El último jueves, el presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó su intención de impulsar la minería en áreas cercanas los glaciares de la Cordillera de los Andes, lo cual ha generado el rechazo de organizaciones ambientalistas que advierten que está en juego el agua de los argentinos.

Cabe destacar que, en el 2024, Milei ya intentó reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, pero no prosperó debido a los reclamos de los ambientalistas.

“Sin glaciares, no hay agua. Y sin agua, no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país. Proteger estos cuerpos de hielo es proteger el agua que millones de personas necesitan para vivir hoy y mañana”, dijo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, en declaraciones para la agencia EFE.

El presidente argentino anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde se permitan las actividades mineras.

Para Milei, la minería es uno de los sectores que presentan “grandes oportunidades para hacer negocios” y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva”, aseveró.

Según informó Bloomberg, el mandatario ya ofreció a las mineras que buscan explotar los recursos de cobre y litio la posibilidad de blindar sus inversiones bajo el llamado RIGI, un régimen que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. Sin embargo, varios proyectos aún enfrentan dificultades para iniciar, en parte debido a una ley que protege las formaciones glaciares.

“No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos”, afirmó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La misma fundación alertó que “la afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas”.

Ley que marcó la pauta

La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010, y fue una ley pionera en Latinoamérica. Fue impulsada por la sociedad civil, la comunidad científica y las organizaciones ambientales. Esta norma establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

Desde su aprobación, la norma ha enfrentado cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

Según un inventario realizado entre 2011 y 2018, en Argentina hay 16 968 cuerpos de hielo, de los cuales 16 078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8484 kilómetros cuadrados.

En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.