Foto: Vico Méndez / SPDA

En junio de este año, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, dejó entrever que desde su cartera se está preparando un “shock regulatorio” que implicaría una modificación al régimen de evaluación ambiental en Perú. Asimismo, se encuentran circulando noticias y propuestas normativas que anticipan la posible eliminación de la certificación ambiental preventiva para pasar a un régimen «ex-post» que sin duda representaría no solo un agravio legal, sino también contra los derechos humanos ambientales y la protección ambiental en el país.  

De acuerdo con la información compartida, este cambio consistiría en que las evaluaciones se realicen después de la ejecución de un determinado proyecto de inversión con un enfoque de regularización de actividades. Asimismo, se pretendería establecer la aprobación automática de las certificaciones ambientales y los trámites de evaluación previa con silencio administrativo positivo para proyectos “relevantes”. Todo esto representaría un régimen de simplificación administrativa abiertamente ilegal. 

Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esta medida vulneraría el derecho a un ambiente sano y equilibrado reconocido en el ámbito del derecho internacional ambiental, ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Naciones Unidas y el Tribunal Constitucional peruano; asimismo, representaría un retroceso y desnaturalización de todo el bloque normativo construido durante las últimas décadas a nivel de la gestión e institucionalidad ambiental. 

En este sentido, la publicación Balance y reflexiones sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al 2025 presenta un recuento de, por lo menos, los últimos diez años en materia de evaluación de impacto ambiental y busca plantear reflexiones y soluciones a las fallas regulatorias que se estarían presentando hoy a nivel del SEIA como sistema garante de gestión de impactos ambientales de los proyectos de inversión. El planteamiento prioriza la observancia de pilares del SEIA a nivel de prevención, de aplicación de la jerarquía de mitigación, de no regresión y progresión y de razonabilidad y proporcionalidad. 

El informe plantea propuestas para potenciar la efectividad y funcionalidad del SEIA, tales como reivindicar el enfoque basados en derechos humanos y la salud climática en los estudios ambientales, así como aprovechar las tendencias globales en compensaciones ambientales para escalar hacia una gestión integrada de los impactos en los territorios. Además, establece mecanismos para fortalecer la participación ciudadana en los procesos de certificación ambiental, propuestas para potenciar herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica, y hace un llamado a asegurar la coherencia y progresividad del marco legal frente a intentos de regresión ambiental. 

Es clave mencionar que este informe fue elaborado en el marco del llamado global de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, y constituye una contribución al debate internacional sobre evaluaciones de impacto ambiental en un contexto, además, donde países de la región están viviendo sacrificios institucionales que sin duda pasarán factura a nivel de derechos y protección. 

[Descarga el informe completo AQUÍ.]