Derrame de petróleo en el Rímac: Sedapal asegura que no afectará abastecimiento de agua

  • Camión cisterna, que contenía petróleo, volcó en el kilómetro 81 de la Carretera Central (San Mateo, Huarochirí). El combustible llegó al cauce del río que abastece de agua potable a Lima.
  • Vehículo no tenía autorización para transportar combustible. OEFA y ANA supervisan el impacto ambiental del incidente.

viernes

22 de agosto, 2025

Foto: Indeci

Hoy, en horas de la mañana, la volcadura de un camión cisterna produjo un derrame de hidrocarburos en el río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua de la capital peruana. El hecho ocurrió en el kilómetro 81 de la Carretera Central (San Mateo, Huarochirí), y generó una alerta general ante la posibilidad de riesgos ambientales, sanitarios y de abastecimiento de agua.

Ante la volcadura del camión cisterna, de placa ASK-993, propiedad de la empresa Transportista de Combustible E.I.R.L. – EMTRACOM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) envió a su personal para determinar la responsabilidad de los hechos y el impacto ambiental, así como la implementación de acciones de primera respuesta por parte de la empresa.

“La atención de la emergencia ambiental se coordina de manera conjunta con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Sedapal, a fin de garantizar una intervención articulada en el marco de sus competencias”, comunicó el organismo.

Sedapal aseguró que no habrá desabastecimiento de agua

Por su parte, Sedapal informó que -apenas conocido el incidente- “dispuso el cierre de las compuertas de la Planta Huachipa para evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la Planta La Atarjea”. Además, aseguró que el abastecimiento de agua no está en riesgo.

“Equipos técnicos especializados se trasladaron de inmediato a la zona del incidente para realizar la inspección visual de la fuente y tomar muestras que serán analizadas en laboratorio. Asimismo, estamos trabajando de manera coordinada con la ANA y la OEFA a fin de conocer si hay afectación al recurso hídrico en el río Rímac”, informó la empresa.

A través de sus redes sociales, al Defensoría del Pueblo exigió a OEFA, Osinergmin, Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ejecutar medidas inmediatas para atender la emergencia. El pedido también se extendió para la Municipalidad Provincial de Huarochirí y Municipalidad Distrital de San Mateo.

“Exigimos que la atención priorice la salud y seguridad de la población, así como la protección del ecosistema y las fuentes de agua. Vigilaremos que la empresa responsable y las autoridades adopten medidas urgentes de contingencia de limpieza y remediación ambiental”, agregó la Defensoría.

Cisterna no contaba con Registro de Hidrocarburos vigente

Tras el hecho, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que el camión cisterna “no cuenta con Registro de Hidrocarburos vigente, debido a que este fue suspendido por este organismo (Osinergmin) desde hace seis meses, con lo cual está imposibilitado de transportar combustibles”.

Asimismo, detalló que aún se encuentra “en proceso de verificación el tipo de producto que transportaba” el vehículo al momento del accidente.

Ante la falta de autorización del vehículo para transportar combustible, Wendy Ancieta, coordinadora jurídica de la SPDA, señaló que este “es un caso que demuestra cómo la informalidad sigue golpeando a nuestro país. Por ello, el Estado debe erradicar políticas de regularización de actividades a todo nivel que permiten la convivencia de actividades altamente riesgosas para los ecosistemas, la salud y seguridad de las personas”.

“Esperamos que las autoridades fortalezcan las acciones de supervisión y fiscalización pero sobre todo la prevención, estableciendo un marco regulatorio que se anticipe efectivamente a estos sucesos”, agregó la especialista de la SPDA.

En esa misma línea, Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, indicó que este nuevo derrame de hidrocarburos “pone en evidencia, como en el caso Repsol, que tenemos que fortalecer el marco normativo, la fiscalización y la capacidad de respuesta de las autoridades públicas como lo ha venido sosteniendo y propuesto la SPDA hace mucho tiempo”.

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