiempo.

La Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía nació en 2024 como una articulación entre organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, con el objetivo de documentar, visibilizar e incidir frente a la expansión de la minería ilegal y sus impactos en los ecosistemas y las comunidades.