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Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 11871/2024- CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR que propone modificar el Decreto Legislativo 1293 para ampliar la vigencia del proceso de formalización minera.

Con esta decisión, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) “tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.

“Durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementa y adopta las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, se detalla en el texto sustitutorio.

Cabe destacar que, además de la ampliación del Reinfo, se proponía reincorporar a 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso de formalización. Finalmente, esa reincorporación no fue aprobada.

Tras esta aprobación, el presidente José Jerí aseguró que el Ejecutivo se encuentra conforme con esta ampliación, que incluye los cambios principales planteados por el Gobierno.

“Hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno, que sea un año, los 50 mil que ya habían sido excluidos, o sea los principales puntos para nosotros; nos ha dejado conforme el dictamen que se ha aprobado el día de ayer”, indicó.

Critican decisión del Congreso

Antes de su debate en el Pleno, diversas voces se opusieron a una nueva ampliación del Reinfo porque la medida beneficiaría sobre todo a la minería ilegal. Gremios empresariales, entre ellos Adex, Confiep, Comex, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, entre otros, señalaron que “esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país”.

Por su parte, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), también rechazó esta ampliación, expresando su “profunda preocupación” ante esta medida que “amenaza el orden constitucional, la institucionalidad y los esfuerzos por frenar la minería ilegal en el país”.

Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que “con esta extensión, una vez más, el país seguirá atrapado en un sistema que no ha impulsado la formalización y que, por el contrario, ha generado incentivos para no cumplir la ley. La excepcionalidad se transformó en un refugio para miles de operadores que mantienen actividades sin estándares mínimos, sin fiscalización y sin responsabilidad por los daños que causan”.

“El deterioro ambiental que está provocando la minería ilegal es alarmante. Las actividades mineras han causado deforestación, contaminación por mercurio y degradación de ríos y suelos. En regiones como Madre de Dios y Loreto, los impactos ya comprometen la salud de las poblaciones locales, la calidad del agua y la integridad de ecosistemas que son esenciales para la vida”, agregó la especialista.