Foto: Amazonía que late

A través de un pronunciamiento, la Red Nacional de Conservación Voluntaria y Comunal «Amazonía Que Late» y el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) expresaron su preocupación por el grave impacto de la minería ilegal y la fiebre del oro en el río Yuyapichis (Huánuco), donde esta actividad ha destruido casi el 100 % del cauce, afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo los esfuerzos de conservación en la zona. 

Esta situación afecta en particular al Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, ubicada a orillas de este río, la cual protege más de 135 hectáreas de bosque. Dicho lugar alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, entre ellos grandes árboles como la lupuna, la copaiba y el shihuahuaco, y también monos aulladores, tapires e incluso jaguares. 

Sin embargo, según el comunicado, la biodiversidad de esta ACP es amenazada por la creciente invasión de mineros ilegales, quienes ya han empezado a afectar tanto el área protegida como los terrenos naturales de la Fundación Panguana. “Lo que resulta aún más alarmante es que algunos pobladores del sector Pampas Verdes vienen autorizando el ingreso de los mineros ilegales a los terrenos de la fundación, agravando la situación y acelerando la destrucción de invaluables ecosistemas”, menciona el pronunciamiento.

Además, el documento advierte que la situación en el Yuyapichis refleja un patrón de amenazas similares que enfrentan otras iniciativas de conservación voluntaria y comunal en regiones como Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, lo que pone en riesgo la seguridad de comunidades locales y líderes ambientales.

Foto: Amazonía que late

Si bien las organizaciones reconocen y valoran los esfuerzos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional y la Marina de Guerra, indicaron que estas acciones resultan insuficientes frente a la expansión de las mafias de la minería ilegal. Por ello, exigieron al Ejecutivo y Legislativo fortalecer la respuesta del Estado, derogar leyes que favorecen al crimen organizado y garantizar recursos para enfrentar esta actividad ilícita.

“Solicitamos se prioricen las acciones que aseguren la integridad ambiental y el bienestar de las organizaciones y familias que trabajan incansablemente para proteger nuestro patrimonio natural”, concluyen.