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La última semana, la Municipalidad de Barranco alertó sobre una resolución judicial que ordena entregar parte de la playa Las Sombrillas a una empresa privada para construir un centro comercial. Según la alcaldesa de dicho distrito, Jéssica Vargas, el proyecto tendría consecuencias sobre el ecosistema y los derechos de uso del espacio público.

Este caso, que inició en el 2005, ha ocasionado protestas de vecinos y comerciantes del lugar, quienes rechazan esta medida porque atentaría contra el acceso a la playa y perjudicaría la economía de decenas de familias.

La alcaldesa barranquina afirma que el proyecto contempla la construcción de un mall de dos niveles con una terraza, lo cual “taparía completamente la visión de la playa y cambiaría el ecosistema”.

Vargas advirtió que, debido a esta resolución judicial, en cualquier momento la empresa podría tomar posesión de la zona costera. Ante esta posibilidad, la Municipalidad ha interpuesto recursos legales para impedir la ejecución de la medida.

¿Qué dice la legislación?

Sobre este tema, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) resaltó que para construir un centro comercial en este espacio no basta solo con una concesión, sino también es obligatorio un estudio de impacto ambiental, según lo establece la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

En sus argumentos, además, la Municipalidad de Barranco señala que el proyecto afectaría el libre acceso a la playa, y esto infringiría el artículo 2 de la Ley 26856, Ley de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Esta norma dispone que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles.

La SPDA también recuerda que la Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, reconoce a las playas como áreas destinadas al uso colectivo para las personas. Asimismo, ordena que antes de aprobar cualquier proyecto que afecte el uso público, las municipalidades deben garantizar la participación ciudadana para el manejo sostenible de estos espacios.

“Proyectos sin una adecuada planificación pueden afectar los ecosistemas, como los humedales o el mar. Lo que impactaría en la dinámica de las especies y en actividades conexas, como la pesca artesanal o el uso del espacio público”, explica la SPDA.

“Es importante proteger el ecosistema marino-costero sobre todo frente a proyectos de infraestructura planificados adecuadamente, garantizando el derecho a un ambiente sano, saludable. También es esencial resguardar el acceso al espacio público y al paisaje marino, así como las actividades vinculadas al mar”, agrega.

Finalmente, la organización indica que se debe exigir “el cumplimiento del marco regulatorio nacional sobre inversiones, acceso a recursos naturales y evaluación ambiental, herramientas que aseguran los derechos y brindan seguridad jurídica”.