Solo en los últimos tres años, tres países de Sudamérica han eliminado a su “Ministerio del Ambiente” o le han dado una categoría de rango menor. Bolivia, Ecuador y Argentina son los países que tomaron esta decisión respecto a una cartera que tenía como una de sus principales funciones garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y proteger la biodiversidad.

En Bolivia (2025), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue absorbido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente; en Ecuador (2025), el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica fue fusionado con el Ministerio de Energía y Minas; y en Argentina (2023), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue convertido en una subsecretaría, que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente, Deportes, y estos a su vez dependen del Ministerio del Interior.

¿Por qué tomaron esa decisión?

En Bolivia, el Gobierno señaló que lo hacía para buscar “mejorar la eficacia administrativa, la coordinación interinstitucional, […] fortaleciendo las capacidades de planificación, gestión y ejecución de políticas públicas de alto impacto que promuevan la transparencia”. Sin embargo, expertos y organizaciones indígenas criticaron esta medida, señalando que debilitaba la institucionalidad del país en vez de fortalecerla en plena emergencia climática, y en un contexto donde la deforestación, incendios forestales y la minería ilegal ganaban mayor terreno.

Respecto a Ecuador, el Gobierno indicó que esta fusión se realizaba para recortar el gasto público, pero instituciones como la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente señalaron que esta medida “representa un retroceso sin precedentes en la protección ambiental y constituye un atentado directo contra los derechos de la naturaleza, los derechos de las generaciones presentes y futuras, y el marco constitucional del Ecuador”.

En Argentina, las causas fueron similares. El Gobierno argumentó que la reducción de ministerios se debía a una medida de austeridad. Sin embargo, son conocidas las declaraciones negacionistas del presidente argentino, Javier Milei, respecto al cambio climático y sus consecuencias, pese a la evidencia científica.

Perú y el Minam

En el caso peruano, la eliminación del Ministerio del Ambiente (Minam), o el de Cultura, ya fueron planteadas, y no solamente en elecciones. En diciembre de 2023, por ejemplo, la congresista Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario) propuso un proyecto de ley para la reducción y fusión de ministerios con el fin de “lograr su optimización”. Y entre estas medidas estaba incluida la fusión del Minam con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En esta campaña electoral, el candidato Rafael López Aliaga propuso reducir los ministerios de 18 a 6. Y aunque no ha señalado cuáles serían esas carteras, en las elecciones pasadas expresó su propuesta para cerrar el Minam, y que esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por su parte, el candidato Carlos Espá también planteó su propuesta de cerrar el Ministerio de Cultura (Mincul), que tiene entre sus funciones velar por la protección de los derechos de los pueblos indígenas, a través del Viceministerio de Interculturalidad y sus direcciones. Según el candidato de SíCreo, el Mincul “tendría que ser absorbido por el Ministerio de Educación”.

Implicancias en Perú

Antes de la creación del Minam, en 2008, la gestión ambiental era fragmentada: las decisiones las tomaba cada sector según sus propios intereses económicos. Las entidades que hoy forman parte del sector ambiental pertenecían a distintas carteras y carecían de un órgano rector que las agrupara bajo una visión estratégica común.

En ese escenario, funciones clave de fiscalización y certificación estaban dispersas en oficinas sectoriales, lo que causaba diversas críticas porque cada ministerio era «juez y parte”, ya que promovían la inversión y a la vez eran los que vigilaban sus impactos.

Con el Minam, el país no solo unificó criterios técnicos y dotó de rango ministerial a la temática ambiental para asegurar presupuesto propio, sino que también buscó institucionalizar la protección del entorno. El objetivo final era generar una confianza legítima en la población y, con ello, reducir la alta conflictividad socioambiental respecto a los grandes proyectos de inversión en el país.

Según Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, eliminar una cartera como el Minam evidenciaría “un grave mensaje político sobre el carácter residual y marginal de los temas ambientales en la agenda política de los candidatos. Este mensaje político que podría materializarse si llegan al poder representaría un retroceso ambiental injustificable, pero sobre todo una amenaza frente a los derechos humanos asociados como a la vida, la integridad, la salud pública, la salud climática, a un ambiente sano y todos los derechos conexos y derivados”.

“Sacrificar la institucionalidad ambiental no solo pone en riesgo nuestros compromisos comerciales con países con los que el Perú ha suscrito tratados de libre comercio, sino que significaría un debilitamiento de la tutela de los derechos ambientales en el Perú. Además, implicaría la eliminación de autoridades como el OEFA, Sernanp o Senace, que hoy deben brindar garantías a la gestión sostenible de los recursos naturales y priorizar la defensa del interés público”, agregó la especialista.

Para Mora Paniagua esta propuesta es en realidad parte de un modelo de gobierno que «aborda y decide sobre el patrimonio natural, nuestra biodiversidad y sus servicios desde un enfoque meramente extractivista y que valora los recursos desde el utilitarismo, con su potencialidad de aprovechamiento, explotación  y capacidad de ser rentabilizados frente a un modelo de desarrollo sostenible que coloca a las personas y la naturaleza en el centro de las decisiones, y sobre la base del balance sobre el uso del territorio y los recursos en el que se prioriza el desarrollo y bienestar humano”.

«Hay un principio reconocido en nuestra propia Ley General del Ambiente, es el de mejora continua que involucra tomar permanentemente decisiones que potencian el desempeño y no aquellos, como en el caso de estas propuestas electorales, que aparentemente nos evitan costos económicos, pero significarán mayores costos sociales, ambientales y posiblemente humanos».

Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Mejoras, no retrocesos 

Carol Mora afirmó que si bien, en los últimos años y los constantes cambios de gestión, la presencia de un Minam no ha sido garantía de tener un ente que administra y gestiona el interés público ambiental del país, eliminarlo «sería priorizar política y técnicamente los intereses particulares, así como suprimir las reglas de juego ambientales que se ha intentando construir los últimos quince años aproximadamente».

La experta agregó además que plantear este tipo de propuestas no solo requiere un análisis serio, sino también una evaluación en el tiempo. «Recordemos que la creación del Senace (2012) fue producto de un consenso social, político, técnico en un contexto de alta conflictividad social y como resultado de reconocer conjuntamente que la transición de lo sectorial a lo transversal y neutral era necesaria. Los ministerios que aprobaban los estudios ambiental de los proyectos de inversión no podían ser los mismos que fomentaban los proyectos. Los modelos de la región exitosos como en Colombia (ANLA ) y Chile (SEA) demostraron que era necesario una autoridad del sector ambiental con reglas y estándares operativos exigibles a las inversiones. Regresar a un modelo sectorial o de absorción es desconocer que el Perú ha atravesado una historia compleja de conflicto social, muertes, víctimas y degradación ambiental que no debemos repetir», explicó.

Con relación a la gestión ambiental, Mora Paniagua afirmó que toda variación debe ser «buscando siempre mejorar el escenario actual». «Hay un principio reconocido en nuestra propia Ley General del Ambiente, es el de mejora continua que involucra tomar permanentemente decisiones que potencian el desempeño y no aquellos, como en el caso de estas propuestas electorales, que aparentemente nos evitan costos económicos, pero significarán mayores costos sociales, ambientales y posiblemente humanos. Asimismo, en el ámbito internacional, el principio de no regresión invoca a los Estados a no retroceder y, por el contrario, progresar en sus estándares como en materia de institucionalidad y gobernanza ambiental», puntualizó.

Finalmente, la especialista de la SPDA enfatizó que luchar contra la expansión de los delitos ambientales en nuestro territorio es una deuda pendiente, y el próximo gobierno tendrá que ocuparse de ello, pero esta deuda «tiene ver con incrementar la presencia del Estado, descentralizar las decisiones, financiar para transformar las realidades y eliminar la corrupción, y no con atomizar o fusionar organismos que al país le ha costado establecer».