La tercera sesión de la audiencia de apelación del caso de los cuatro líderes indígenas asesinados de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, que iba a realizarse el martes 6 de mayo, fue suspendida debido a la ausencia de un intérprete en lengua ashéninka. Dicho profesional es clave porque permite asegurar la adecuada participación de las viudas y familiares de las víctimas en el proceso judicial.

Ante el hecho, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali solicitó al Ministerio de Cultura (Mincul) la participación de un nuevo intérprete en la audiencia. Sin embargo, dicha entidad comunicó que el pedido demorará hasta 20 días en ser tramitado, lo que podría afectar la continuación de las sesiones de las audiencias que buscan confirmar la sentencia de 28 años para los presuntos responsables del asesinato de Jorge Ríos, Edwin Chota, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, en setiembre de 2014.

A pesar de tratarse de un caso emblemático que ha expuesto durante más de una década la desprotección de los defensores indígenas en el Perú, la renuncia repentina del intérprete y la falta de celeridad del Mincul llamó la atención de los familiares de las víctimas y de las organizaciones ligadas a pueblos indígenas, quienes señalaron que contar con intérpretes en lenguas originarias es una exigencia fundamental para garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural porque es un derecho reconocido en tratados internacionales y en la legislación nacional.

Ante esta situación, los magistrados de la Sala reprogramaron esta sesión de la audiencia de apelación para el próximo 15 de mayo a las 2:30 de la tarde.

Cabe recordar que, en esta tercera audiencia de apelación, los magistrados iban a atender los cuestionamientos del acusado Estrada Huayta sobre las declaraciones del testigo protegido, con el fin de negar su participación mediata en el crimen.

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Reclaman vulneración de derechos

Sobre este caso, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y las organizaciones que acompañan el caso, denunciaron este hecho como una grave vulneración de derechos, que afecta directamente a las familias que llevan más de diez años esperando justicia.

“Es inaceptable que, después de tantos años de proceso, se sigan cometiendo estas negligencias. La participación de las familias en su lengua materna es un derecho reconocido. Seguiremos exigiendo que los derechos sean respetados”, señaló Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, debido a que este nuevo retraso se suma a una larga historia de obstáculos que ha enfrentado el caso Saweto.

Por su parte, Jamer López, presidente de ORAU, manifestó que desde las organizaciones indígenas se mantendrán firmes y vigilantes al desarrollo de la audiencia para que se respeten los derechos de las agraviadas.

Finalmente, Aidesep exigió al Poder Judicial garantizar las condiciones mínimas del debido proceso, incluyendo la presencia de intérpretes indígenas acreditados, sin seguir revictimizando a las familias.

Dato:

• En esta etapa de apelación, se revisa la sentencia que condenó a 28 años de prisión a dos de los responsables del crimen, pero absolvió a otros implicados y no resolvió del todo la demanda de justicia de la comunidad.