El futuro del mar peruano se posicionó con fuerza en la agenda política. Durante el foro «Diálogo Político Electoral 2026: Por el mar del Perú que queremos», candidatos al Congreso de la República, académicos y representantes del sector pesquero alcanzaron un amplio consenso en torno a tres grandes compromisos: ratificar el Tratado de Alta Mar, reforzar el cumplimiento normativo en las cinco millas y sancionar con mayor firmeza la pesca ilegal.

El diálogo produjo una hoja de ruta de nueve conclusiones agrupadas en tres ejes: sostenibilidad de la biodiversidad marina, fortalecimiento de la gobernanza y articulación entre el Estado, las comunidades, el sector privado y la sociedad civil. Entre los puntos prioritarios, se acordó que el Perú debe asumir un rol activo en la gobernanza internacional, participando en la protección de fondos marinos y en la gestión de la pota en aguas internacionales, para evitar que flotas extranjeras compitan en condiciones desleales frente a la flota nacional.

Asimismo, se subrayó la urgencia de reforzar el cumplimiento normativo en las cinco millas, proteger a la pesca artesanal y consolidar las Áreas Marinas Protegidas como instrumentos estratégicos de conservación. El uso de tecnologías de monitoreo y la fiscalización efectiva se plantearon como herramientas clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos.

 

Desafíos de la gestión marina

La bióloga Susana Cárdenas, directora del Programa Punta San Juan de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, resaltó la necesidad de priorizar la agenda de conservación de las áreas marinas protegidas. “El Perú firmó un acuerdo con la meta de proteger el 30% de las reservas marinas para 2026, pero actualmente solo alcanzamos el 8%. Los procesos de aprobación han sido largos y complejos. Es urgente establecer prioridades que permitan que estas áreas contribuyan a la conservación de la biodiversidad y a un mar saludable”, advirtió.

Cárdenas agregó que la gobernanza marina debe integrar tanto la ciencia como el conocimiento empírico de los pescadores. «Ellos observan cómo cambia el ecosistema. Ese conocimiento, junto con la evidencia científica, debe informar las decisiones de manejo y políticas».

Ordenar la pesquería de pota

Desde el sector pesquero artesanal, Luis Chapilliquén, dirigente pesquero de Piura, señaló que la pesquería de pota requiere orden y formalización urgentes. “El año pasado, 6.500 embarcaciones pescaron pota, y así no se puede sostener el recurso. Necesitamos identificar plenamente la flota y mantener la pesquería ordenada y sostenible. La formalización de las cooperativas es clave para garantizar que esta actividad sea rentable y preservadora del recurso para futuras generaciones».

Chapilliquén también cuestionó la falta de mecanismos de monitoreo sobre la actividad de flotas extranjeras en aguas internacionales próximas al litoral peruano, donde la captura no puede ser contabilizada, lo que genera una competencia desigual frente a los pescadores nacionales. En ese contexto, advirtió sobre la presencia sostenida de la flota china como uno de los principales factores de presión sobre el recurso.

Políticas contra la pesca ilegal

En sus intervenciones, los candidatos coincidieron en la necesidad de fortalecer el ordenamiento pesquero y la fiscalización del Estado. La congresista Ruth Luque (Ahora Nación) planteó un enfoque de tres frentes. “Proponemos una política exterior que defienda el mar y ratifique el Tratado de Alta Mar. La pesca ilegal debe ser castigada severamente y los responsables no pueden seguir pescando. Además, respaldamos la implementación adecuada de la ley de cinco millas y la defensa de nuestras áreas naturales protegidas», manifestó.

Héctor Soldi, presidente del Instituto Humbold de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), resaltó la importancia de la investigación científica como base para la gestión de los recursos marinos. “Por eso hemos sido reconocidos como el país que tiene la mejor gobernanza en el manejo de la pesca industrial. Sin embargo, en la pesca artesanal aún hace falta aplicar investigación científica, por ejemplo para recursos como la pota, para que el Ministerio tome medidas que permitan una gobernanza efectiva”, afirmó.

Economía azul y Tratado de Alta Mar

La exviceministra Madeline Burns (Unidad Nacional) vinculó la gobernanza marina con el concepto de economía azul. «La política nacional de economía azul debe incluir a todos los actores: pescadores, armadores, turismo, energía y minas. La pesca de arrastre debe estar prohibida. Propongo certificación y trazabilidad para la pota. Tenemos que firmar el Tratado de Alta Mar y decidir qué hacer con el Pacífico», declaró.

A su turno, la abogada ambiental Patricia Iturregui (Buen Gobierno) subrayó la necesidad de combatir la contaminación por plásticos. “Perú ha tenido una política importante en las negociaciones para el Tratado Mundial de Plásticos que no ha culminado en buen puerto, pero a nivel nacional podemos hacer muchas cosas. La contaminación marina requiere una dedicación importante”, dijo a la par que remarcó que “la vigilancia, fiscalización y modernización de la pesca artesanal, así como la lucha contra la ilegalidad, constituyen una hoja de ruta que debe implementarse.

La jornada concluyó con una mesa de diálogo en la que también participaron Wilder Ruiz (Renovación Popular), Freddy Ghilardi (Partido Aprista Peruano), Rafael Chaparro (Partido Democrático Federal) y Paul Jaimes (Partido Progresemos).

El foro fue organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), la Fundación Náutica Marítima del Perú (Fundamar), SOA, el Ente Gestor de Playas del Norte, El Observador Internacional y la Universidad Científica del Sur (UCSUR).