El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública una sentencia histórica en la que responsabilizó al Estado peruano de la vulneración de diferentes derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya (Junín) por la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Este fallo, además, ordenaba al gobierno implementar acciones para remediar la zona afectada y medidas de reparación integral. 

Sin embargo, a pesar de que ya han transcurrido más de dos años de dicha sentencia, las familias afectadas continúan exigiendo al Estado el cumplimiento de cuatro acciones urgentes, que aseguraría, en el corto plazo, la implementación efectiva del fallo.  

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las dos organizaciones que representa a las víctimas ante la Corte IDH, hasta la fecha, la sentencia está en una etapa inicial “debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso”. 

Según AIDA, los avances no serían sustantivos, ya que solo se limitan a la publicidad de la sentencia, al pago al Fondo de Víctimas, instaurado por la Corte, y al inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución que han sufrido las víctimas. En tanto, por el contrario, el Complejo Metalúrgico de La Oroya habría retomado sus operaciones y generado niveles de contaminación que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

“La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado», mencionó Rosa Peña, abogada de AIDA.  

Cuatro acciones urgentes que exigen los habitantes de La Oroya 

Frente a este contexto, los habitantes de La Oroya exigen al Estado cumplir cuatro acciones urgentes en un corto plazo. Por un lado, solicitan que se emita Resolución de Determinación de Competencias, con el objetivo de que se esclarezca qué institución peruana es la encargada de cumplir con cada orden del fallo. Asimismo, piden que se apruebe e implemente un protocolo especializado de atención integral de salud para las víctimas.  

Además, exigen que se suspendan las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya hasta que se cuente con un instrumento de gestión ambiental que corresponda con los estándares establecidos por la Corte. Por último, solicitan que se cumpla con el pago de la indemnización a las víctimas.  

¿Qué derechos vulneró el Estado en el caso La Oroya?  

En la sentencia, la Corte IDH determinó que el Estado peruano es responsable por la afectación de los derechos de los habitantes de La Oroya, entre ellos, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, a la integridad personal, a la participación ciudadana, al acceso a la información, entre otros. 

Asimismo, la Corte concluyó que el Estado incumplió el principio de no regresión de los estándares ambientales y, sobre todo, con su deber de fiscalización. 

 

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