Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

Un reciente informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, Astrid Puentes Riaño, destaca las obligaciones de los Estados en la evaluación de impacto ambiental y social a nivel mundial, y los desafíos para mejorar estos procesos en bien de la biodiversidad y la sociedad.

El documento, presentado en julio pasado ante la Asamblea General de la ONU, recuerda que los estudios de impacto ambiental buscan “garantizar que los Gobiernos tomen decisiones acertadas al evaluar las actividades y proyectos que puedan tener repercusiones ambientales significativas”, con el fin de “prevenir y mitigar los impactos en el medio ambiente, la sociedad y los derechos humanos antes de que se materialice el daño”.

Pese a la importancia de este mecanismo de prevención y mitigación, el informe señala que muchos países lo ignoran porque creen que se trata solo de “requisitos formales o incluso de obstáculos al progreso”, aunque también por conflictos de intereses, o porque tienen “la concepción errónea de que son meras evaluaciones técnicas que no requieren tener en cuenta los derechos humanos ni un enfoque multidisciplinario integrado”. 

“Es fundamental lograr que las evaluaciones del impacto se realicen de forma adecuada, especialmente en el contexto de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, junto con la urgente necesidad de eliminar de manera gradual los combustibles fósiles, detener la degradación ambiental y respetar los derechos humanos, promoviendo a la vez una transición justa y un desarrollo sostenible”, indica el documento.

Desafíos de los Estados 

La relatora especial de las Naciones Unidas expone además una serie de trabas y desafíos que los Estados presentan al momento de realizar un adecuado estudio de impacto ambiental ante los proyectos de inversión. 

El mayor desafío, según el informe, tiene que ver con superar los conflictos de intereses que existen en los procesos. “Los promotores de los proyectos suelen encargarse de las evaluaciones de impacto directamente o a través de consultores externos contratados, lo que compromete el rigor científico y la integridad de las evaluaciones”, señala el documento.

Otros desafíos son la falta de priorización de estos mecanismos por parte de los Estados, o la mañana calidad de las evaluaciones. Asimismo, un punto a tomar en cuenta es que muchos países ven al estudio de impacto ambiental como mera formalidad para la ejecución de un proyecto; es decir, los proyectos ya están aprobados incluso antes de las evaluaciones ambientales.   

La falta de seguimiento a los proyectos aprobados, la debilidad del estado de derecho, la exención a sectores y proyectos (cuando el Estado decide omitir deliberadamente las evaluaciones ambientales para priorizar la economía), el temor a iniciar demandas internacionales por parte de las empresas, y la falta de espacios para la participación ciudadana en la evaluación de proyectos (especialmente los grupos vulnerables como los pueblos indígenas), son otros desafíos que os Estados deberían tener en cuenta. 

Debilidad del estado de derecho

Uno de los puntos en que pone énfasis la relatora especial tienen que ver con la visión limitada que tienen algunas reglamentaciones relacionadas a las evaluaciones del impacto, y a ello se suman las legislaciones antiguas que no incluyen la temática ambiental o los impactos en el clima y los derechos humanos. 

Por otro lado, resalta que en la actualidad existe una tendencia a la “desregulación en todos los marcos de evaluación del impacto”. Respecto a ello cita ejemplos de países donde se han simplificado las leyes de evaluación del impacto, y se ha reducido la rigurosidad. Asimismo, resalta que “recientemente se han producido cambios regresivos o propuestas de leyes de evaluación del impacto en el Brasil, los Estados Unidos de América, Indonesia, el Perú, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Serbia y Uganda, donde las iniciativas suelen diluir los derechos ambientales y de participación”. 

En el caso peruano, según indica Carol Mora, directora del Programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, en los últimos años se ha producido la flexibización de normas ambientales para priorizar proyectos de inversión, a nivel de Ejecutivo y Legislativo, y se ha propuesto normas que atentan directamente contra el patrimonio natural, como el proyecto de ley que propone extraer hidrocarburos de parques nacionales y santuarios. 

“En el informe enviado desde la SPDA, en el marco de las contribuciones solicitadas a los países, se advierte una tendencia a la regularización ambiental de actividades estratégicas, priorizándose la corrección de daños e impacto frente a un enfoque de prevención ambiental que debería regir en el país”, señala la experta. 

Recomendaciones 

El informe también presenta una serie de recomendaciones para que los Estados estén “en consonancia con sus obligaciones de respetar, proteger y asegurar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, en beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

Una obligación básica es que los Estados deben solicitar y realizar estudios de impacto ambiental eficaces, evitando los conflictos de intereses y garantizando que estas evaluaciones sean realizadas por equipos multidisciplinarios. 

Según el informe, otra recomendación clave es que los Estados deben “abstenerse de suavizar las reglamentaciones, en particular mediante modificaciones a la legislación sobre las evaluaciones del impacto o la autorización de proyectos, a menos que se hayan evaluado plenamente las alternativas, el impacto sobre los derechos humanos y los principios de necesidad y proporcionalidad”.

Garantizar la participación pública en los procesos, el acceso a la información, la capacitación a autoridades en estos temas, cumplir con las reglamentaciones internacionales, así como ratificar e implementar tratados internacionales relacionados, son otras recomendaciones que figuran en el documento. 

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