Foto: ProPurús

Con el objetivo de visibilizar las amenazas persistentes que enfrentan quienes protegen los territorios amazónicos, se presentó el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, una investigación desarrollada por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús, en alianza con el Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad (GIES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El estudio ofrece una mirada detallada y actualizada sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los defensores ambientales indígenas, principalmente en la región Ucayali, y en territorios fronterizos de los departamentos de Huánuco (provincia de Puerto Inca) y Loreto (distritos de Padre Márquez y Contamana).

La investigación alerta que más de 100 comunidades indígenas son actualmente afectadas por conflictos territoriales ocasionados por la superposición de derechos sobre la tierra, el narcotráfico y la construcción de carreteras privadas, generando un entorno de alta conflictividad que pone en riesgo la vida, el bienestar y la seguridad de los defensores indígenas. Además resalta que, pese a su gravedad, la situación suele ser subestimada por los registros oficiales y la opinión pública.

Al igual que su versión anterior, publicada en 2021, esta nueva edición busca esclarecer la magnitud real de las amenazas, alertando sobre el aumento de la violencia y la creciente inseguridad territorial.

Tendencias identificadas en el informe de defensores indígenas

El análisis de la información recolectada para este informe ha permitido que sus autores encuentren una serie de tendencias que podrían estar replicándose en otras regiones de la Amazonía peruana. Estas conclusiones, construidas sobre entrevistas a especialistas y líderes indígenas, revelan un escenario en el que se consolidan procesos de exclusión, extractivismo desregulado y debilitamiento institucional. La creciente expansión de carreteras, muchas de ellas sin planificación adecuada, está generando impactos ambientales irreversibles y agudizando los conflictos territoriales, mientras las voces de las comunidades indígenas siguen siendo marginadas en los espacios de toma de decisiones estatales.

Asimismo, el informe identifica un fortalecimiento de redes criminales transfronterizas, particularmente vinculadas al narcotráfico, en contextos donde la presencia del Estado es escasa o inexistente. Estas dinámicas se ven potenciadas por factores como la corrupción, la desinformación y el oportunismo político, especialmente en años electorales. Al mismo tiempo, emergen nuevas formas de organización indígena, como las guardias territoriales, que responden a un sentimiento de indefensión cada vez más extendido. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan riesgos ante el intento de fragmentación del movimiento indígena por actores externos con intereses ajenos a las comunidades.

Conclusiones

El informe brinda una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los defensores indígenas y frenar el avance de la criminalidad ambiental. Se destaca la necesidad urgente de pasar de la normativa a la acción concreta en el territorio. Esto implica implementar medidas efectivas de protección para líderes y comunidades, reducir las presiones externas sobre los territorios indígenas y avanzar con firmeza en el proceso de seguridad territorial. Solo así, concluyen los autores, se podrá establecer una base sólida para políticas públicas que prioricen la seguridad y la justicia territorial.

Finalmente, se enfatiza la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana existentes y de proporcionar recursos adecuados a entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público. También se propone el acompañamiento institucional a las guardias indígenas y otras formas de autodefensa comunitaria, reconociendo su rol en contextos donde la ausencia estatal es crítica. Cualquier estrategia de contención debe integrarse a un enfoque de desarrollo territorial sostenible, que garantice mejoras reales en la calidad de vida de la población amazónica y promueva la participación activa de los pueblos indígenas en su propio futuro.

Participación de organizaciones indígenas

La participación de ORAU y ProPurús ha sido clave para articular el conocimiento indígena, técnico y legal en una misma plataforma de análisis. Esta sinergia ha permitido no solo documentar la problemática, sino también proponer acciones urgentes para la protección de los defensores y sus territorios.

Asimismo, el informe no habría sido posible sin la colaboración de líderes indígenas, federaciones y comunidades que compartieron su conocimiento territorial durante reuniones y encuentros en diversos espacios, desde oficinas hasta embarcaciones fluviales.