[Lee el informe aquí]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su tercer Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en América. El documento brinda información actualizada sobre avances y desafíos respecto a la garantía de derechos de estas personas, partiendo de los informes regionales de 2011 y 2006.

Según la CIDH, en la actualidad, quienes defienden derechos humanos continúan haciéndolo en un ambiente hostil donde su vida e integridad personal están constantemente en peligro. Asimismo, advirtió sobre la especial situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los liderazgos indígenas y afrodescendientes. El informe también analiza los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras y personas LGBTI debido a la intersección de su género, identidad u orientación sexual y su activismo.

Por otro lado, analiza por primera vez la situación específica de quienes buscan a personas desaparecidas y defensoras en casos de memoria, verdad y justicia, así como de quienes se dedican a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Agresiones y criminalización

El informe de la CIDH resalta la persistente violencia contra los defensores de derechos humanos. Estos riesgos van desde campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes hasta amenazas, ataques a su vida e integridad, asesinatos y desapariciones. Asimismo, señala que pese a la gravedad de estos hechos, persisten altos niveles de impunidad.

“La criminalización sigue siendo una práctica recurrente por parte de actores estatales y no estatales para obstaculizar su labor, que incluso ha causado el exilio forzado de muchas de estas personas, constituyendo una forma de represión que tiene grave impacto en el ejercicio del derecho a defender derechos”, señala la CIDH.

La comisión también indica que, en la actualidad, la defensa de derechos humanos se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido que se refleja en intervenciones y vigilancias ilegales. Además, agrega que –por ejemplo en Perú, con la modificación de la Ley APCI– se han aprobado marcos legislativos o administrativos que impondrían a las organizaciones de la sociedad civil registros más estrictos, limitarían sus ámbitos de acción y fiscalizarían de forma desproporcionada su financiamiento, lo que consecuencia podría impactar en el derecho de asociación.

Retos pendientes

La CIDH manifiesta que, si bien en algunos Estados existen avances respecto a la protección de los defensores de derechos humanos, aún persisten algunos desafíos como las debilidades en el funcionamiento adecuado de los mecanismos nacionales de protección de personas defensoras; el otorgamiento de medidas de protección que no responderían a los riesgos; y la falta de avances en las investigaciones de los delitos cometidos contra personas defensoras que se traduce en elevados índices de impunidad.

En el informe, la CIDH presenta una serie de recomendaciones a los Estados, como por ejemplo: la elaboración de políticas públicas integrales para proteger y garantizar los derechos de quienes defienden derechos; otorgar medidas de protección adecuadas y efectivas con enfoque diferenciado e interseccional para quienes están en situación de riesgo; avanzar en las investigaciones sobre los delitos contra estas personas y sancionar a todas los responsables; así como prevenir la criminalización y revisar, ajustar o derogar las figuras penales o marcos legislativos que sean contrarios al principio de legalidad, que sean usados frecuentemente para este fin.

“Resulta fundamental que los Estados adopten y/o refuercen las medidas necesarias para garantizar que quienes se dedican a la defensa de derechos humanos puedan hacerlo en un ambiente libre de cualquier tipo de amenaza o intimidación. El reconocimiento a la importancia del rol que las personas defensoras cumplen dentro de toda sociedad democrática depende en última de la voluntad decidida y compromiso de los Estados en todos los niveles y poderes”, indica la CIDH.

El caso peruano

La CIDH resalta que, en el Perú, las personas defensoras de derechos humanos viven en constante riesgo. En ese sentido, cita el informe de Global Witness, el cual indica que, entre el 2023 y el 2012, al menos 58 personas defensoras del medio ambiente, la tierra o el territorio han sido asesinadas. Las actividades extractivas serían una de las principales fuentes de conflictos sociales y ambientales.

Asimismo, agrega que las personas defensoras ambientales que han denunciado los efectos contaminantes de actividades mineras han sido objeto de hostigamientos y represalias orientados a desalentar las denuncias y cuestionamientos sobre las actividades realizadas por las empresas.

Por otro lado, indica que el ex relator de Naciones Unidas, Michel Forst, afirmó que un gran número de personas defensoras en el país, en particular de derechos ambientales, derechos sobre la tierra y derechos de los pueblos indígenas, no pueden operar en un entorno seguro y propicio.

La CIDH también se refirió al incremento de las actividades ilegales en el territorio peruano, como la minería ilegal y narcotráfico, lo cual está causando la muerte de líderes de las comunidades. Al respecto, señala que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que, entre el 2013 y julio de 2024, 35 personas defensoras indígenas fueron asesinadas, y estas muertes están asociadas a las actividades como “tala y minería ilegal, el narcotráfico, las empresas extractivas, la construcción de pistas de aterrizaje y caminos, así como a las concesiones forestales y mineras otorgadas por el Estado, entre otras causas”.

“A criterio de la Comisión, el impacto que tiene el asesinato de un líder indígena debe analizarse tanto desde el punto de vista individual como colectivo. La Corte Interamericana ha señalado que la pérdida de un líder puede significar la desmembración y daño a la integridad de la colectividad; frustración ante la enorme confianza depositada en él para ayudarlos a realizar sus objetivos; y sentimientos de pérdida ante los esfuerzos colectivos realizados para que, apoyados por su comunidad, puedan actuar en desarrollo de su misión como persona especial en el colectivo”, se lee en el informe.

Subraya además que, en el Perú, los defensores de derechos humanos son criminalizados constantemente, llamándolos “opositores al desarrollo”, “grupos radicales anti-minería” o “terruqueándolos”.

Finalmente, la CIDH también se refirió a la modificación de la Ley APCI, una norma que prohíbe usar fondos de la cooperación internacional para demandar al Estado ante cortes internacionales, como sucedió por ejemplo con el caso La Oroya, donde un grupo de personas demandó al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por permitir al Complejo Metalúrgico La Oroya contaminar la referida ciudad andina y afectar a su población por muchos años.

Datos:

• La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
• La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.