A través del Decreto Supremo 014-2025-MIDAGRI, el Gobierno declaró de interés nacional y necesidad pública la restauración de la cuenca del río Rímac, desde sus afluentes de origen hasta su desembocadura en el océano Pacífico, la cual comprende su recuperación ecológica, la sostenibilidad de sus funciones, así como la protección de las poblaciones que dependen de este recurso.

La cuenca del Rímac es una de las más importantes del país porque abastece de agua para el consumo humano, agrícola y energético de millones de personas. Además, resalta por su importancia histórica y cultural. Junto con los ríos Lurín y Chillón, forma los principales valles de la capital peruana; sin embargo, desde hace décadas sufre una grave contaminación debido a diversas actividades humanas, como la extracción informal, la expansión urbana descontrolada, la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático.

Por ello, el objetivo del decreto es promover la coordinación y articulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la gestión sostenible de los recursos hídricos, el control de fuentes contaminantes y la recuperación de la infraestructura natural en toda la cuenca del denominado “Río hablador”.

Según el decreto, la Autoridad Nacional del Agua, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, coordinará con las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno y actores involucrados para la definición e implementación de las acciones necesarias que conlleven el cumplimiento de la finalidad de la norma.

El río Rímac nace de la cuenca del Mantaro en el departamento de Junín, a 5100 m s. n. m., y realiza su recorrido a través del departamento, provincias y área metropolitana de Lima, desembocando en la Provincia Constitucional del Callao. Este río tiene dos afluentes, el río Santa Eulalia y el río San Mateo o Alto Rímac, además es alimentado por una serie de quebradas a lo largo de su recorrido de más de 200 kilómetros.

Proyecto de recuperación

Tras la emisión del decreto, la Autoridad Nacional del Agua, a través de su jefe José Musayón Ayala, informó que la recuperación del mencionado caudal implica la ejecución de un plan maestro que contempla dos enfoques: el 70% destinado a mejorar la calidad del agua mediante plantas de tratamiento y control de focos contaminantes, y el 30% restante al embellecimiento del río para convertirlo en un espacio turístico.

“Desde la parte alta hasta la parte baja debemos recuperar su calidad. No olvidemos que este río cruza nuestra capital y merece respeto”, indicó el funcionario a Panamericana Televisión.

El proyecto requerirá una inversión superior a los mil millones de dólares y, según la ANA, será adjudicado entre marzo y abril del próximo año, ya sea mediante una asociación público-privada o un convenio de gobierno a gobierno. Se tiene previsto que las obras comiencen en 2026 y podrían extenderse hasta 2036.

“La ejecución de un plan de tal magnitud es inédita en nuestro país, ya que implica un trabajo articulado con importantes ministerios como Producción, Energía y Minas, Ambiente, Vivienda, Midagri, entre otros, además de 26 municipalidades de toda la capital y 3 gobiernos regionales”, afirmó la ANA.

Esta iniciativa, agregó el organismo, “favorecerá a millones de peruanos de Lima y el Callao gracias al mejoramiento de este afluente. Traerá la revalorización de toda la capital, mediante la protección de su cauce, la construcción de nuevos sistemas de represas y alcantarillado, así como plantas de tratamiento de agua y procesamiento de desechos en puntos clave”.

¿Por qué de “necesidad pública e interés nacional”?

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las normas que incorporan categorías como “necesidad pública e interés nacional” en sus enunciados, deben tener como objetivo el bienestar de la sociedad, además de reconducir a la satisfacción de los derechos fundamentales, lo cual tendrá como fin último la protección de la dignidad de la persona humana, atendiendo a los siguientes parámetros: que su contenido esté vinculado al bien común, que se contribuya a la realización de la dignidad humana, que se fortalezcan los principios democráticos y la convivencia pluralista, que permita evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes constitucionales, así como legales; y, que integre un proceso de toma de decisiones y sea materializado por los entes competentes del Estado.