Seis federaciones indígenas del Putumayo (Loreto) han acusado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de bloquear el establecimiento de áreas naturales protegidas impulsadas desde sus territorios. A través de un memorial dirigido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros altos funcionarios, los dirigentes indígenas señalan que esta institución viene frenando el proceso de creación del Área de Conservación Regional (ACR) Medio Putumayo Algodón, el ACR Ere Campuya Algodón y la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas.

El principal argumento del Serfor para detener estos procesos, según el memorial, es que las propuestas de conservación se superponen con ecosistemas frágiles, zonas de alta vulnerabilidad ambiental que deben ser gestionadas de manera diferenciada. 

Sin embargo, la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), la Federación Indígena Kichwa Muruy del Medio Putumayo (Fikimmep), la Federación de Comunidades Nativas Maiyuna (Feconamai), la Organización Indígena del Bajo Putumayo y Río Algodón (Oimpra), la Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (Fecoibap) y la Organización de Comunidades Indígenas del bajo Putumayo y Rio Yaguas (Ocibpry) cuestionan esta postura, afirmando que los pueblos indígenas han protegido históricamente estos ecosistemas y que las figuras de conservación propuestas son plenamente compatibles con su gestión sostenible. 

El reclamo surgió luego de que se conociera, a través de un informe de Inforegión, que Serfor derogó el pasado 28 de abril la norma que permitía el establecimiento de áreas protegidas sobre ecosistemas frágiles. De acuerdo al medio, la medida afectaría no solo a las propuestas de Loreto, sino también a otras once áreas de conservación regional y dos reservas comunales en distintas regiones del país. 

Las organizaciones indígenas aseguran que la decisión deja sus territorios más expuestos al avance de actividades ilegales como la tala ilegal y la caza indiscriminada. En el caso del ACR Medio Putumayo Algodón, la propuesta se encuentra en la etapa final del proceso administrativo y fue remitido al Consejo de Viceministros para su aprobación. Por su parte, la Reserva Comunal Bajo Putumayo culminó su etapa de consulta previa en abril de este año, mientras que el ACR Ere Campuya Algodón se encuentra en la fase técnica previa a dicho proceso. Las federaciones firmantes del memorial insisten en que todas estas iniciativas cuentan con respaldo local, procesos de diálogo concluidos y acuerdos asumidos por el Estado.

Alertan imposiciones externas y omisión del Estado

Los dirigentes indígenas también advierten que la negativa del Serfor vulnera derechos fundamentales, como el de decidir sobre la gestión de sus territorios ancestrales, tal como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT. “Serfor nunca ha estado presente para dialogar, informar ni gestionar estos ecosistemas. En cambio, sí hemos visto cómo ingresan madereros ilegales sin ningún control del Estado”, denuncian.

Otro punto de preocupación es la posibilidad de que, en lugar de respetar las propuestas lideradas por las comunidades, se promuevan otras figuras de conservación impulsadas por actores externos. Las federaciones advierten que ello podría generar conflictos sociales y profundizar la vulneración de sus derechos territoriales. Reiteran que no aceptarán alternativas impuestas que no respeten el trabajo técnico y comunitario desarrollado desde 2016.

Finalmente, las organizaciones indígenas exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en materia de biodiversidad, tanto a nivel nacional como internacional. Solicitan que se garantice el reconocimiento legal de sus iniciativas de conservación, se respalde el trabajo de los comités de vigilancia comunal y se respete la voluntad de las comunidades de gestionar de forma sostenible sus territorios.

Serfor anuncia un nuevo modelo de gestión de ecosistemas frágiles

A través de una nota de prensa, el Serfor anunció que impulsa un nuevo modelo de gestión integral para los ecosistemas frágiles, que incluye la participación activa de comunidades indígenas, gobiernos regionales y locales, así como productores organizados. Esta estrategia busca proteger el 100 % de los ecosistemas incluidos en la lista sectorial (inventario de ecosistemas identificados por el Serfor), habilitando mecanismos como concesiones de conservación, ecoturismo y uso sostenible de recursos no maderables, compatibles con la conservación.

La autoridad forestal destacó que este nuevo enfoque permitirá a los actores involucrados acceder a financiamiento público a través del Programa Presupuestal 0130, así como a mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como los bonos de carbono. También se ha establecido un “Protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y proteger los ecosistemas incluidos en la lista sectorial de ecosistemas frágiles”, con el objetivo de prevenir amenazas como invasiones y tráfico de tierras. Según la entidad, los ecosistemas frágiles no solo representan zonas de alta biodiversidad, sino que también ofrecen oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades locales comprometidas con su conservación.

Un llamado a la coordinación y articulación intersectorial

Sobre este tema, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) sostiene que, considerando que tanto Serfor como Sernanp y los gobiernos regionales tienen entre sus funciones promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, «será necesario un diálogo abierto entre autoridades a fin de revisar sus competencias, intercambiar información y unificar esfuerzos que apunten a una gestión participativa y, sobre todo, efectiva, que considere tanto los valores de conservación identificados al momento de realizar los expedientes técnicos, así como también las necesidades y uso sostenible que puedan darles la población y las comunidades a estos ecosistemas”.

Dato:

• Los presidentes de las federaciones del Putumayo viajarán a Lima en la primera semana de junio para realizar acciones de incidencia sobre su reclamo. Estarán acompañados por dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), a fin de reunirse con representantes del Congreso, el Serfor, Ministerio del Ambiente y otras entidades del Estado.