Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2003 y 2023 se registraron 261 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos a nivel nacional. Del total de casos, el 23% sucedieron en la Amazonía, y estuvieron relacionados con actividades ilegales como la minería y tala ilegales, trata de personas, entre otras, lideradas muchas veces por organizaciones criminales internacionales.

Teresita Antazú, lideresa de la comunidad indígena yanesha, cuenta que en los lugares donde se realizan las actividades mencionadas, quienes sufren mayores amenazas con los apus de las comunidades. “Yo que he sido lideresa durante muchos años me han amenazado, hasta me han dicho que van a matar a mis hijas. (…) Y sí, en algún momento he dicho mejor me cambio de lugar… Y me he cambiado de lugar», señaló en conversación con RPP Data.

De acuerdo a un informe de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), la minería ilegal se ha extendido en nueve regiones amazónicas del país: Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Huánuco, Ucayali, San Martín, Pasco, Cusco y Puno, y hoy impacta directamente a 73 comunidades nativas. En Madre de Dios, por ejemplo, solo el 2024 se ha deforestado 11 500 hectáreas.

Crimen internacional

Las actividades ilegales en la Amazonía han atraído también a bandas internacionales, sobre todo en zonas de frontera. Romer Orrego Ikam, líder indígena de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), por ejemplo, denunció el avance de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, vinculados a minería ilegal y reclamó por la falta de operativos eficientes por parte de las autoridades.

«En el momento de la interdicción que va a realizar el Ejército peruano (…) ya sabe todo el mundo que va a haber interdicción y de pronto [los Choneros] utilizan a los niños como escudo y los llevan a las dragas y a los sectores donde están trabajando”, indicó a RPP.

El líder indígena también resaltó que estas actividades están cambiando la mentalidad de la juventud y niñez awajún y wampis, y por ello “ya nadie habla de la protección del medio ambiente, ya no tienen esa sensibilidad, hablan en contra del Estado, del Gobierno, del abandono”.

Al respecto, Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), advierte que la criminalidad no tiene fronteras, y los más perjudicados son los que defienden sus territorios y el ambiente.

«Si antes compartíamos temas de biodiversidad en las fronteras y teníamos una visión de Amazonía más general para conservar los recursos, ahora ya esto pasó a ser un fenómeno más crítico. Las fronteras se han vuelto focos donde el crimen pasa de un lado a otro y donde aparecen diferentes grupos, sea por donde sea. Tienes el Tren de Aragua, los Choneros… el crimen organizado cruza fronteras y entra al Perú, como entra a Bolivia, a Ecuador. Los riesgos hacia los defensores y defensoras ambientales en el país han aumentado», explicó la especialista.

Asesinatos, amenazas y violencia sexual

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó que, entre 2007 y 2023, 14 mujeres defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el Perú, y entre ellas figura la lideresa shipibo konibo Olivia Arévalo, asesinada en la provincia de Coronel Portillo en Ucayali en el 2018, y Felícita Cherre, defensora ambiental asesinada por traficantes de terrenos en Lambayeque.

A esta grave cifra se suman 261 ataques contra defensoras registrados entre 2003 y 2023, de los cuales el 23 % ocurrió en la Amazonía, con mayor afectación a comunidades indígenas kichwa, shipibo konibo, asháninka y awajún, de acuerdo con el Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Silvana Baldovino puso énfasis en que la minería ilegal atrae otros delitos conexos como la trata de personas y la violencia sexual. «Estamos viendo un número de crímenes tan alto y como esta ilegalidad. En el caso de la minería ilegal, se vincula a la trata de personas, y las personas más vulnerables terminan siendo las mujeres y los niños. Las amenazas y riesgos de una mujer defensora tienen que ver con la familia, con los hijos, violencia sexual, intimidaciones, campañas de difamación o reputación», comentó.

Cabe destacar que, respecto a los delitos de violencia sexual contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, durante el 2024 se procesaron 4602 casos de violencia sexual en el Poder Judicial en los distritos judiciales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y la Selva Central. En lo que va del 2025 ya van 2711 casos, lo que indica que se podría superar la cantidad respeto al año anterior, sostiene Marcela Paliza, representante del Poder Judicial y coordinadora del Programa Nacional para la Implementación de la Ley 30364.

«Hablando solo de violencia sexual, se estima que [este año] probablemente se superen estos más de 4600 casos (…). Hay dos cuestiones importantes: puede ser, por un lado, que, efectivamente, estén aumentando los casos, pero también puede estar relacionado con el aumento de espacios que tienen las mujeres para hacer denuncias», precisó.

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