Foto: Presidencia del Perú

Según un reportaje de Ojo Público, entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial del Perú revisó, al menos, 37 casos relacionados con minería ilegal en los que fueron implicados 96 policías en distintas regiones del país. La Libertad lidera la lista con 36 efectivos investigados. Le sigue Piura (con 19), Ica (13), Puno (10), Ucayali (5), Loreto (4), Arequipa (3), Amazonas (3), Lima (2) y Madre de Dios (1). Las acusaciones contra los agentes incluyen robo de oro, filtración de información reservada, adulteración de la cadena de custodia del mineral intervenido y vínculos con organizaciones criminales.

El medio de investigación informó que, pese a la gravedad de los hechos, apenas seis casos terminaron con sanciones ratificadas en su totalidad. El resto aún está en etapa de investigación, incluso en cinco se ordenó reiniciar las investigaciones, o concluyó sin sanción alguna: ocho resoluciones absolvieron a los acusados, otras ocho fueron anuladas, seis se archivaron, dos se cerraron sin pronunciamiento por “carecer de objeto” y una prescribió.

Entre los involucrados figuran efectivos de distintos rangos. Aunque la mayoría son suboficiales (82), también se identificó a un coronel, dos comandantes, cuatro mayores, un capitán, tres tenientes y tres alféreces. Algunos enfrentan más de una investigación relacionada con minería ilegal.

El medio también indicó que, aunque no todas las denuncias llegan a la última instancia administrativa, las cifras oficiales dan pistas de la participación de policías en actividades ilícitas. En 2019, el tribunal analizó solo dos casos (que involucran a más de un agente) por minería ilegal y, en 2024, fueron 16. En algunos de ellos, los efectivos fueron acusados de robar oro. En otros, de filtrar datos reservados a mineros ilegales o descuidar la cadena de custodia de mineral ilegal incautado.

Medidas frente a la violencia

Desde febrero, Pataz está bajo estado de emergencia tras el asesinato de los 13 trabajadores de una mina. La Policía envió a mil agentes para reforzar la seguridad junto a las Fuerzas Armadas en la zona; sin embargo, la medida no ha logrado frenar la violencia, que se agrava por la infiltración del crimen organizado.

Foto: Andina

A este escenario se suma la problemática del Reinfo, un registro que sigue siendo utilizado por mineros ilegales para evadir controles. Un reciente decreto supremo aprobó el reglamento de la Ley de formalización minera, incluyendo una polémica disposición que permite transferir la titularidad del Reinfo en caso de fallecimiento, lo que ha generado fuertes críticas.

Ante la controversia, el ministro de Energía y Minas anunció que la norma sería aclarada, indicando que la sucesión solo aplicaría hasta el 30 de junio o de aprobarse una nueva ampliación,  salvo que se apruebe una nueva prórroga, como ya ha ocurrido en cuatro ocasiones. 

Dato:

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