Foto: Diego Pérez / SPDA

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información pública, según nuestra Constitución Política del Perú. ¿Pero qué significa ello? Que cualquier ciudadano o ciudadana puede solicitar a las autoridades datos públicos como resultado de su trabajo en diferentes formatos como medios escritos, fotografías, grabaciones, soportes digitales u otros formatos más. Cabe mencionar que existen excepciones particulares que por ley se exceptúa este derecho (por ejemplo, cuando afecte a la intimidad de la persona o por razones de seguridad nacional).

En ese contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta el Manual sobre el derecho de acceso a la información y gobierno abierto en materia ambiental, una guía práctica que busca informar, orientar y acercar sobre el  ejercicio de este derecho a la ciudadanía y fortalecer la transparencia en la gestión ambiental. La publicación está dirigida a ciudadanía, organizaciones, funcionarios y toda persona interesada en conocer cómo se puede acceder a información ambiental de manera efectiva. 

Temas que aborda la publicación

• Brinda conceptos esenciales para comprender el derecho de acceso a la información:

El manual explica en qué consiste este derecho, qué se entiende por información ambiental y por qué es tan importante para mantener un entorno sano y equilibrado, así como mantener la calidad de vida de las personas. También aborda las condiciones necesarias para ejercer plenamente este derecho, como la disponibilidad, accesibilidad y claridad de la información, así como la estrecha relación entre transparencia y rendición de cuentas, y el ejercicio del derecho de acceso a la participación y justicia en materia ambiental. 

Además, la publicación describe los distintos tipos de información que la ciudadanía puede solicitar: desde instrumentos de gestión ambiental y procesos de fiscalización hasta reportes de calidad ambiental, normas y políticas públicas. Asimismo, se explican las excepciones legales que pueden aplicarse en casos específicos.

• Detalla cuáles son las vías disponibles para ejercer este derecho:

La publicación detalla qué entidades públicas están obligadas a informar, cuáles son las responsabilidades de los funcionarios y qué consecuencias existen en caso de incumplimiento. También ofrece una guía clara sobre las vías disponibles para acceder a la información: desde la presentación de solicitudes formales hasta el uso de portales web institucionales y plataformas como el Sistema de Información Ambiental.

• Desarrolla la estrecha relación del acceso a la información con el gobierno abierto:

El manual no solo se centra en el marco nacional, sino que desarrolla iniciativas internacionales que plantean estándares de calidad en materia de transparencia. Entre ellos destacan la iniciativa de Gobierno Abierto, con sus pilares de participación y rendición de cuentas, y el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional que garantiza los derechos de acceso y la protección de las personas defensoras ambientales.

• Plantea recomendaciones para avanzar hacia su implementación efectiva:

Finalmente, el manual ofrece recomendaciones concretas para mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental. Entre ellas se resalta la necesidad de fortalecer los sistemas digitales, capacitar a funcionarios públicos y promover que la ciudadanía conozca y ejerza este derecho como una herramienta clave para la democracia y la sostenibilidad.